No fueron los juguetes y los regalos
navideños quienes lograron una cifra récord de venta durante el pasado “Black
Friday“, sino las armas de fuego. Esta nación marcha hacia convertirse en un
gigantesco pueblo del oeste, gracias al oportunismo político y el afán de
ganancia de los mercaderes.
La verificación de antecedentes penales,
que alcanzó la cifra de 185,345, aumentó aproximadamente un 5 % con respecto al
“Black Friday” del año anterior, cuando el FBI efectuó 175,754 revisiones.
Este elevado número de verificaciones
—cercano a dos por segundo— se produjo el mismo día que tres personas murieron
y otras nueve fueron heridas en una clínica de Planned Parenthood en Colorado.
El tiroteo contra un centro de ayuda a
discapacitados en San Bernardino, California, dejó sin vida a 14 personas y otras
tantas heridas, según datos preliminares. En la matanza del 2012 en la escuela
Sandy Hook de Newtown, Connecticut, fueron asesinados a tiros 20 niños y 6
mujeres.
En el momento de escribir esta columna no
se conocía con certeza si lo ocurrido en San Bernardino fue un acto terrorista.
Pero de ser así, ello no cambia el hecho de la facilidad existente para
adquirir fusiles y armas cortas en este país. Todos los días hay noticias de
balaceras que no han sido motivadas por fines terroristas.
Paradójicamente, el aumento de actos
terroristas en otros países, con fuertes restricciones para que los ciudadanos
adquieran armamentos, ha servido para que algunos políticos republicanos
incrementen sus llamados en favor de que la población esté armada.
Tras los recientes ataques terroristas en
París. el aspirante a la candidatura presidencial republicana Donald Trump afirmó
que las víctimas habrían tenido más posibilidades de sobrevivir si hubieran
tenido el derecho a poseer armas de fuego.
Tras una declaración tan estúpida, solo
cabe pensar que Trump quiere convertir la vida cotidiana en un perenne tiroteo
en el OK Corral.
El rechazo a la facilidad para adquirir
armas de fuego encuentra de inmediato al menos tres argumentos en contra.
La primera es que dicha posición es
típica de un pensamiento “liberal”, en el sentido izquierdista que se da a
dicho concepto en Estados Unidos. La segunda es la necesidad de estar armado
con fines de protección personal. La tercera es que se trata de un derecho
establecido por la constitución.
Sin embargo, los primeros que se oponen a
dicha facilidad son los cuerpos policiales, que están lejos de poder ser
acusados de “centros liberales”. Las investigaciones muestran que en los
hogares en que hay armas aumenta el peligro de que ocurran muertes. En ningún
momento la Constitución habla de poseer uno de los poderosos fusiles actuales o
una pistola moderna.
“Existen mayores posibilidades de que se
produzca un homicidio o un suicido en un hogar donde algún miembro tenga un
arma, que en aquellos donde no las hay”, refieren estudios aparecidos en The New England Journal of Medicine y en
el American Journal of Epidemiology, entre
otras publicaciones.
Es cierto que este es el país de la
máxima libertad individual, pero esa libertad no debe contraponerse a que una
sociedad democrática no pueda ejercer limitaciones a la venta de armas. Canadá
y muchos países europeos las tienen y no por ello sus sociedades son menos
abiertas.
Lo que resulta preocupante es que una parte
importante de la población de EEUU considere una necesidad primordial el poder
comprar un fusil, no simplemente una escopeta de caza, al tiempo que existen
serias dudas sobre el grado de
responsabilidad que tienen muchos de los que adquieren este tipo de armamento.
Ya es hora de frenar dicho desatino.
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