A mediados de los años 70, uno de los
criterios que se brindaba en los estudios sociales y económicos en Cuba, para
rechazar el cooperativismo yugoslavo —a la luz de los postulados realizados por
Ernesto “Che” Guevara durante la década anterior— era que incrementaba la
desigualdad entre los que disfrutaban o aspiraban a los beneficios de vivir en
una nación considerada socialista. El Gobierno de Raúl Castro puso fin a dichos
planteamientos, y a partir de entonces los cubanos han podido —o logrado— “ser
menos iguales que otros“, pero solo hasta un punto.
“Posiblemente, la reforma estructural más
importante de Raúl Castro ha sido la apertura del sector no estatal en Cuba
(SNE), que en 2014 abarcaba un millón de personas y creció del 16 % al 28 % de
la fuerza laboral entre 2009 y 2015, aunque hubo una caída en 2015, seguida de
un pequeño repunte en el primer trimestre de 2016”, se afirma en Voces de cambio en el sector no estatal
cubano. A describir dicho sector laboral, y lo que es igualmente importante
a servir de vocero —como se afirma en el título— de aquellos que trabajan con
relativa independencia del Gobierno, se dedica el libro.
La obra recoge las “voces” de quienes en
la actualidad tienen una participación minoritaria, pero decisiva, en la fuerza
laboral cubana, con el potencial de transformar una economía predominantemente
estatal (72 % de la fuerza) y en una situación difícil, pero que se ven
impedidos para lograrlo por las restricciones gubernamentales.
Coordinado por el distinguido catedrático
Carmelo Mesa-Lago, y con la participación de Roberto Veiga González y Lenier
González —editores de Cuba Posible—,
quienes realizaron las 50 entrevistas hechas en la Isla entre 2014 y 2015, Voces de… cuenta además con la
participación de la politóloga Sofía Vera Rojas, que tuvo a su cargo las
tabulaciones y el análisis, bajo la supervisión del catedrático Aníbal
Pérez-Liñán
El empeño resulta especialmente meritorio
por la dificultad a la hora de obtener la información. Cuba es una nación que
se caracteriza por la publicación de estadísticas limitadas, en muchos casos, y
sin actualización en otros. Poco, y por lo general incompleto, ha aparecido
sobre el SNE en la prensa oficial cubana, más allá de los discursos de quienes
dirigen el país. A ello se unen los lógicos temores y las reticencias de los
entrevistados, así como la carencia de autorización para llegar a otros
participantes. De esta manera, no se trata de una encuesta científica —y el
libro lo destaca en varias ocasiones—,
que represente el universo del sector, pero sí se brinda una información
muy útil, que ayuda a llenar el notable vacío existente al respecto.
Producir
riquezas, pero no ser ricos
El VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba (PCC), celebrado en abril del pasado año, reconoció la existencia de la
propiedad privada sobre “determinados medios de producción”, con “el incremento
del sector no estatal de la economía”, pero señalando al mismo tiempo que dicha
gestión no implicaba “la privatización o enajenación de estos”. Es más, destacó
que “no se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas
naturales o jurídicas no estatales”. Así se reconocía la existencia de un SNE,
siempre que fuera regulado por el Estado.
Tal regulación quedó establecida mucho
más allá de un cuerpo legal de normas, existentes en cualquier país, para
constituirse en una camisa de fuerza al desarrollo. Si bien se concedió
propiedad jurídica a las formas no estatales de producción, se prohibía no solo
la concentración de la propiedad, sino también de la riqueza.
El SNE quedó limitado a dos tipos de
“emprendimiento” privado. Por una parte, los pequeños negocios realizados
fundamentalmente por el trabajador y su familia, como personas naturales, y
empresas privadas de micro, pequeña y mediana escala, reconocidas como personas
jurídicas. Por la otra, “los tipos de cooperativa que reconoce el modelo forman
parte del sistema de propiedad socialista”, y tienen personalidad jurídica,
ejerciendo propiedad colectiva de los medios de producción.
De esta forma, el congreso partidista
cubano intentaba una respuesta propia a la pregunta del economista húngaro
János Kornai: ¿es reformable el socialismo?
“Lenin tenía toda la razón. Si una
sociedad permite que haya un gran número de pequeños productores de mercancía,
y los deja acumular y crecer con el tiempo, tarde o temprano surgirá un genuino
grupo de capitalistas”, afirmó Kornai.
Más allá de cuestionarse si realmente
existe el socialismo en la Isla —lo que admite una respuesta ambivalente— y
luego de recordar que un análisis de los factores económicos debe dejar a un
lado los aspectos políticos del tema —en lo referente a las implicaciones y
preferencias que encierra cualquier ideología, así como todo lo relacionado
con la democracia, los derechos humanos
y el Estado de derecho—, el estudio de esta respuesta gubernamental nos muestra
la improvisación característica del modelo cubano.
Si bien el Gobierno de la Isla ha
reconocido su incapacidad para la producción y administración de, al menos,
aquellas actividades que requieren un alto grado de independencia y autonomía,
no por ello renuncia al control y la apropiación, absoluta o casi absoluta.
Al admitir, obligado por las circunstancias
económicas, lo que dentro de un carácter marxista-leninista estricto sería “la
explotación del hombre por el hombre”, mantiene a su vez una mentalidad
rentista. En última instancia, el Estado sigue siendo el dueño de todo, o de
casi todo. Se cierra el capítulo de la “ofensiva revolucionaria”, pero continúa
abierto el de la “explotación del hombre por el Estado”, es decir el Gobierno.
En este sentido se entra en la trama del
SNE en Cuba —un sector limitado aunque complejo—, que comprende cuatro
categorías: cuentapropistas, usufructuarios, socios de cooperativas y
compraventa de vivienda. Uno de los méritos de este libro es ir mucho más allá
de la visión del trabajo por cuenta propia en Cuba divulgada por la prensa
internacional, por lo general limitada a la descripción y exaltación de la
“paladar” de moda.
Incongruencias
de una política estancada
Al describir dichas categorías, Voces de… nos permite descubrir las
incongruencias de las políticas que el Gobierno cubano aplica como formas de
control. Un buen ejemplo de ello son las Cooperativas de Producción no Agrícola
y de Servicios (CNA).
Las CNA, introducidas de forma
experimental en 2013, tienen personalidad jurídica y son una forma colectiva de
propiedad. En algunas, las últimas creadas, los socios son dueños de todo, en
otras el Estado mantiene la propiedad del terreno y los edificios, al par que cede
el uso y explotación del negocio a través de un contrato de arriendo por 10
años (renovable). Las CNA deben de ser autofinanciadas, o sea, que sus ingresos
cubran sus gastos. Se alega que son más independientes que las cooperativas
agrícolas.
Según el “zar de las reformas” cubano,
Marino Murillo, estas cooperativas “son un ejemplo de cómo transformar la forma
de gestión, sin cambiar la naturaleza de la propiedad”. Su número de socios
aumentó de 2.300 a 5.500 entre 2013 y 2014, y a 7.700 en 2015. Una expansión más
rápida de las CNA incrementaría notablemente el número de miembros.
Sin embargo, desde marzo de 2014 no se ha
aprobado una nueva CNA, y en 2015 estas cooperativas crecieron solo un 6 %. Se
han presentado propuestas, pero continúan pendientes. La creación de las CNA es
compleja y prolongada, requiere una evaluación del Consejo de Ministros, quien
toma la decisión final. Que una cooperativa de barberos, peluqueras o
reparadores de equipos electrométricos requiera de un permiso a una instancia
de poder tan alta resulta absurdo o risible. En la actualidad, el número de
cooperativistas de las CNA constituyen apenas un 0,1 % de la fuerza laboral y
se considera que no tienen un peso significativo en el desarrollo económico del
país.
Producción
agrícola
Peor ocurre con los usufructuarios de la
tierra. El usufructo se inició en 1995, durante la crisis económica conocida
como “Período Especial”, pero se mantuvo estático hasta 2009, cuando el
Gobierno comenzó a distribuir tierras estatales.
El problema es que el contrato de
usufructo tiene un plazo de duración de 10 años, mientras que en las reformas
agrícolas sino-vietnamitas los contratos son por tiempo indefinido o 50 años, y
los granjeros deciden qué sembrar, a quiénes vender y fijan precios de mercado.
Los cubanos, por su parte, están obligados a vender a los centros de acopio,
que fijan precios inferiores al de mercado.
La vuelta al acopio y los precios
topados, que demostró por cuatro decenios que son ineficaces, ha sido
criticada, al menos, por dos economistas cubanos. Uno de ellos, Pavel Vidal,
consideró que “la peor secuela [del VII Congreso] para la economía cubana es la
decisión de frenar el experimento de la comercialización agrícola en las
provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque”.
En 2014, el ministro de Comercio Exterior
informó que los usufructuarios las cooperativas agrícolas y los campesinos
privados generaron el 83 % de la producción agrícola, mientras que las granjas
y empresas estatales solo el 17 %.
Para Voces
de… fueron entrevistados 25 usufructuarios. Su edad oscila entre 26 y 75
años, y promedia 51 años. Solo el 25 %
son menores de 40 años, un 44 % entre 41 y 60 años, y un 28 % mayores de 60
años. Todos son blancos.
Ambos datos, combinados, muestran un
futuro no muy promisorio para la agricultura cubana, y el fracaso de Raúl
Castro en sus intentos de disminuir las importaciones de productos agrícolas.
Compra
y venta de casas
Una de las secciones más interesantes de Voces de… es la referida al mercado de
bienes raíces en Cuba, por lo desconocido del tema salvo referencias
anecdóticas.
La reforma de 2011 autorizó la
compraventa de viviendas, a un precio fijado por el comprador y el vendedor.
Ello ha hecho posible el surgimiento del corredor de bienes raíces o agente
inmobiliario, un empleo hasta entonces casi desconocido en Cuba y no autorizado
hasta fines de 2013.
En la actualidad los compradores
prefieren a las viviendas anteriores a 1959 (“capitalistas”), debido a que son
de mejor calidad que muchas de las edificadas por las microbrigadas de
construcción.
Un fuerte impedimento para la compraventa
de viviendas es que la oferta supera la demanda, debido al bajo poder
adquisitivo de la población. Abundan los casos de compra de inmuebles por
cubanos residentes en el exterior, mediante uso de un testaferro, lo cual es un
delito.
No hay estadísticas oficiales sobre el
valor de la vivienda construida o reparada, por lo cual no es posible calcular
su impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB). La distribución de la
construcción de viviendas en 2015 fue de un 54,7 % por la población y un 45,3
por el Estado; un indicador de que las reformas están logrando un incremento
modesto de la iniciativa privada de la población. Aún así, el total construido
en 2015 resultó un quinto de la cifra alcanzada en 2006 (111.400).
Dificultades
para el SNE
El Gobierno cubano no quiere “ricos por cuenta
propia”, y para impedirlo no le bastan el establecimiento de medidas fiscales.
En la práctica este objetivo oficial —con independencia de lo cuestionable que
resulta— se traduce en un freno para el desarrollo de un sector productivo
indispensable para el desarrollo del país.
A la existencia del conocido freno
burocrático se suman otros factores, en ocasiones con una incidencia mayor en
dicho estancamiento. La apuesta por la inversión extranjera lleva en la
práctica a despreciar a los nacionales y beneficiar a los de fuera.
En todo el libro se destacan diversos
factores —algunos comunes a todos los grupos que componen el SNE, otros
específicos— que dificultan la expansión de un sector con capacidad para
resolver muchos de los problemas del país.
Quizá una de las paradojas mayores de la
actual situación económica en la Isla es el florecimiento de las “paladares”,
algunas de las cuales ofrecen platos de comida gourmet apreciados por visitantes
extranjeros, mientras al guajiro no se le brindan los recursos y la libertad
necesaria para producir una buena cosecha de plátanos.
La carencia de un mercado mayorista donde
adquirir insumos; la limitación de las categorías de trabajo por cuenta propia;
la prohibición de ejercer de forma privada las profesiones para las que están
capacitados, en el caso de los graduados universitarios; la necesidad de
adquirir los insumos en las tiendas de recaudación de divisas, lo que inciden
en el aumento del precio del producto o servicio en venta. Estos son algunos de
los problemas que afectan a quien se dedica a la labor privada, y que
resultarían fáciles de resolver con una verdadera voluntad de cambio.
Estas limitaciones hacen que la mayoría
de los cuentapropistas se dediquen a la alimentación y el transporte, cuando su
labor tendría que estar mucho más diversificada. O que un médico —como se
ejemplifica en el texto— se gane la vida en algo ajeno a su profesión.
Pese
a dichos obstáculos, resalta el carácter emprendedor del cubano. Quizá el dato
más alentador que ofrece Voces de… es
el hecho de que los trabajadores por cuenta propia dedican buena parte de sus
ganancias a invertir en el negocio. Una muestra de desafío y coraje ante una
situación difícil.