miércoles, 18 de marzo de 2015

Libertad, estabilidad y disidencia


El elemento primordial, tanto en las guerras de independencia como en los movimientos de derechos civiles, es la búsqueda de la libertad por encima de cualquier actuación fundamentada en el mantenimiento de la estabilidad. Además de un concepto, estamos ante un plan de acción.
El concepto es que la libertad actúa como un valor fundamental de motivación en cualquier pueblo —con independencia de credo, cultura, historia y origen— mientras que el plan de acción se fundamenta en la estrategia para lograr que ese valor y esa motivación se encaminen al éxito.
De las declaraciones de los organizadores —que pueden ser más o menos fervorosas pero no siempre efectivas— al logro de la movilización ciudadana transita la posibilidad de triunfo de cualquier movimiento a favor de la libertad.
Una buena formulación del principio de valorar la libertad por encima de la estabilidad aparece en The Case For Democracy, de Natan Sharansky y Ron Dermer.
Sharansky, un disidente judíosoviético, dedica las trescientas páginas de su libro a explicar como en una época sólo los disidentes de la desaparecida Unión Soviética y los países de Europa del Este; unos pocos líderes mundiales —Margaret Thatcher y Ronald Reagan— y algunos legisladores —los senadores Henry “Scoop” Jackson (demócrata) y Charles Vanik (republicano)— fueron capaces de poner por delante de otros intereses el ideal libertario.
Para Sharansky, la lucha por la paz y la seguridad debe estar vinculada con promover la democracia. De lo contrario, solo se consigue posponer el problema.
Expresa que así ocurrió durante la guerra fría, con la política de la Détente, hasta la llegada de Thatcher y Reagan al poder en sus países respectivos, y de igual manera viene sucediendo en el Medio Oriente. La confrontación, no necesariamente bélica pero sin dar respiro al enemigo, sería la única solución.
Sharansky es un activista más que un político (aunque ha ocupado cargos en el parlamento y el gobierno israelí). Ello no le resta valor a sus argumentos, pero obliga a situarlos en el terreno ideológico y no de la política práctica. En su obra, quien fuera un conocido disidente defiende tan ardorosamente sus argumentos, que en muchos casos pasa por alto aspectos que contradicen o complementan sus explicaciones.
Vistos los hechos con una perspectiva más amplia, la Détente contribuyó a la caída de la Unión Soviética, mucho más de lo que Sharansky está dispuesto a reconocer, y el afán de consumo jugó un papel tan importante como las ansias de libertad —quizá mayor— en la forma rápida en que los ciudadanos soviéticos y de Europa Oriental volvieron la espalda al sistema socialista en la primera oportunidad que pudieron. La falta de libertad les impidió hacerlo antes, pero la escasez de productos de Occidente les hizo correr de prisa al abrazo del capitalismo.
El no ceder una pulgada, el no admitir la necesidad de reconsiderar una política de represión feroz, que no admite la menor disidencia, no es algo nuevo en Cuba. Ello no exime a esa actitud de ser una muestra de debilidad del sistema.
En gran medida, esa debilidad es consecuencia de los tres pilares en que se fundamenta el gobierno cubano: represión, escasez y corrupción.
El exigir una posición incondicional es abrir la puerta a oportunistas de todo tipo, quienes a su vez se desarrollan gracias a la escasez generalizada.

Por décadas el gobierno cubano ha caminado en la cuerda floja, con la población controlada entre el uso de una represión casi siempre profiláctica y la ilusión del viaje a Miami, pero siempre bajo el peligro de un estallido social.
Si La Habana admitiera un mínimo de cordura, y diera muestras de superar el encasillamiento que ha mantenido por décadas, el peligro de este estallido social disminuiría. Pero por el contrario, lo único que hace es alimentarlo a diario.
Detrás de este control extremo, que no permite manifestación alguna de los derechos humanos, hay un fin mezquino. El mantenimiento de una serie de privilegios y prebendas. La represión política actúa como un enmascaramiento de una represión social que ha penetrado toda la sociedad. En última instancia, el régimen sabe que el peligro mayor no es la posibilidad de que la población se lance a la calle pidiendo libertades políticas, sino expresando sus frustraciones sociales y económicas.
De producirse un estallido social en Cuba, el régimen lo reprimirá con firmeza. No hacerlo sería la negación de su esencia y su fin a corto plazo. Imposible no usar la violencia. La habilidad del gobierno castrista radica en evitar las situaciones de este tipo.
Nunca como ahora el ideal de libertad y democracia para Cuba había estado tan aislado. Los gobiernos latinoamericanos miran para otra parte, la Unión Europea busca esperanzas donde no las hay y Estados Unidos ha iniciado una negociación incierta, larga y llena de obstáculos, que quizá se interrumpa, se dilate indefinidamente o no llegue a parte alguna.
El fin del embargo hacia el régimen de La Habana no traerá la democratización a Cuba, como tampoco la Coca-Cola o la apertura de los mercados, por sí solos, significan el inicio de una era de respeto a los derechos y la libertad.
Lo que está en discusión en el caso cubano es la búsqueda de alternativas frente al sostenimiento indefinido de un embargo comercial —que por décadas ha demostrado su ineficacia en lograr un cambio de régimen, que es lo que postula la Ley Helms-Burton— hasta que no se produzca una completa transformación democrática.
En el caso cubano, EEUU no hace nada para sabotear la economía de la Isla —de ello se encarga el propio gobierno de Raúl Castro—, sino todo lo contrario: intenta dar mayores posibilidades al incipiente, rudimentario y extremadamente limitado sector laboral por cuenta propia o privado, que lucha por desarrollarse sin tantas ataduras por parte del gobierno. Que lo logre es otro asunto, pero no por ello carece de merito el intento.

Los cubanos, mientras tanto, siguen a la espera. Y en todas partes, mantener la estabilidad de momento se impone sobre cualquier ideal de libertad.

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