Es una medida largamente anuncia en los
últimos meses. La salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del
terrorismo, elaborada por Estados Unidos, tiene al mismo tiempo un carácter simbólico,
consecuencias prácticas y supone un paso clave en lo que se espera sea un largo
proceso para la normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Cuán importante es la medida y cuáles son
sus resultados inmediatos es la pregunta que vale la pena formularse una vez
más, ya que el proceso ha estado rodeado de un gran número de declaraciones y
opiniones, que por lo general cumplen el objetivo de identificar y dejar en
claro posiciones políticas, pero que al mismo tiempo entorpecen un análisis
objetivo de las implicaciones del hecho. CUBAENCUENTRO intenta a continuación
trazar la línea divisoria entre la realidad y las ilusiones, deseos y frustraciones
que este paso, de indudable trascendencia histórica, acarrea, a tiempo que
invita a reflexionar al respecto.
¿Es
el fin de las diferencias políticas e ideológicas entre Washington y La Habana?
Ni remotamente. Aunque en la Isla el
régimen ha saludado el anuncio, y desde el punto de vista simbólico logra
anotarse un tanto a su favor, mucho continúa igual que ayer: el embargo no
cambia, las diferencias políticas e ideológicas persisten y de inmediato el
cubano de a pie no va encontrar ventaja alguna. Quizá sí a corto plazo en el
caso de que tenga un pariente que busca visitarlo, pero incluso en esa
situación, el resultado será la estabilización de un procedimiento que de forma
temporal se continuaba realizando. La consecuencia primera y más inmediata
probablemente sea que finalmente el consulado cubano en Estados Unidos logre
encontrar un banco que se haga cargo de sus operaciones. Pero no cambian las
regulaciones que rigen el embargo ni las restricciones comerciales existente.
Si se acude a la socorrida comparación con una cebolla, digamos que se ha
eliminado una capa, pero no se ha llegado al centro. La Oficina de Control de
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) del Departamento del
Tesoro continuará vigilando estrechamente cualquier operación que tenga que ver
con Cuba y estableciendo sanciones.
“Las sanciones económicas bajo las normas
de control de activos cubanos (de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento del Tesoro) permanecerán vigentes y la mayoría de las
transacciones con Cuba y con ciudadanos cubanos y con el gobierno cubano
seguirán estando prohibidas sin una autorización del Tesoro”, dijo un funcionario
estadounidense a la agencia Reuters.
La persistencia de las diferencias
políticas ha quedado clara, por parte de la Casa Blanca.
“Seguiremos teniendo diferencias con el
Gobierno cubano, pero nuestras inquietudes respecto a un amplio espectro de
políticas y acciones cubanas no forman parte de los criterios relevantes para
mantener a Cuba en la lista” negra, dijo el portavoz del presidente Barack
Obama, Josh Earnest, en un comunicado.
“Las circunstancias han cambiado desde
1982, cuando Cuba fue incluida por sus esfuerzos por promover una revolución
armada por fuerzas en América Latina”, recordó por su parte el secretario de
Estado, John Kerry. “Nuestro hemisferio, y el mundo, es muy diferente de como
era hace 33 años”, agregó en una declaración.
El siguiente paso en el proceso de
normalización debería ser la reapertura de sendas embajadas, tanto en
Washington como en La Habana, otro de los procesos que parecen resistirse, sin
que ninguna de las partes explique el porqué de la tardanza. Ambos gobiernos
han advertido además de que la salida de Cuba de la lista negra y la reapertura
de las embajadas son la parte relativamente más fácil de un proceso de
normalización de relaciones que será largo y difícil.
¿Cuándo
entró Cuba en la lista?
La lista de países que patrocinan el
terrorismo se creó 29 de diciembre de 1979 e incluyó entonces a Libia, Irak,
Yemen del Sur y Siria. Contrariamente a lo que podrían creer algunos en Miami,
no fue idea de un mandatario republicano, sino de un demócrata.
El gobierno de Estados Unidos instauró en
1979, bajo la presidencia de Jimmy Carter, una especie de examen para
determinar qué países prestaban algún tipo de “apoyo al terrorismo”.
El 1 de enero de 1982, bajo el mandato
del republicano Ronald Reagan, Cuba entró en esta lista, de la que actualmente
también forman parte Irán, Siria y Sudán. Los motivos expuestos para esa
decisión fue lo que Washington consideraba un apoyo probado a grupos armados
marxistas en América Latina, así como a elementos de ETA y de las FARC a los
que proporcionaba refugio en su territorio. Desde el comienzo, La Habana
condenó como “injustificable” su presencia en un informe que implica la
imposición de sanciones económicas y políticas a los señalados.
El argumento utilizado año tras año por
el Departamento de Estado fue que Cuba se había convertido en un refugio de
terroristas internacionales; entre ellos miembros de ETA. Para EEUU, la
principal prófuga terrorista estadounidense que ha encontrado refugio en la
Isla es Joanne Chesimard, buscada por el asesinato de un policía en Nueva
Jersey en 1973.
En su última revisión, el Departamento de
Estado ya había reconocido que no había indicios que apuntasen a una
colaboración activa del gobierno de Raúl Castro con grupos terroristas.
Las
sanciones y restricciones por estar en la lista
La lista de países, tal como ocurre con
la de organizaciones terroristas, acarrea para sus integrantes una serie de
restricciones. Las cuatro principales categorías de sanciones incluyen límites
a la ayuda de EEUU, un veto para la exportación de armas, controles para el
envío de artículos de “uso doble”, con aplicaciones civiles y militares, algo
que tiene que ver fundamentalmente con alta tecnología y comunicaciones, y
restricciones financieras.
Como ya se ha señalado, uno de los
primeros efectos prácticos de la salida de Cuba de la lista podría ser el
establecimiento de cuentas bancarias en Estados Unidos por parte del gobierno
de Cuba. La Sección de Intereses de Cuba denuncia desde el año pasado que
ningún banco quiere prestarle servicio por miedo a posibles castigos. A un
plazo más largo, la salida de la lista es una condición necesaria, pero no
suficiente, en el camino hacia la obtención de prestamos y ayudas de
instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, ya que la medida terminaría con la prohibición de recibir ayuda
económica de EEUU y la oposición automática de Washington a que las
instituciones financieras internacionales realicen préstamos a La Habana.
Carácter
político de la lista
Uno de los aspectos fundamentales por la
cual la lista ha sido criticada una y otra vez, y no solo en el caso de Cuba,
es por su marcado carácter político.
Estados Unidos creó la lista en plena
guerra fría y en un contexto internacional donde sólo se identificaban como
enemigos a países y no a grupos que en la actualidad trascienden las fronteras
y tienen un carácter internacional . Más de tres décadas después, la
elaboración de la lista continúa
manteniendo esa característica.
Es debido a es interés político el que,
según The Washington Post, la Casa
Blanca ha mantenido fuera de la lista históricamente a países como Pakistán y
Arabia Saudí, a pesar de que en sus respectivos territorios han surgido
organizaciones terroristas de alcance transnacional.
Es hasta cierto punto lógico que, tras
afirmar el Departamento de Estado de que en la actualidad Cuba no cae entre los
parámetros que en la actualidad definen el terrorismo y su apoyo, y a partir de
un cambio en la política hacia el régimen, se tomara la decisión de excluir al
gobierno cubano del listado.
¿Qué
países han logrado salir antes que Cuba?
Durante el mandato del republicano George
W. Bush varios países lograron salir de la lista, por razones diversas.
Irak salió de la lista en 2003 tras la
invasión de Estados Unidos, Libia en 2006 tras el compromiso del régimen de
Muamar Gadafi de aumentar la cooperación contra el terrorismo y abandonar su
programa de armas de destrucción masiva y Corea del Norte en 2008 por sus
compromisos de aperturismo en materia nuclear.
¿Pueden
los republicanos bloquear la salida de Cuba?
Resulta muy difícil y casi imposible
Tras el anuncio, el presidente
estadounidense cumple con el requisito formal de enviar al Congreso un informe
sobre la retirada de Cuba. Tradicionalmente la legislación norteamericana
concede al poder legislativo un gran peso en decisiones de política exterior, lo
que ayudará a la Casa Blanca a salvar cualquier oposición.
El Congreso tiene 45 días de plazo para
analizar la decisión del Presidente y negociar una potencial resolución
conjunta para bloquearla. Sin embargo, la mayor parte de los analistas coincide
en que resulta improbable que se reúnan los votos necesarios para esta acción.
No se trata de que el Congreso debe aprobar o no la acción presidencial, como
por ejemplo en la confirmación de un embajador, sino que tiene que obtener los
votos necesarios para presentar un proyecto de ley que impida la medida y
limite al presidente. Algo hasta cierto punto similar a crear una nueva Ley
Helms-Burton específica para esta situación. Ello resulta poco probable. En
gran medida por los intereses comerciales que existen en numerosos estados con
el acercamiento a Cuba. Pero en última instancia, en caso de que el Congreso
logre obtener los votos suficientes y aprobar la resolución, la última palabra
seguiría siendo de Obama, que podría vetarla. Entonces el Congreso tendría que
obtener más votos aún para anular el veto, algo que el actualidad ni siquiera
los legisladores más opuestos a la medida se han atrevido a insinuar que podría
ser posible.