viernes, 6 de enero de 2017

El cabildero Frank Calzón


El cabildeo en Estados Unidos, la práctica de acudir a profesionales para divulgar determinadas ideas o influir en los cuerpos administrativos y legislativos, es una práctica legal en este país, aunque no libre de controversia. Pero que el pago de ese ejercicio corra por cuenta de los contribuyentes estadounidenses quizá solo ocurra en relación con el caso cubano.
Cinco exdiplomáticos estadounidenses enviaron esta semana una carta al presidente electo Donald Trump, para pedirle que revoque las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama para suavizar las sanciones a Cuba, e impida una mayor colaboración con las fuerzas de seguridad cubanas, informó el Nuevo Herald. La misiva fue coordinada por el Centro para una Cuba Libre, que dirige Frank Calzón.
Desde hace años Calzón lleva a cabo una labor de cabildeo en favor de una posición de supuesta línea dura frente al Gobierno cubano, por parte de las diversas administraciones estadounidenses, que tuvo su momento de auge durante el mandato de George W. Bush. Esta labor no ha sido pagada por los partidarios de dicha estrategia, como cabría esperarse en este país, sino con los impuestos de los contribuyentes, con independencia de que estos estén en favor o en contra de su empleo.
El pasado año el Centro para una Cuba Libre (CFC) recibió $107.00 para “promover la democracia en Cuba a través del apoyo a la sociedad civil” del National Endowment for Democracy (NED). Estos fondos supuestamente están destinados a “brindar ayuda humanitaria a los prisioneros políticos, sus familias y activistas de los derechos humanos en Cuba. El CFC brindará a los activistas recursos que les llevarán a cabo su labor de una forma más efectiva”.
Sin embargo, a través de los años el centro de Calzón se ha visto solo asociado con activistas que apoyan —verbalmente o con actividades— una política en favor del incremento del embargo, opuesta a cualquier alivio a las restricciones en los viajes y el envío de remesas y partidaria incondicional de la línea mantenida por el sector más recalcitrante del exilio, representado por los legisladores republicanos cubanoamericanos. Es decir, el CFC no apoya a cualquier activista cubano, sino solo a los que comparten los puntos de vista y actitudes de dicho sector del exilio.
El CFC no solo recibe fondos de la NED (una fuente de ingresos que se ha mantenido durante años) sino también donaciones, pero en la página de la institución no hay referencia alguna sobre sus ingresos. Entre los expertos que menciona el CFC están asociados con la organización, predominan aquellos que no solo comparten dicha posición extrema sino han formado parte de administraciones republicanas. Aunque sin estar afiliado oficialmente al republicanismo, el CFC nunca expresa posición alguna alejada de dicha corriente política.
Más allá de esta labor de apoyo a un sector específico de la oposición cubana, el director del CFC se ha dedicado por años a promover la línea política republicana de Miami, ya sea mediante documentos como la carta mencionada o a través de diversos artículos. Por supuesto que Calzón tiene todo su derecho a dedicar sus esfuerzos en la divulgación de una política que, para decir lo menos, acumula muchos más años de fracasos que la puesta en práctica por el presidente Barack Obama, pero que dicha labor se haga a costa de los contribuyentes estadounidenses es al menos cuestionable.
Como muestra de esa labor con pobres o nulos resultados, basta señalar que por años el CFC se empecinó en la distribución de ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Cuba, al parecer en ocasiones mediante el uso de la valija diplomática estadounidense. En más de una ocasión se ha publicado en la prensa que en la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana se encontraban y distribuían dichos materiales.
Al igual que otras organizaciones exiliadas en Miami, que durante años justificaron sus presupuestos millonarios con declaraciones en que afirmaban que destinaban parte de sus fondos en dar a conocer en Cuba este documento y otros similares, el CFC ha gastado mucho en tinta y papel, como si los cubanos no ansiaran y buscaran la libertad simplemente por el desconocimiento de dicho texto.
Si se toma en cuenta la población cubana, los testimonios de envíos de ejemplares y las veces que se ha recurrido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para justificar gastos, se llega a la conclusión, inevitable, de que algo no cuadra en los números. En este caso, los derechos humanos han sido utilizados como pretexto para proseguir un juego político que tiene que ver más con el dinero que con la libertad y democracia.