Si el presidente Nicolás Maduro está en
problemas, con una situación que cada día escapa más de sus manos, el Gobierno
cubano también debe estar preguntándose qué hizo o qué no hizo en su labor de
asesoramiento de seguridad, pero más que un problema de los maestros, lo que ha
ocurrido es que los alumnos salieron malos, indisciplinados y torpes.
No hay duda que el principal culpable de
lo que está ocurriendo en Venezuela es Maduro, quien desde su llegada al poder
ha sido incapaz de lograr el control del país. Ni Caracas es La Habana, y el
dominio absoluto sobre todas las instituciones —políticas, económicas y
sociales— que alcanzó Fidel Castro en corto tiempo, está muy lejos de la
realidad venezolana. Pero más allá de las verdades obvias vale la pena detenerse
en algunos datos y detalles, para tratar de descifrar similitudes y
diferencias.
El temor de que en su país se repita lo
ocurrido en Cuba es un reclamo constante de los manifestantes venezolanos. Sin
embargo, no hay comparación entre lo que está ocurriendo allí y el proceso
cubano, como antes tampoco la hubo con el Gobierno de Salvador Allende en Chile
y el primer régimen sandinista en Nicaragua.
La destrucción de la sociedad civil en
Cuba fue rápida y completa, por el mismo hecho de que estaba profundamente
debilitada. No es lo mismo llegar al poder mediante las urnas, a consecuencia
de un legado de corrupción incubado a lo largo de varios gobiernos
democráticos, como ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez, que apoderarse del
mando luego de una insurrección armada, tras el derrocamiento de una tiranía
sangrienta y de la desbandada de un ejército desmoralizado.
Como hizo en su momento Chávez, durante
el intento de golpe de Estado en su contra en el 2002, las calles venezolana
han vuelto a llenarse de disparos, heridos y agresiones físicas.
La “toma de Venezuela” finalizó el
miércoles con un saldo provisional de al menos 120 manifestantes heridos, un
policía muerto, otros dos heridos y 147 opositores detenidos, que el jueves
continuaban arrestados, la mayoría en varios estados del país, según anunció
por su parte el líder opositor Henrique Capriles, que hizo un recuento,
mostrando las fotos de los heridos de bala, según informó el diario español El País.
La oposición venezolana ha dado de plazo
hasta el próximo jueves al chavismo, para que acepte un acuerdo que permita
celebrar elecciones para salir de la grave crisis que vive el país. Un
ultimátum que llega con la amenaza de forzar la destitución de Maduro en una
acción combinada del Parlamento y de la movilización social informa el
periódico español ABC.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha
convocado una huelga general de 12 horas para hoy viernes, que se celebrará en
un ambiente de fuerte tensión y bajo la sombra de que el país se vea atrapado
por una ola de violencia y represión a la vista de las detenciones y heridos
registrados durante las masivas marchas del miércoles.
Para intentar disuadir a la población de
que siga la huelga, Maduro anunció ayer jueves una subida del 40% del salario
mínimo. Parece un alza sensible, pero no lo es tanto cuando se tiene en cuenta
que el FMI pronostica para el país una inflación del 700% al acabar 2016. De
hecho el Gobierno se ve obligado a aprobar periódicas subidas del sueldo para
poder sobrevivir ante la constante subida de precios.
El régimen, además, ha desplegado a sus
leales para boicotear todos los actos previstos por la disidencia. Así, decenas
de chavistas se concentraron el jueves a las puertas de la Asamblea Nacional
–dominada por la oposición– para intentar impedir el paso a diputados y
periodistas. Incluso intentaron entrar por la fuerza en el Parlamento, lo que
fue evitado por la Guardia Nacional Bolivariana.
No dejaron entrar en el hemiciclo a
algunos legisladores, y representantes del Legislativo denunciaron que también
les cortaron la luz, por lo que tuvieron que trabajar con el auxilio de
generadores eléctricos. Pero finalmente la Asamblea pudo celebrar una sesión
consagrada a la “participación de la ciudadanía en la defensa de la
Constitución”.
El Gobierno está dispuesto asimismo a
recurrir al Ejército para controlar la huelga general. El número dos del
régimen, Diosdado Cabello, anunció así que las fuerzas armadas tomarán el
control de las empresas que se sumen al paro. “Lo conversé con el Presidente,
es instrucción del Presidente: empresa que se pare, empresa tomada por los
trabajadores y por la fuerza armada, aquí no vamos a permitir bochinche
(alboroto)”, sostuvo Cabello.
El propio Maduro amenazó indirectamente
con confiscar a las empresas alimentarias y farmacéuticas que secunden la
huelga. “Empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera (...), no voy a
dudar ni voy a aceptar ningún tipo de conspiraciones”, declaró..
Por su parte, el ministro de Defensa,
Vladimir Padrino, aseguró que el Ejecutivo fiscalizará todas las empresas
productoras y distribuidoras de alimentos y medicinas, con el fin de garantizar
su distribución. “Debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su
alimento, que le llegue su medicina, que los hospitales tengan sus insumos”,
declaró el ministro, quien subrayó que “ninguna distribuidora de alimentos se
puede paralizar”, por lo que exhortó a los Comités Operativos de Producción
Obrera (COPO) a que sean los propios trabajadores los que «garanticen el
funcionamiento» de las empresas.
En lo que la oposición no parece tener
claras las cosas es en el diálogo anunciado por el Vaticano para el domingo. El
miércoles Capriles aseguró que no acudirían, pero el jueves el secretario
ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró que sí asistirán, pero con
el objetivo de buscar una salida electoral a la crisis: “Vamos a plantear un
punto central: recobrar la agenda electoral. Bien para activar el revocatorio,
o bien para celebrar elecciones generales”.
Tanto Chávez como ahora Maduro han
resultados malos discípulos de Fidel Castro: no han aprendido una lección
fundamental del régimen de La Habana, que es reprimir desde el primer día,
cuando el régimen está en la cúspide de la popularidad, y no recurrir al
asesinato como último recurso sino establecerlo como principio básico. La
habilidad del Gobierno cubano ha sido evitar, mediante la represión sistemática
y sin recurrir a la violencia de último momento, que miles de manifestantes se
lancen a la calle e interrumpan las vías.
Esta capacidad para eliminar la sociedad
civil, matar la esperanza en el cubano y utilizar la represión profiláctica
explica en parte el hecho de que los manifestantes venezolanos estén en las
calles pese a la fuerte represión.
Sin embargo, hay que señalar también que
frente a la represión que se está empleando en Caracas, los actos de repudio en
Cuba palidecen en cuanto al uso de la violencia. Y pese a ello, continúan las
protestas en Venezuela.
Otro factor en la explicación de la
pasividad de la población cubana radica en Miami. Los que hemos podido hemos
preferido el abandono a la permanencia. Esta ciudad como destino. El exilio
como ara y también pedestal.
Uno de los mayores logros del gobierno de
Raúl Castro ha sido la capitalización de los inmigrantes cubanos, para los
fines económicos del régimen, sin tener que pagar un rédito político.
Cuando el líder opositor venezolano ahora
detenido Leopoldo López visitó Miami años atrás, en una breve conversación me
dijo bien claro que la lucha opositora debía desarrollarse en la calle. Ha sido
consecuente con ese propósito. Para entonces ya existía la amenaza de Maduro,
de que le estaba preparando “una celda pulidita” y que era “cuestión de tiempo”
para que la ocupara. López no se detuvo ante esa amenaza.
También en Miami se han escuchado a
líderes opositores cubanos expresar igual criterio, de que hay que tomar las
calles. Pero hasta ahora no hay resultados visibles. Salvo algunos videos que
llegan de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), las protestas de la oposición
no han logrado la conquista de la calle.
Hasta el momento, el exilio como futuro
—como alejamiento colectivo para ganar en individualidad— es un aliciente mayor
que un enfrentamiento callejero. Decirlo no es un reproche ni una
justificación. Es simplemente constatar un hecho: todos somos perdedores.