El cabildeo en Estados Unidos, la
práctica de acudir a profesionales para divulgar determinadas ideas o influir
en los cuerpos administrativos y legislativos, es una práctica legal en este
país, aunque no libre de controversia. Pero que el pago de ese ejercicio corra
por cuenta de los contribuyentes estadounidenses quizá solo ocurra en relación
con el caso cubano.
Cinco exdiplomáticos estadounidenses
enviaron esta semana una carta al presidente electo Donald Trump, para pedirle
que revoque las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama para
suavizar las sanciones a Cuba, e impida una mayor colaboración con las fuerzas
de seguridad cubanas, informó el Nuevo
Herald. La misiva fue coordinada por el Centro para una Cuba Libre, que
dirige Frank Calzón.
Desde hace años Calzón lleva a cabo una
labor de cabildeo en favor de una posición de supuesta línea dura frente al
Gobierno cubano, por parte de las diversas administraciones estadounidenses,
que tuvo su momento de auge durante el mandato de George W. Bush. Esta labor no
ha sido pagada por los partidarios de dicha estrategia, como cabría esperarse
en este país, sino con los impuestos de los contribuyentes, con independencia
de que estos estén en favor o en contra de su empleo.
El pasado año el Centro para una Cuba
Libre (CFC) recibió $107.00 para “promover
la democracia en Cuba a través del apoyo a la sociedad civil” del National
Endowment for Democracy (NED). Estos fondos supuestamente están destinados
a “brindar ayuda humanitaria a los prisioneros políticos, sus familias y
activistas de los derechos humanos en Cuba. El CFC brindará a los activistas
recursos que les llevarán a cabo su labor de una forma más efectiva”.
Sin embargo, a través de los años el
centro de Calzón se ha visto solo asociado con activistas que apoyan
—verbalmente o con actividades— una política en favor del incremento del embargo,
opuesta a cualquier alivio a las restricciones en los viajes y el envío de
remesas y partidaria incondicional de la línea mantenida por el sector más
recalcitrante del exilio, representado por los legisladores republicanos
cubanoamericanos. Es decir, el CFC no apoya a cualquier activista cubano, sino
solo a los que comparten los puntos de vista y actitudes de dicho sector del
exilio.
El CFC no solo recibe fondos de la NED
(una fuente de ingresos que se ha mantenido durante años) sino también
donaciones, pero en la página de la institución no hay referencia alguna sobre
sus ingresos. Entre los expertos que menciona el CFC están asociados con la
organización, predominan aquellos que no solo comparten dicha posición extrema
sino han formado parte de administraciones republicanas. Aunque sin estar
afiliado oficialmente al republicanismo, el CFC nunca expresa posición alguna
alejada de dicha corriente política.
Más allá de esta labor de apoyo a un
sector específico de la oposición cubana, el director del CFC se ha dedicado
por años a promover la línea política republicana de Miami, ya sea mediante
documentos como la carta mencionada o a través de diversos artículos. Por
supuesto que Calzón tiene todo su derecho a dedicar sus esfuerzos en la
divulgación de una política que, para decir lo menos, acumula muchos más años
de fracasos que la puesta en práctica por el presidente Barack Obama, pero que
dicha labor se haga a costa de los contribuyentes estadounidenses es al menos
cuestionable.
Como muestra de esa labor con pobres o
nulos resultados, basta señalar que por años el CFC se empecinó en la
distribución de ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en Cuba, al parecer en ocasiones mediante el uso de la valija diplomática
estadounidense. En más de una ocasión se ha publicado en la prensa que en la entonces
Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana se encontraban y
distribuían dichos materiales.
Al igual que otras organizaciones
exiliadas en Miami, que durante años justificaron sus presupuestos millonarios
con declaraciones en que afirmaban que destinaban parte de sus fondos en dar a
conocer en Cuba este documento y otros similares, el CFC ha gastado mucho en
tinta y papel, como si los cubanos no ansiaran y buscaran la libertad
simplemente por el desconocimiento de dicho texto.
Si se toma en cuenta la población cubana,
los testimonios de envíos de ejemplares y las veces que se ha recurrido a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos para justificar gastos, se llega
a la conclusión, inevitable, de que algo no cuadra en los números. En este
caso, los derechos humanos han sido utilizados como pretexto para proseguir un
juego político que tiene que ver más con el dinero que con la libertad y
democracia.
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