El presidente Donald Trump emitió en la
noche del domingo 24 de septiembre un nuevo veto migratorio, que entrará en
vigor el 18 de octubre. Su objetivo no se limita a reemplazar el anterior, y
evitar así que claudique la medida, sino tiene un carácter mucho más amplio.
Ante todo hay que tener en cuenta que la
acción presidencial se lleva a cabo tras que el Tribunal Supremo —luego de la
designación del conservador Neil Gorsuch— desbloqueara la orden anterior, paralizada
en las cortes. El Supremo aún no ha dicho la última palabra al respecto (se
espera que lo haga en las próximas semanas), pero que una segunda orden
(bloqueada al igual que la primera) entrase en vigor a finales de junio (su
vigencia era de 90 días) significó un espaldarazo a Trump.
Aunque lo más importante de la decisión
del Supremo fue la admisión, como argumento, de la amenaza para la seguridad,
así como la decisión de que el interés nacional debía prevalecer sobre el
posible daño que pudiese causar el veto a viajeros y refugiados. Por lo tanto,
aunque esta decisión no es aún final, poco cabe esperar que se modifique en su
esencia con la actual configuración del Tribunal.
Para decirlo en pocas palabras, la Corte
Suprema le ha dado luz verde a Trump, y los pocos cambios que ha introducido en
la orden —los que mantendrá vigente y alguno que pudieran incluir en lo
adelante— no van a cambiar en lo fundamental el objetivo que se trazó desde el
inicio de su Gobierno, y durante su campaña, el actual presidente de Estados
Unidos.
Al mismo tiempo, y con la ampliación a
otros tres países (Chad, Corea de Norte y Venezuela), la nueva orden —en lo que
respecta a los dos últimos— debilita la acusación de islamofobia, aunque por
supuesto ello no impide dejar de considerar el aspecto xenófobo de la medida.
Sin embargo, y a partir del resultado de
todo el proceso legal, el carácter de permanencia es el elemento clave de esta
nueva orden ejecutiva.
Cuando Trump dio a conocer su veto, al
principio de su mandato, la Casa Blanca se apresuró a afirmar el carácter
temporal de la excepción y la necesidad de tiempo para establecer nuevas
normas. Al parecer, estas normas ya han comenzado a ser establecidas, pero las
mismas se limitan a instrumentar el objetivo de lo que en un primer momento se
anunció que regiría solo por un tiempo: un cierre de fronteras. El nuevo texto
tiene un carácter definitivo.
El segundo aspecto, de singular
importancia de la medida, es que abarca a ocho países (Sudán sale), a los
cuales trata de forma diferenciada.
Mientras que los ciudadanos de Irán,
Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte tienen casi imposibilitada
la entrada a EEUU (en el caso de Irán se permiten que prosigan los programas de
intercambio de estudios), por el simple hecho de haber nacido en esos países,
en lo que respecta a Venezuela la prohibición se aplica a los funcionarios
gubernamentales y sus familiares.
A todo lo anterior hay que agregar que la
lista será revisada cada 100 días y la salida dependerá de la mejora de los
“problemas detectados”, según lo decida el Gobierno de Trump.
Saltan a la vista tres diferencias
fundamentales entre esta nueva lista y la ya existente, de países que apoyan,
financian o permiten en sus territorios el establecimiento de grupos
terroristas. Mientras que en la anterior el énfasis se hace en los gobiernos,
aquí se establece sobre los ciudadanos. El segundo punto es que, al ser una
orden ejecutiva, prescinde por completo del Congreso. En el caso de la lista
del Departamento de Estado, la salida o entrada de un país se presentaba al
cuerpo legislativo, y aunque en última instancia el Senado no tenía que emitir
un voto de aprobación al respecto, el proceso llevado a cabo se caracteriza por
una amplitud ausente aquí, donde Trump “ordena y manda”. Por último, la nueva
medida establece la posibilidad de convertirse en una especie de colcha de
retazos, donde se irán agregando prohibiciones y requisitos de acuerdo al
momento.
En este sentido, y a manera de ejemplo, no
es difícil vaticinar que en Miami un sector del exilio comenzará a abogar por
incluir a Cuba en la lista, y que al igual se le ocurra ampliar la prohibición
no solo a funcionarios gubernamentales y sus familias, sino también a artistas
(un aspecto que continúa siendo álgido en la ciudad). Quedan abiertas las apuestas
para ver cuándo saltará el reclamo ante
el anuncio de la potencial visita de Mariela Castro a EEUU, algo que ya ha
ocurrido en varias ocasiones.
Cabe especular también que, en el caso de
Venezuela, aunque la orden se refiere solo a los funcionarios gubernamentales,
crezcan las dificultades para que cualquier venezolano que quiera viajar de
visita a EEUU pueda realizarlo.
El hecho de que ya se anuncie de que, en
el caso de Venezuela se establecerá un mayor control para la entrada de
cualquier ciudadano de ese país a suelo norteamericano, se traducirá en la
práctica en una tramitación mucho más ardua, donde tanto el Gobierno de Trump
como el régimen de Nicolás Maduro competirán para hacerle más difícil, o
imposible, el viaje a los venezolanos.
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