lunes, 17 de agosto de 2015

Tras las banderas: ¿y ahora qué?


Como si se tratara de una obra de teatro, montada en dos escenarios y con 26 días de diferencia, Washington y La Habana se esmeraron en repetir símbolos durante las reaperturas de sus embajadas.
Los cubanos llevaron a la capital estadounidense la misma enseña que descendió en 1961, mientras de Estados Unidos viajaron a la isla los tres infantes de marina que bajaron la bandera de su país.
Curioso que un proceso, que desde el inicio se ha definido por el cambio, manifieste tanto apego a la continuidad.
Pasado y presente competirán a partir de ahora para trazar el futuro de las relaciones entre ambos países, y vale la pena tratar de apuntar algunas señales que ese camino tiene por delante.
Nada mejor para ello que el discurso del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y una fecha: el 14 de septiembre.
El discurso del canciller estadounidense —que no deja de estar amenazado de terminar reducido a un acontecimiento de momento— establece dos retos claros.
Uno al gobierno cubano, que en su relación con Estados Unidos está acostumbrado a lidiar bajo la retórica de la confrontación y rehúye un debate con tanta claridad, formulado desde una nación tan cercana e históricamente determinante en su destino, tradición y cultura.
Otro a los opositores dentro de la isla, que deben pasar de una disidencia de gestos a una oposición de hechos.
La táctica que por años vienen utilizando determinados grupos opositores está tan agotada como el mecanismo utilizado para reprimirlos. Si ambos se sustentan todavía —y puede que esta situación continúe por algún tiempo— es gracias a la recurrencia en un esquema que permite la sobrevivencia mutua: gestos opositores pautados que provocan reacciones del régimen también pautadas.
No solo cuentan factores y retos, sino también la forma de abordarlos. Kerry habló de dos niveles de intercambios o relaciones: de persona a persona y de gobierno a gobierno.
No cabe duda que el vínculo con los disidentes se reducirá al primero de los niveles. Se terminará para ellos el apoyo directo por parte de la Casa Blanca, aunque no del Congreso.
Sin embargo, la cuestión fundamental es que  tanto los intercambios de gobierno a gobierno —entre Cuba y EEUU—, como los vínculos de Washington con la disidencia, o de La Habana con sus elementos afines en suelo estadounidense, estarán pautados según las normas diplomáticas internacionales.
En este sentido, se ha creado una comisión bilateral, que realizará su trabajo a partir de una estrategia dictada por el sentido común: avanzar de los aspectos menos conflictivos —servicios postales, lucha contra el narcotráfico, protección ambiental— a otros más peliagudos, desde los reclamos mutuos de indemnizaciones hasta los derechos humanos.
Sería tonto creer que el futuro de los nexos entre ambas naciones descansará a partir de ahora sólo en manos de funcionarios y burócratas. El pasado continuará tocando a la puerta. Y ocurrirá muy pronto.
El día 5 de septiembre de 2014, el presidente Barack Obama, acorde a las facultades que le otorga la Ley de Comercio con el Enemigo, extendió por un año los efectos de la misma en relación con Cuba, “para proteger el interés nacional de Estados Unidos”.
La ley data de 1917 y prohíbe que firmas estadounidenses comercien con países hostiles. Se aprobó cuando Estados Unidos se preparaba para entrar en la Primera Guerra Mundial, y hoy sería fundamentalmente objeto de los historiadores sino fuera por un país: Cuba.
Su renovación anual, en lo concerniente a la isla caribeña, ha sido un acto rutinario de todos los presidentes estadounidenses desde que John F. Kennedy implantó por orden ejecutiva el embargo económico y comercial en 1962.
¿Qué hará ahora Obama, cuando el 14 de septiembre caduque la prorroga de la ley? ¿La extenderá por otro año?
No, de acuerdo a las palabras de Kerry: “este es el momento de acercarnos como dos pueblos que ya no son enemigos ni rivales, sino vecinos”.
Aunque la conclusión de la Ley de Comercio con el Enemigo con respecto a Cuba no signifique el fin del embargo —que en la actualidad se sustenta en otras dos legislaciones que dependen del Congreso: la Ley Torricelli de 1992 y la Helms-Burton aprobada en 1996—, su prórroga o no será un buen indicador para medir el avance de las negociaciones.
Entonces se podrá vaticinar con mayor certeza si realmente se ha iniciado una hoja de ruta o simplemente estamos ante un nuevo capítulo del repetido escenario que busca prolongar indefinidamente un cambio con cuentagotas.
Este artículo fue solicitado por el diario mexicano La Razón

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