Ya es hora de poner fin al error y que
Estados Unidos saque a Cuba de la lista de los países que apoyan o amparan el
terrorismo. Poco cuentan en este caso las bravatas del régimen de La Habana. Se
trata de enmendar una decisión que a estas alturas resulta obsoleta.
En este caso carece de fundamento hacer
historia o recordar hechos de otros tiempos, porque no es un listado de desmanes
pasados sino de amenazas presentes. Tampoco viene al caso sacar a relucir el
incidente del buque norcoreano Chong Chong Gang.
¿Para qué La Habana envió materiales
bélicos a Pyongyang, cuando Norcorea está considerado, a nivel internacional,
como un régimen que amenaza la paz mundial y uno de los peores sistemas de
gobierno del planeta?
Si la Plaza de la Revolución consideró la
necesidad de actualizar sus armas, para ello recurrió al peor país del mundo y de la forma menos
adecuada. Como se diría en la escena del crimen: con premeditación, alevosía y
ocultamiento.
Sin embargo, no hay que olvidar un
detalle clave. Corea del Norte, añadida a la famosa lista en 1988 por vender
armas y dar asilo a grupos terroristas, responsable también por el atentado de
Rangún y del Vuelo 858 de Korean Air, fue retirada en el 2008. Entonces era
presidente de este país George W. Bush.
Bush tomó personalmente esta decisión
—como corresponde en la actualidad a Barack Obama— al recibir garantías de
verificación del proceso de desnuclearización norcoreano. Así que el argumento
del Chong Chong Gang queda fuera de discusión, gracias a Bush.
No es un caso único. El 15 de mayo de 2006
Estados Unidos anunció que Libia sería retirada de la lista —después de un periodo
de espera de 45 días, igual que ahora—ya que la entonces Secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, afirmó la renuncia de ese país al terrorismo como política de
estado. El mandatario libio en aquella época, y durante los años siguientes
años, era Muammar Gadafi. De la memoria
histórica como ejercicio a practicar por republicanos olvidadizos.
La cuestión es que la lista es un
instrumento —torpe, confuso y limitado— para ser utilizado contra lo que se
considera terrorismo en un momento dado, Y ahora ese concepto se aplica fundamentalmente
a la organización Al Qaida y al Estado
Islámico (ISIS). El utilizar dicho listado con fines partidistas o para
expresar un saludable rechazo al gobierno de La Habana queda fuera de los fines
del documento. Si ello ha ocurrido durante años, no es razón suficiente para
justificar el mantenimiento del error.
Cuba fue añadida a la lista en 1982, debido
a su apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a que
miembros de Patria Vasca y Libertad (ETA) vivían en la isla. Era entonces
presidente Ronald Reagan y Centroamérica atravesaba por una convulsa situación
de guerra, guerrillas, grupos paramilitares y violencia generalizada con la
participación cubana. Nada de ello existe en estos momentos en Centroamérica.
Las FARC negocian la paz con el gobierno colombiano precisamente en La Habana y
el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se
puso fin a la violencia de ETA, acaba de afirmar que para ese objetivo “tuvimos
la colaboración de las autoridades cubanas y quiero subrayarlo”.
El argumento de los fugitivos
estadounidenses acogidos en Cuba —el más socorrido por quienes se oponen a la
exclusión— mantiene su validez en lo referente a un reclamo de justicia y a la
necesidad de solucionar un largo diferendo, pero no es razón de peso para
constituir un obstáculo mayor, salvo por quienes se aferran a él por motivos
políticos.
La razón es simple. Si se deja fuera a
los posibles estafadores, que al parecer han encontrado refugio en la isla (la lista
no incluye a naciones donde disfrutan del sol quienes debieran estar a la
sombra por delitos comunes), lo que queda es un reducido grupo de ancianos,
cuyas acciones condenables o condenadas ocurrieron decenas de años atrás. Ello
no los convierte en inocentes pero tampoco los sitúa como una amenaza presente.
A partir de la falta de un tratado de extradición,
y de la existencia de reclamos mutuos, la solución en estos casos transitaría
mejor dentro de un marco de colaboración y no con una fórmula obstinada, que
hasta el momento no ha logrado nada.
No han faltado reportajes y artículos
bajo falsas premisas, espacios de televisión dedicados a comentar la existencia
de un programa de armas biológicas ofensivas desarrollado por La Habana. Pero
estos cuentos siempre han chocado con la misma piedra: la carencia de pruebas
objetivas divulgadas que disipen las dudas. La evaluación de los expertos nunca
ha sido concluyente. Los testimonios de quienes supuestamente han conocido
estos planes y luego roto con el régimen no han podido ser verificados de forma
independiente.
Decir que en la actualidad Cuba no
realiza ni promueve actos terroristas no implica complacencia con el régimen.
Se limita a señalar un hecho.
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