lunes, 11 de mayo de 2015

Con Castro y con Curbelo


Curiosos los extremos. Nunca como ahora han coincidido los discursos de la extrema derecha de Miami y la extrema izquierda de La Habana. Más allá de la vocación totalitaria, hay una actitud común: el desprecio a la inteligencia y la arrogancia que acompaña a la mentira impune.
Con el atraso que trae el desgaste de una confrontación demasiado larga, el representante federal Carlos Curbelo se ha apoderado de un argumento clásico del castrismo: los que se van de la Isla lo hacen fundamentalmente por motivos económicos, en busca de mejores trabajos y los beneficios que otorga una sociedad desarrollada, pero sin una motivación que los impulse a vivir en un país con mayores libertades políticas. Curioso —de nuevo— que el argumento brote desde Miami. Pero el representante no está solo en el empeño: desde comienzos de este año se escuchan propuestas similares.
Curbelo propone que quienes se beneficien de la Ley de Ajuste Cubano (CAA) se mantengan tranquilos en este país sin viajar a Cuba: “aquellos que regresan a la Isla se enfrentarían a consecuencias: la probable pérdida de su condición legal en Estados Unidos”.
Los “anticastristas” más radicales dándole la razón al enemigo de toda una vida. El menosprecio los hermana.
Así que en los últimos años Miami se ha llenado de inmigrantes económicos, que solo se interesan por llenar su barriga y las de sus familiares. ¿Es un exiliado político alguien al cual le quitaron su negocio durante los primeros años de la revolución? ¿Y por qué no el otro, que no podía ganar un salario decente y satisfacer sus necesidades, quien vino mucho después y quizá nació y creció cuando ya no quedaban negocios de los cuales apoderarse?
Algunos padecen de añoranza totalitaria. Les gusta salir a la calle, a tratar de recoger a cualquiera y meterlo en una celda ideológica.
Este país ha sido generoso como ninguno con los cubanos. La nación estadounidense. No un gobierno específico, republicano o demócrata. Varios mandatarios se han distinguido por una política migratoria más flexible, pero el hecho de acoger a los cubanos ha sido un principio fundamental del sistema norteamericano. Como nación y Estado, no como gobierno.
La CAA, promulgada en 1966 durante la presidencia del demócrata Lyndon Johnson, se fundamenta en que los cubanos no pueden ser deportados, ya que el gobierno de La Habana no los admite, que en cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la Isla no existe un gobierno democrático. Ningún refugiado que visita a la familia que dejó atrás pone en peligro la ley. Cualquier amenaza al respecto no es más que un vulgar chantaje.
La abolición de esta ley es el reclamo preferido y constante de los funcionarios cubanos.
Durante demasiadas décadas, la política del gobierno norteamericano hacia la Isla se limitó a la inmovilidad en sus rasgos fundamentales y a la retórica de campaña en su superficie. En diciembre del pasado año el presidente Barack Obama rompió con esa inercia.
Durante todo el estancamiento, la inmovilidad de Washington no impidió que se produjera una transformación, tanto de la situación migratoria en lo que respecta a las leyes establecidas por La Habana, como a la valoración y significado del inmigrante cubano, desde el perseguido político hasta la figura del “balsero”.
En primer lugar se debe destacar el cambio en la representación del inmigrante cubano, una simbología que ha evolucionado del mito del héroe-balsero a la denuncia del contrabando humano; de la epopeya de enfrentar la Corriente del Golfo en débiles embarcaciones —o en muchos casos incluso en simulacros de embarcaciones— a los guardafronteras persiguiendo las lanchas rápidas. Aunque la tragedia no deja de estar presente, la entrada ilegal de cubanos ha perdido su justificación política, vista ahora en el mejor de los casos como un drama familiar.
Sin embargo, el cambio mayor ha ocurrido en la imagen del exiliado cubano, quien de expatriado que, después de persecución y miles de dificultades, llegaba a “tierras de libertad” en Estados Unidos, ha pasado a ser considerado —por la parte más tradicional de esa comunidad exiliada— en algo cercano a un “colaborador” del régimen de La Habana, si no en lo político al menos en lo económico.
“Somos conscientes de los abusos de la Ley de Ajuste Cubano y estamos buscando medidas para asegurar que solo aquellos que huyen de la opresión en Cuba puedan aprovechar sus ventajas”, dijo Curbelo en una declaración facilitada por su oficina.
El legislador señala un punto válido, y es el hecho de que la mayoría de quienes salen de la Isla no escapan de una persecución en el sentido tradicional —no han estado encarcelados o acosados por motivos políticos o por sus actividades opositoras—, pero al mismo tiempo elude una realidad que lo lleva a contradecirse no solo en ideología sino también en razón de ser política: quienes salen de un régimen totalitario siempre escapan de la opresión, así que la distinción que él quiere establecer (“solo aquellos”) se contradice con los ideales que supuestamente propugna.
Curberlo, por otra parte, no es el único político dedicado al empeño de transformar la CAA.
En enero de este año, la Comisión del Condado Miami-Dade acordó unánimemente pedir al Congreso que revise la medida que permite a los cubanos, a diferencia de cualquier otro extranjero, solicitar la residencia en EEUU un año y un día después de su llegada.
Lo que llama la atención es que tanto la comisión condal como el legislador Curbelo comparten puntos de vista comunes con La Habana.
“Lo extraño es que solamente una nacionalidad en el mundo reciba un tratamiento preferente, un tratamiento excepcional que ningún otro ciudadano del mundo recibe”, señaló Josefina Vidal, directora de Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, al referirse a la CAA.
 La funcionaria, que ha encabezado la delegación de la Isla en los recientes encuentros entre Cuba y EEUU, ha insistido en que la ley va en contra “de la letra” de los acuerdos migratorios firmados en 1994.
Desde hace años el régimen de La Habana viene pidiendo la derogación de la ley. Ahora especifican además que el gobierno del presidente Barack Obama tiene “potestad para pronunciarse sobre cómo se pone en práctica la medida”, lo cual es cierto.
La Habana ha vuelto a colocar sobre el tapete de las conversaciones migratorias el tema de la CAA —lo hace siempre—, pero guiada por conveniencia política e hipocresía, ya que en las condiciones actuales la medida favorece económicamente al régimen. Pero además, si quisiera resolver el asunto, comenzaría por admitir la repatriación y aceptando los miles de cubanos “deportables” que viven en este país sin que Cuba admita su regreso.
Para la comisión de Miami, lo que quisiera es convertir a la CAA en un instrumento político, que lo fue en su origen pero no en sus resultados: la ley nació a consecuencia de un gobierno dictatorial en Cuba, pero no es un medio para pedir asilo político.
En ello también se equivoca el legislador Curbelo, cuando solicita que los cubanos al llegar hagan una declaración formal asegurando que huyen del país debido a la persecución política. Eso sería otra ley —la “Ley Curbelo”—, pero la CAA no es un instrumento para la solicitud de asilo político, para lo cual existen otros procedimientos, ni se pregunta al solicitante si es un perseguido del régimen. El único requisito es ser cubano. Ello basta.
Así que nadie “abusa” de la ley cuando viaja a Cuba, luego de obtener la residencia, o enviando dinero a la Isla. Tampoco es culpa de la CAA si hay estafas al Medicare, que por cierto han existido desde mucho antes que los ahora llamados ‘inmigrantes económicos” comenzaran a llegar.
El asunto es más simple. Lo que hay detrás de la propuesta de Curbelo y la petición ridícula de los comisionados del condado Miami-Dade —la comisión no tiene autoridad sobre la política exterior del país— es una cuestión electoral.
Los codiciados votos pueden llegar de dos vías. Por una parte aprobando una petición que no implica grandes planes, cuentas a rendir o necesidad de un resultado tangible. Eso es lo que hizo la comisión condal. Por la otra, buscando publicidad con una propuesta que en su aparente formulación actual carece de futuro (lo cual no implica que en cualquier momento el Congreso no lleve a cabo una revisión seria de la CAA, que en última instancia depende por completo en su puesta en práctica del secretario de Justicia). Esto último es lo que ha hecho Curbelo.
Cientos de votantes en Miami se sentirán satisfechos con ambas peticiones —desde el punto de vista emocional— y sabrán una vez más que los políticos que eligieron comparten sus puntos de vista y están dispuestos a que sus voces se escuchen en Washington. Y también en La Habana, o desde La Habana.
De esta manera, tanto los comisionados condales como el legislador ponen otro grano de arena para la reelección, aunque no lo dediquen a construir casas, caminos y escuelas. Pero además, un cambio de la ley que aleje el proceso de naturalización de estos nuevos inmigrantes también podría alejar el peligro de nuevos electores, que no votaran precisamente por ellos. Al final, todo se limita a un problema de urnas, y no precisamente funerarias o religiosas. 

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