Represión, disidencia y reformas

Durante décadas el régimen de La Habana ha utilizado la represión como otra forma más de distraer la atención sobre los graves problemas económicos que afectan al país. Uno de los retos fundamentales para La Habana, tanto en las conversaciones con Washington como con la Unión Europea, es limitar ese uso. No se sabe aún sin la Plaza de la Revolución cuenta con la capacidad necesaria para aceptar el cambio. Mucho está en juego, tanto para quienes en Cuba se aferran a los ajados mecanismos —pero aún eficientes— de conservar el poder, como para quienes desde el exilio en Miami —y en su extensión en Washington— defienden el enfoque tradicional anticastrista.

 No es simplemente una definición elemental del poder, sino algo más profundo: la capacidad de sobrevivir más allá de los esquema elementales. Apostar por Raúl Castro en este sentido resulta riesgoso: depositar las esperanzas en una oposición limitada u divida es confundir una esperanza en buena parte fabricada desde el exterior con la realidad del país.

Lo concreto, lo verdadero, es la disyuntiva entre el caos, y un posible estallido social, por una parte, y una transformación lenta y edificada sobre avances y retrocesos, por la otra. En ambos casos no es una vía ideal y mucho menos meritoria desde el punto de vista ético, pero también es un camino forzado por las circunstancias. Quienes se oponen a transitarlo cuentan con un argumento válido: no es una solución al problema y quizá en última instancia se limite a prolongar una agonía. Los que lo apoyan también cuenta con razones valederas: en la actualidad no hay otra alternativa.

Dejar fuera de este enfoque dos reclamos fundamentales no implica ironía vulgar sino el intento de un análisis lo más objetivo posible. Uno es que la función elemental del mecanismo represivo, por parte del régimen, es impedir la pérdida de la menor parcela de poder. El ideal democrático no deja de ser un reclamo justo y moral, pero al mismo tiempo sin posibilidades reales de alcanzarse. La presión económica sobre el régimen no ha dado resultado. Es cierto que los motivos son diversos, pero en muchos casos las justificaciones son disparatadas. Afirmar que el gobierno cubano necesite del comercio con Estados Unidos para financiar su aparato represivo es tanto una visión de ciegos como un dialogar de sordos. Confundir la nulidad comprobada de un embargo con la puesta en vigor de un esquema de sanciones y recompensas es despreciar una alternativa no comprobada y llena de riesgo en favor del amparo emocional que brinda el quedarse tranquilo y no hacer nada nuevo. Apoyar dicho razonamiento en el historial de un sistema —como único indicador a tomar en cuenta— es desconocer la capacidad táctica del contrario.

El otro reclamo valedero, que se coloca a un lado, tiene también que ver con el carácter emocional que implica un largo proceso. Es aceptar no una claudicación, pero sí un ceder ante un enemigo que convirtió el argumento de no sometimiento en un pretexto para la intransigencia y método reaccionario. Cuenta como paliativo la necesidad a que obliga el paso del tiempo: la mayor desventaja de quienes se oponen a los acuerdos entre Washington y La Habana —hablar de pacto es un insulto— es que marchan contra la corriente. Las generaciones jóvenes, tanto en Cuba, el exilio como en Estados Unidos, no responden a los esquemas tradicionales, entre otras razones por una fundamental: su presente marca otra época. Podrán estar equivocados, pero es su tiempo y momento.

Más sensato que una oposición a ultranza es adoptar la actitud de buscar provecho ante el nuevo escenario y elaborar métodos que faciliten y presionen en favor de que los cambios económicos reviertan en espacios democráticos. No es una vía fácil y carece de una satisfacción inmediata, pero desechar esa alternativa es contribuir al estancamiento actual y el caos en un futuro inmediato. Hay que reconocer que una parte de la oposición cubana se muestra dispuesta a transitar esa vía, sin detenerse a busca aplausos desde Miami, la condescendencia oportuna y la docilidad premiada. No temen con ello a los intentos de marginalidad, para los cuales hay expertos bien provistos a ambos lados del estrecho de la Florida.

Si algo tiene que ganar la oposición —el concepto desborda al socorrido expediente de la prensa de llamarla referirse a ella como  ‘‘disidencia’’— con el nuevo enfoque promulgado por el presidente Barack Obama, es conquistar una capacidad de acción que supere una legitimidad otorgada solo a partir de su existencia. Si sobrevivir ha sido su mayor conquista, ahora necesita todo el apoyo internacional para dar un paso más allá. Evitar que reuniones, visitas y encuentros no se limiten a un juego de apariencias —en última instancia hipócrita— es labor de sus miembros, del exilio y de los diferentes gobiernos involucrados en la actual situación. También —y por qué no reconocerlo— tanto del gobierno de La Habana como de los factores externos e internos que desdeñan catalogarse como oposición en favor de una alternativa paulatina y no exenta de comodidad, pero que en la práctica se limitan al acatamiento y la validación de los pequeños cambios, pero desdeñan esa falta de reverencia indispensable para el avance.

Ampliar la labor

En julio de 2005, Martha Beatriz Roque lanzó un llamado para que la disidencia iniciara una campaña más activa de participación ciudadana, no solo con reuniones en los hogares y llamadas a las estaciones de radio de Miami, sino de manera pública. Fue un reto importante y valiente. Pero casi diez años más tarde no se ha materializado. No se trata del expediente simple de negarle méritos a la oposición. Las Damas de Blanco mantienen una presencia constante en sus denuncias. La Organización Patriótica de Cuba (UNPACU) —quizá en la actualidad uno de los grupos con mayor impacto en el país— ha llevado a cabo un gran número de actividades. La imputación y el rechazo al régimen se han multiplicado. Pero no hay que ocultar que ninguna organización, dentro del amplio espectro de la oposición pacífica, puede mostrar un expediente donde se apunte un acto de participación amplia de la población. Se debe enfatizar que la naturaleza represiva del sistema es la causa principal para que ello no ocurra, así como la imposibilidad de crear una verdadera sociedad civil en ese entorno, pero ello no impide el señalar la ausencia de un movimiento de protestas organizadas que trascienda a la valentía de unos pocos. Hoy esas organizaciones subsisten afrontando dificultades y en medio de un hostigamiento constante. La búsqueda de alternativas, no que las sustituyan sino que las amplíen, es más imperiosa que nunca. La declaración de Roque de entonces: “El camino es la calle y vamos a utilizar la calle en toda la nación”, no ha logrado sobrepasar la audacia verbal del momento.

Tras los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder, en contadas ocasiones las tensiones políticas en Cuba llegaron a la confrontación callejera. La calle marca la frontera de lo permisible por el régimen. Para Fidel Castro primero y luego para Raúl, uno de los principios claves de su táctica política nacional es no dejar que se pierda la calle. Para neutralizar o acabar con sus enemigos, ambos hermanos nunca han dudado en ejercer la represión, pero también ha desarrollado hábilmente la práctica de dejar abierta una puerta de escape a los opositores —siempre que existiera esa posibilidad— y de anticiparse a las situaciones límites: evitar manifestaciones de fuerza masivas y públicas. No recurrir, si las circunstancias lo permiten, a desplegar el poder policial descarnado. De esta forma, han logrado combinar un rigor extremo con un historial que tras los primeros años mencionados se ha visto casi libre de escenas sangrientas a la luz pública.

Este uso de la represión como profilaxis se ha intensificado con la llegada de Raúl. La conclusión es que ahora en Cuba se mantiene una tendencia a la disminución de los presos políticos, al tiempo que se reprime cualquier manifestación de disidencia desde el inicio. Detenciones por varias horas o pocos días, hostigamientos y actos de repudio al menor intento de protesta. Para dificultarle aún más la labor a los opositores pacíficos, La Habana ha puesto en marcha un estricto código de prensa, que obliga a los corresponsales extranjeros a ser sumamente cuidadosos a la hora de reportar, o de lo contrario se arriesgan a ser expulsados.

El factor represivo explica en buena medida las limitaciones que siempre han enfrentado los opositores pacíficos para realizar su labor. Pero no es el único. Para la mayoría de los cubanos, la disidencia es una alternativa política pero no económica. Esta última no radica en la denuncia opositora sino en el mercado negro. Aunar estos aspectos ha resultado imposible para la oposición.

El ampliar los reclamos y ofrecer otras alternativas, en que el apoyo social y hasta económico —no en la forma elemental del dinero sino en la esfera de ciertos servicios— forme parte de una agenda opositora, es un camino apenas transitado, por las razones menciones. UNPACU ha logrado cierto avance en este sentido, así como las Damas de Blanco. Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas ha declarado esta necesidad, pero hasta el momento sin resultados a la vista.

En el terreno social y económico, donde se define en gran parte la batalla por la calle, la disidencia ha tenido un efecto casi nulo. En los momentos de mayor crisis económica del país, durante el llamado período especial, la Iglesia Católica dio importantes pasos de avance para cumplir una función de alivio. Pero una vez que el Estado logró una mínima recuperación económica, intensificó el esfuerzo para recuperar el terreno perdido.

Además de enfrentar una fuerte represión, toda organización disidente que intente hacer llegar su mensaje a la población tiene que otorgarle preferencia a los temas vinculados a la subsistencia diaria. Aunque los grupos más importantes de la disidencia interna contemplan una amplia plataforma, las cuestiones políticas han predominado en su discurso. Por lo general, se perciben como opositores más preocupados por la libertad de expresión que por un programa de justicia social.

Más allá de sus diferencias ideológicas —y de la imposibilidad que enfrentan todos los grupos disidentes para hacer conocer sus puntos de vista entre la población de la Isla—, éstos se perciben dedicados a la defensa de los derechos humanos (en un sentido universal) y no de los derechos e inquietudes de los ciudadanos (trabajo, vivienda, salud pública).

Nuevas alternativas

Por años el gobierno cubano ha logrado delimitar la lucha por los derechos ciudadanos y la democracia al marco de una confrontación tradicional. Una y otra vez La Habana brindó el necesario aliento al sector más conservador de Miami, para que pudiera seguir justificando una supuesta labor anticastrista. Se desconoce aún si impondrá la persistencia en este rumbo. Pero el nuevo enfoque en los vínculos entre Washington y La Habana, ofrecido por el presidente Obama y al cual el gobierno de Raúl Castro no ha brindado aún una respuesta inmediata, abre la posibilidad otras alternativas.

Si el gobierno cubano permite la ampliación del trabajo por cuenta propia, la creación de pequeñas empresas privadas y el fortalecimiento de los emprendedores no estará dando pasos concretos en favor de la democracia en Cuba. Lo que se logrará por esta vía es el desarrollo de un ciudadano más consciente de sus capacidades y limitaciones, con independencia del Estado. Y esto no es poco.

Si de alguna manera se logra que el gobierno de La Habana se vea obligado a cierta contención represiva, y las páginas con la información sobre Cuba de la prensa mundial no se vean limitadas a noticias de actos repudiables, sino contemplen también el  análisis de la situación económica del país, como la falta de un crecimiento real, el grave problema monetario, la ausencia aún de las necesarias inversiones extranjeras y la incapacidad para mejorar la producción agrícola —como en parte ha venido ocurriendo en las últimas semanas— sería un paso de avance.

Entonces junto a “la batalla por la calle”, siempre necesaria y pendiente, y la denuncia a los actos represivos entrarían a jugar otros factores sociales y económicos, no como “tabla de salvación al régimen“ ni como “oxígeno que necesita”, sino como vía de transformación. Que las aparentes “concesiones” del régimen no se limiten a la puesta en libertad de un grupo de prisioneros políticos debe ser parte de los reclamos de los gobiernos estadounidense y europeos. Si de momento no es posible “ganar la calle”, al menos que se logre obtener mayores fuentes de ingreso para los cubanos, sin la necesidad de un Estado paternalista y despótico. No es el camino pronto a la democracia, pero sí es una forma de lograr la independencia laboral del ciudadano.