Curiosos los extremos. Nunca como ahora
han coincidido los discursos de la extrema derecha de Miami y la extrema
izquierda de La Habana. Más allá de la vocación totalitaria, hay una actitud
común: el desprecio a la inteligencia y la arrogancia que acompaña a la mentira
impune.
Con el atraso que trae el desgaste de una
confrontación demasiado larga, el representante federal Carlos Curbelo se ha
apoderado de un argumento clásico del castrismo: los que se van de la Isla lo
hacen fundamentalmente por motivos económicos, en busca de mejores trabajos y
los beneficios que otorga una sociedad desarrollada, pero sin una motivación
que los impulse a vivir en un país con mayores libertades políticas. Curioso
—de nuevo— que el argumento brote desde Miami. Pero el representante no está
solo en el empeño: desde comienzos de este año se escuchan propuestas
similares.
Curbelo propone que quienes se beneficien
de la Ley de Ajuste Cubano (CAA) se mantengan tranquilos en este país sin
viajar a Cuba: “aquellos que regresan a la Isla se enfrentarían a
consecuencias: la probable pérdida de su condición legal en Estados Unidos”.
Los “anticastristas” más radicales
dándole la razón al enemigo de toda una vida. El menosprecio los hermana.
Así que en los últimos años Miami se ha
llenado de inmigrantes económicos, que solo se interesan por llenar su barriga
y las de sus familiares. ¿Es un exiliado político alguien al cual le quitaron
su negocio durante los primeros años de la revolución? ¿Y por qué no el otro,
que no podía ganar un salario decente y satisfacer sus necesidades, quien vino
mucho después y quizá nació y creció cuando ya no quedaban negocios de los
cuales apoderarse?
Algunos padecen de añoranza totalitaria.
Les gusta salir a la calle, a tratar de recoger a cualquiera y meterlo en una
celda ideológica.
Este país ha sido generoso como ninguno
con los cubanos. La nación estadounidense. No un gobierno específico,
republicano o demócrata. Varios mandatarios se han distinguido por una política
migratoria más flexible, pero el hecho de acoger a los cubanos ha sido un
principio fundamental del sistema norteamericano. Como nación y Estado, no como
gobierno.
La CAA, promulgada en 1966 durante la
presidencia del demócrata Lyndon Johnson, se fundamenta en que los cubanos no
pueden ser deportados, ya que el gobierno de La Habana no los admite, que en
cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la Isla no existe un
gobierno democrático. Ningún refugiado que visita a la familia que dejó atrás
pone en peligro la ley. Cualquier amenaza al respecto no es más que un vulgar
chantaje.
La abolición de esta ley es el reclamo
preferido y constante de los funcionarios cubanos.
Durante demasiadas décadas, la política
del gobierno norteamericano hacia la Isla se limitó a la inmovilidad en sus
rasgos fundamentales y a la retórica de campaña en su superficie. En diciembre
del pasado año el presidente Barack Obama rompió con esa inercia.
Durante todo el estancamiento, la
inmovilidad de Washington no impidió que se produjera una transformación, tanto
de la situación migratoria en lo que respecta a las leyes establecidas por La
Habana, como a la valoración y significado del inmigrante cubano, desde el
perseguido político hasta la figura del “balsero”.
En primer lugar se debe destacar el
cambio en la representación del inmigrante cubano, una simbología que ha
evolucionado del mito del héroe-balsero a la denuncia del contrabando humano;
de la epopeya de enfrentar la Corriente del Golfo en débiles embarcaciones —o
en muchos casos incluso en simulacros de embarcaciones— a los guardafronteras
persiguiendo las lanchas rápidas. Aunque la tragedia no deja de estar presente,
la entrada ilegal de cubanos ha perdido su justificación política, vista ahora
en el mejor de los casos como un drama familiar.
Sin embargo, el cambio mayor ha ocurrido
en la imagen del exiliado cubano, quien de expatriado que, después de
persecución y miles de dificultades, llegaba a “tierras de libertad” en Estados
Unidos, ha pasado a ser considerado —por la parte más tradicional de esa comunidad
exiliada— en algo cercano a un “colaborador” del régimen de La Habana, si no en
lo político al menos en lo económico.
“Somos conscientes de los abusos de la
Ley de Ajuste Cubano y estamos buscando medidas para asegurar que solo aquellos
que huyen de la opresión en Cuba puedan aprovechar sus ventajas”, dijo Curbelo
en una declaración facilitada por su oficina.
El legislador señala un punto válido, y
es el hecho de que la mayoría de quienes salen de la Isla no escapan de una
persecución en el sentido tradicional —no han estado encarcelados o acosados
por motivos políticos o por sus actividades opositoras—, pero al mismo tiempo
elude una realidad que lo lleva a contradecirse no solo en ideología sino
también en razón de ser política: quienes salen de un régimen totalitario
siempre escapan de la opresión, así que la distinción que él quiere establecer
(“solo aquellos”) se contradice con los ideales que supuestamente propugna.
Curberlo, por otra parte, no es el único
político dedicado al empeño de transformar la CAA.
En enero de este año, la Comisión del
Condado Miami-Dade acordó unánimemente pedir al Congreso que revise la medida
que permite a los cubanos, a diferencia de cualquier otro extranjero, solicitar
la residencia en EEUU un año y un día después de su llegada.
Lo que llama la atención es que tanto la
comisión condal como el legislador Curbelo comparten puntos de vista comunes
con La Habana.
“Lo extraño es que solamente una
nacionalidad en el mundo reciba un tratamiento preferente, un tratamiento excepcional
que ningún otro ciudadano del mundo recibe”, señaló Josefina Vidal, directora
de Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, al referirse a la CAA.
La
funcionaria, que ha encabezado la delegación de la Isla en los recientes
encuentros entre Cuba y EEUU, ha insistido en que la ley va en contra “de la
letra” de los acuerdos migratorios firmados en 1994.
Desde hace años el régimen de La Habana
viene pidiendo la derogación de la ley. Ahora especifican además que el
gobierno del presidente Barack Obama tiene “potestad para pronunciarse sobre
cómo se pone en práctica la medida”, lo cual es cierto.
La Habana ha vuelto a colocar sobre el
tapete de las conversaciones migratorias el tema de la CAA —lo hace siempre—,
pero guiada por conveniencia política e hipocresía, ya que en las condiciones
actuales la medida favorece económicamente al régimen. Pero además, si quisiera
resolver el asunto, comenzaría por admitir la repatriación y aceptando los
miles de cubanos “deportables” que viven en este país sin que Cuba admita su
regreso.
Para la comisión de Miami, lo que
quisiera es convertir a la CAA en un instrumento político, que lo fue en su
origen pero no en sus resultados: la ley nació a consecuencia de un gobierno
dictatorial en Cuba, pero no es un medio para pedir asilo político.
En ello también se equivoca el legislador
Curbelo, cuando solicita que los cubanos al llegar hagan una declaración formal
asegurando que huyen del país debido a la persecución política. Eso sería otra
ley —la “Ley Curbelo”—, pero la CAA no es un instrumento para la solicitud de
asilo político, para lo cual existen otros procedimientos, ni se pregunta al
solicitante si es un perseguido del régimen. El único requisito es ser cubano.
Ello basta.
Así que nadie “abusa” de la ley cuando
viaja a Cuba, luego de obtener la residencia, o enviando dinero a la Isla.
Tampoco es culpa de la CAA si hay estafas al Medicare, que por cierto han
existido desde mucho antes que los ahora llamados ‘inmigrantes económicos”
comenzaran a llegar.
El asunto es más simple. Lo que hay
detrás de la propuesta de Curbelo y la petición ridícula de los comisionados
del condado Miami-Dade —la comisión no tiene autoridad sobre la política
exterior del país— es una cuestión electoral.
Los codiciados votos pueden llegar de dos
vías. Por una parte aprobando una petición que no implica grandes planes,
cuentas a rendir o necesidad de un resultado tangible. Eso es lo que hizo la
comisión condal. Por la otra, buscando publicidad con una propuesta que en su
aparente formulación actual carece de futuro (lo cual no implica que en
cualquier momento el Congreso no lleve a cabo una revisión seria de la CAA, que
en última instancia depende por completo en su puesta en práctica del
secretario de Justicia). Esto último es lo que ha hecho Curbelo.
Cientos de votantes en Miami se sentirán
satisfechos con ambas peticiones —desde el punto de vista emocional— y sabrán
una vez más que los políticos que eligieron comparten sus puntos de vista y
están dispuestos a que sus voces se escuchen en Washington. Y también en La
Habana, o desde La Habana.
De esta manera, tanto los comisionados
condales como el legislador ponen otro grano de arena para la reelección,
aunque no lo dediquen a construir casas, caminos y escuelas. Pero además, un
cambio de la ley que aleje el proceso de naturalización de estos nuevos
inmigrantes también podría alejar el peligro de nuevos electores, que no
votaran precisamente por ellos. Al final, todo se limita a un problema de
urnas, y no precisamente funerarias o religiosas.
.jpg)
