Washington debe interrumpir la entrega de
fondos para la disidencia cubana. No como parte de un plan de mejor relaciones con La Habana ni mucho menos para
congraciarse con el gobernante cubano Raúl Castro. Debe hacerlo por un hecho
simple: está botando el dinero.
Si alguien en el exilio considera que los
opositores deben ser mantenidos, debido a que el gobierno de la isla no les da
trabajo —explicación que en estos momento ha perdido vigencia a partir de la
posibilidad de empleo por cuenta propia—, la respuesta es simple: echar mano al
bolsillo.
Hay decenas de trabajos a realizar —desde
costureras y peluqueras hasta fontaneros y albañiles— que pueden ser desempeñados
sin convertir la tarea opositora en un empleo. En primer lugar porque estas
actividades no se realizan a tiempo completo, como se ha demostrado a través de
los años. En segundo porque, de existir la categoría de disidente profesional,
al menos se debería exigir cierta efectividad, como ocurre con cualquier trabajador
en cualquier sistema social, salvo en la sociedad comunista que nunca surgió.
De lo contrario, estamos ante la paradoja de un grupo de abanderados del
capitalismo que se comportan como mantenidos al estilo socialista.
Si bien es cierto que no toda la
oposición cubana y tampoco buen número de activistas de lo que podría ser un
embrión de sociedad civil caen bajo el mismo criterio, y hay quien se sostiene
con diversas tareas, la parte más visible —o al menos locuaz— del grupo
ejemplifica esa actitud de recibir dinero (mucho o poco) a cambio de casi nada.
Creados durante la administración de Bill
Clinton, los programas denominados Cuba
Democracy Assistance se ampliaron bajo la presidencia de George W. Bush y
han continuado durante el mandato del presidente Barack Obama.
No se trata de establecer mejores controles
administrativos. En este sentido han ocurrido mejoras y la situación no es tan
caótica como en otros tiempos. A partir del 2004 se establecieron mecanismos de
“competencia oficial para seleccionar a quienes reciben las donaciones” y entraron
en vigor medidas adecuadas para mejorar la supervisión de los programas. Pero
ello no ha evitado la continuación de una práctica a la que hay que poner fin,
ya que se trata de una política caduca y fracasada. Las cifras son elocuentes.
Por ejemplo, de los $65 millones otorgados
por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), para ayudar a un
cambio democrático en la isla, empleados en la financiación de 40 programas
entre 1996 y el 2005, $62 millones fueron otorgados en “respuesta a propuestas
no solicitadas”, lo que quiere decir que se dieron sin la existencia de proyectos
compitiendo para recibir las donaciones.
En el 2008 el Congreso aprobó $40
millones para los dos años siguientes. Luego continuó aprobando fondos con este
objetivo. Entre los años fiscales del 2009 al 2011 se destinaron $55 millones
al respecto. De ellos, la USAID administró cerca de $31 millones, mientras el
Departamento de Estado se hizo cargo del resto. A su vez, $20 millones se
destinaron para el año fiscal del 2012. Para el 2013 se entregaron $15 millones
y en el 2014 $20 millones.
La USAID fue por años la agencia encargada
de entregar la mayor parte de los fondos destinados a lograr un cambio
democrático en Cuba, aunque en febrero de 2014 quedó excluida de los $17.5
millones consignados para programas por la democracia en Cuba, en medio de
quejas de disputas políticas partidistas y de que la agencia ha manejado esos
programas de modo erróneo.
En total, $232.5 millones sin resultados
visibles.
La USAID no es la única que otorgaba
dinero de los contribuyentes para actividades destinadas a promover cambios.
La Fundación Nacional para la Democracia
(NED) es otro importante receptor de fondos del gobierno de Estados Unidos para
sostener programas con este objetivo, aunque por definición es una organización
no gubernamental. (Vale señalar que la NED, con sede en Washington, D.C., hace
un trabajo mejor que la mayoría de las otras organizaciones en la divulgación
al público de cómo se gasta su dinero.)
Una propuesta de ley de gastos del
Departamento de Estado en el año fiscal 2016, presentada a comienzos de junio
en el Congreso, aumentaría el financiamiento para la promoción de la democracia
y el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba hasta los $30 millones, al
tiempo que prohibiría el empleo de fondos para expandir la misión diplomática
en Cuba más allá de las instalaciones existentes antes del 17 de diciembre.
Por supuesto que no todo este dinero ha
sido entregado a la disidencia o a las organizaciones en Miami que representan
a los diferentes grupos, sino que también ha servido para el financiamiento de
rotundos y notables fracasos, desde la encarcelación del ex subcontratista Alan
Gross hasta programas como ZunZuneo y la promoción del hip-hop. Sin embargo, los
cientos de millones mal empleados deberían servir por sí solos para poner fin a
este disparate. Sin más demora.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 10 de agosto de 2012.
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