sábado, 17 de febrero de 2018

Otra vez


Se puede ser muy joven para comprar una cerveza en Estados Unidos, pero no para adquirir un fusil de asalto semiautomático AR-15, la versión civil de un arma militar para matar al mayor número posible en el menor tiempo disponible. Y cuando ocurre una matanza como la sucedida en una escuela secundaria de Broward, todo se resuelve con el comentario del vecino, que señala que el atacante tenia una mirada fría o la socorrida cita bíblica del legislador. Y a esperar por la próxima masacre.
A Donald Trump no lo alteran esos tiroteos, que se repiten constantemente en este país, como para hacerle la competencia a la Coca-Cola y la hamburguesa:  las muertes que ocurren forman parte del paisaje nacional, lo que nos identifica y define.
Cuando algo así sucede, la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso miran rápido para otro lado y corren a buscar excusas para no disgustar a la Asociación Nacional del Rifle, que tiene el beneplácito tanto del presidente como de dichos legisladores.
Incluso antes de llegar a la presidencia, al expresar su opinión sobre el ataque a una discoteca en París en 2015, el entonces aspirante republicano afirmó que las víctimas habrían tenido más posibilidades de sobrevivir si hubieran tenido el derecho a poseer armas de fuego. Si no tiene cañón, no salga a bailar: se lo dice Trump.
Luego de lo ocurrido en Broward, vuelve a la prensa el tema de la venta de las armas de asalto, pero sin esperanza de que se haga algo para solucionar el problema, que debiera resumirse en la potencialidad de hacer daño: no es lo mismo utilizar un cuchillo para un ataque que un fusil de asalto.
Se trata de una discusión que se ha tornado bizarra por sus connotaciones políticas y fundamentalmente por los intereses económicos que la sustentan. Fuera de esa fundamentación monetaria, las explicaciones serían tan estúpidas como la aspiración de Trump de convertir cualquier discoteca parisina en una versión del OK corral estadounidense.
Así, tras las frases huecas de ocasión —“las armas no matan, es la gente la que mata”—, las declaraciones de legisladores temerosos y las acciones de los grupos de presión, casi no habrá tiempo para maravillarse de la forma en que un “club de cazadores” se ha convertido en una poderosa maquinaria de cabildeo que literalmente compra políticos y propaga al mismo tiempo las falacias que muchos repiten, convencidos y contentos, o esa letanía al uso que no tiene en cuenta que cuando se introdujo en 1791, en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a ir armado, nadie podía imaginarse el poder de un fusil semiautomático: una aseveración formulada bajo la premisa de considerar dicha Constitución como un texto no sujeto a ser interpretado, renovado y revisado de acuerdo a los tiempos que corren; todo como parte de un canon calvinista que si bien está muy arraigado en la sociedad estadounidense, no por ello impide su cuestionamiento: dar a la constitución americana el carácter “sagrado” de un texto bíblico parte de igual superchería religiosa.
Una sociedad democrática pueda ejercer limitaciones a las categorías de armas en venta. Canadá y muchos países europeos las tienen y no por ello sus sociedades son menos abiertas que la estadounidense, ya que la mayoría de sus ciudadanos las aceptan libremente como parte de su compromiso de responsabilidad ciudadana. Lo que resulta preocupante es que una parte de la población de Estados Unidos considere una necesidad primordial el poder comprar una ametralladora. Y lo que es más importante aún: las dudas bien fundamentas sobre el grado de responsabilidad social y personal que tienen muchos de los que adquieren este tipo de armamento. Sin embargo, nada indica que dejarán de sucederse las masacres, gracias al oportunismo político, los intereses creados y el afán de ganancia de los mercaderes.
Esta es mi columna en El Nuevo Herald, que aparecerá en la edición del lunes 19 de febrero.

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