Como suele ocurrir con Donald Trump, sus
anuncios y promesas se resumen en algarabía, promesas y medidas que luego se
quedan a medias.
Durante su campaña presidencial, Trump
anunció que, de ser elegido, llevaría a cabo acciones contundentes para luchar
contra la adicción a los opioides. En agosto pasado le dijo a los periodistas
que declararía la epidemia una “emergencia nacional”. Lo hizo el jueves, pero
limitándose al concepto de emergencia nacional de salud pública.
Hay una diferencia fundamental entre
anunciar una emergencia de salud pública y declarar una emergencia nacional. La
mayor distinción está en el dinero. El decreto no otorgará fondos adicionales
para enfrentar un problema que mata a cerca de 100 estadounidenses cada día, y
se limitará a expandir el acceso a los servicios médicos en zonas rurales.
Ampliar el fondo de emergencias de salud pública —que en la actualidad solo
cuenta con $57,000— queda en manos del Congreso para el próximo presupuesto.
Trump señaló a México como un factor importante
de la crisis, debido a la entrada de drogas, así como a China.
“Un
asombroso 90% de la heroína en Estados Unidos proviene del sur de la frontera,
donde construiremos un muro, lo que ayudará mucho en este problema”, aseguró.
el presidente, aunque el tema a tratar el jueves no era el consumo de la
heroína sino los derivados del opio.
Desde 1999, el número de muertes por
sobredosis que involucran opioides se ha cuadriplicado. Entre 2000 y 2015, más
de 500,000 personas murieron por sobredosis de drogas: los opiáceos representan
la mayoría de ellas.
Según el Centro para la Prevención y
Control de Enfermedades (CDC), más de 27 millones de estadounidenses abusan de
los opiáceos, que van más allá de la heroína. Casi el 50% de las muertes por
sobredosis en 2015, advierte el centro, están relacionadas con analgésicos de
la familia de los opioides, recetados para tratar dolores moderados y fuertes en
algunos pacientes.
Según Trump, la Agencia de Medicamentos y
Alimentos (FDA) ha pedido que el fentanilo, una droga sintética que se fabrica
ilegalmente, pero también de forma legal por algunas farmacéuticas, “sea
expulsado del mercado inmediatamente”, y que en su próxima visita a China
hablará con el presidente chino Xi JinpingXi sobre este tema porque, dijo, se
fabrica allí.
Pero las palabras presidenciales no
enfatizaron ni detallaron la gran responsabilidad que tienen por esta crisis
algunas firmas farmacéuticas estadounidenses, entre ellas Purdue Pharma,
productora del analgésico OxyContin, que se aprobó en 1995 y ya en 2001 sus
ventas alcanzaron los $1,600 millones, una cifra superior a las de Viagra.
Solo en 2012, los médicos en esta nación escribieron
más de 282 millones de recetas para analgésicos opiáceos, incluidos OxyContin,
Vicodin y Percocet, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada
habitante.
De acuerdo con una investigación
publicada en el American Journal of
Public Health, entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, varias empresas
farmacéuticas, entre ellas Purdue Pharma, pagaron más de $46 millones a más de
68 mil médicos de todo el país, a través de comidas, viajes y honorarios para
incitarlos a recetar opioides. Purdue Pharma se declaró culpable de engañar al
público sobre el riesgo de adicción del OxyContin en 2007 y tuvo que pagar una
multa de más de $600 millones.
En la actualidad se ha extendido el
consumo de la heroína y el fentanilo, 50 veces más poderoso que el OxyContin.
Pero el origen del problema se encuentra en los abusos al recetar
indiscriminadamente opioides y en la avaricia de los fabricantes de
medicamentos. En discursos y tuits, el presidente ha amenazado a la industria
farmacéutica. El jueves pasó por alto la oportunidad de realizar un ataque concreto
y certero a esa industria. Prefirió lanzar las culpas al otro lado de la
frontera.
Esta es mi columna en el Nuevo Herald, que aparecerá el lunes 20 de octubre.
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