Tras el anuncio del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela, que declaró ha iniciado los trámites para enjuiciar a la
Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de que esta advirtiera
que comenzaría a investigar la corrupción dentro del régimen, la oposición
declaró que entraba en una etapa de “protesta permanente” hasta que se produzca
un cambio de Gobierno.
El llamado de la oposición se apoya en el
artículo 333 de la Constitución, que convoca a todos los venezolanos a unir esfuerzos
para defender a la Carta Magna cuando esta es amenazada.
Alrededor de la fiscal Ortega parece
estar aglutinándose un importante grupo de chavistas, alarmados por la
situación del país y por los planes del madurismo de reemplazar la
Constitución, impulsada por el fallecido gobernante Hugo Chávez, a través de
una Asamblea Constituyente escogida a dedo por Maduro.
Se trata, sin duda, de una escalada hacia
la guerra civil en Venezuela, y no solo entre los conocidos términos de
“chavistas” y “antichavistas”, sino en una escala más amplia, que podría
incluir a un sector todavía apegado a la figura de Chávez y otro que apuesta
por Maduro.
Sin embargo, la prensa cubana de dedica a
presentar lo que está ocurriendo en Venezuela simplemente como resultado de una
conspiración internacional, una “guerra psicológica” desatada desde el exterior
o una batalla entre la OEA, o un grupo de países dentro de esta organización, y
el “pueblo venezolano”.
Particularmente peligroso para Maduro es
el riesgo de que la fiscal comience a investigar la enorme corrupción dentro
del régimen.
Pero la realidad venezolana transita por
otros rumbos.
La fiscal busca concentrarse en la
corrupción del Gobierno de Venezuela, país señalado por años como el más
corrupto de América Latina por la ONG Transparencia Internacional, así como investigar
los presuntos vínculos entre el narcotráfico y la máxima cúpula del régimen.
Declaraciones en este sentido,
pronunciadas por Ortega, son las que al parecer han sacudido los cimientos del
chavismo, y cambiado la naturaleza del enfrentamiento entre el régimen y la
fiscal.
El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, “tomó parte, como suele
hacer, en la manifestación que avanzaba llena de colores, banderas y pancartas.
«Diga lo que diga la OEA seguiremos en las calles y los vamos a vencer», afirmó
el dirigente, quien además habló de un país que está de pie, alegre de ir a un
proceso Constituyente que ni por asomo emprenderían los gobiernos de derecha
del mundo, los mismos que han satanizado a la Revolución iniciada por Hugo
Chávez”, escribe Juventud Rebelde en
su edición del 19 de junio.
Pero esa constitución que ahora quiere
cambiar a la fuerza Maduro no es una “constitución burguesa”. La Constitución
venezolana fue aprobada mediante referéndum en diciembre de 1999 tras haber
sido promovida por el expresidente Chávez. Su intención es dejar atrás la Carta
Magna “bolivariana” promulgada por el fallecido ex mandatario Hugo Chávez en
1999.
La Constitución vigente fue redactada por
131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto, y luego
aprobada en referendo. Dicho documento fundó la denominada Quinta República,
bajo la etiqueta “bolivariana”.
El anuncio de Maduro se produce cuando
Venezuela enfrenta una escalada de tensión política en medio de una crisis
económica con una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de
escasez de alimentos y medicinas. Pero no solo eso. El país sudamericano sufre
también de una severa situación en que impera la corrupción y han abundado las
denuncias de vínculos entre el narcotráfico, sectores militares y la elite
gobernante, algo que la fiscal quiere investigar.
Funcionarios de alto rango, entre ellos
el vicepresidente Tareck El Aissami, han sido sancionados por Estados Unidos
que los acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Aunque el presidente venezolano aseguró
que la consulta “es con todos los sectores, políticos, académicos, religiosos,
sociales y económicos”, la mitad de ellos serán escogidos por sectores sociales
en los que el gobierno tiene influencia.
Además, al parecer la Constituyente
buscaría la aprobación de un Parlamento Comunal. Aunque las organizaciones
comunitarias en Venezuela ya tienen un gran alcance a través de unos 45.000
consejos comunales, la Constituyente podría darles más prominencia. Incluso,
hay quienes sostienen que la intención del Parlamento Comunal, que estaría
integrado por sectores populares, es restarle poder a la Asamblea Nacional o
incluso llegar a sustituirla. Una especie de “sóviet” venezolanos.
Dentro de su proyecto político —si es que
puede hablarse en ese sentido en el caso de Maduro— su intención entonces no
sería más que retroceder, del “socialismo del Siglo XXI” al comunismo de
principios del siglo pasado. En su caso, la historia no se escribe: simplemente
retrocede.
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