Empezaron a “brotar” a mediados de 2013,
en sitios estratégicos de Managua, capital de Nicaragua, y ahora hay unos 140
por toda la ciudad.
Los “árboles de la vida” son enormes estructuras
metálicas de entre 15 y 20 metros de altura, formas estilizadas, multicolores e
iluminadas que dominan el panorama citadino y están asociadas con el gobernante
Frente Sandinista de Liberación Nacional, de acuerdo a la BBC.
Fueron erigidos inicialmente en la Plaza
de la Fe, en Managua, en conmemoración del 34 aniversario de la Revolución
Sandinista, el 31 de julio de 2013.
Al comienzo fueron solo ocho
“árboles de la vida”. La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega,
Rosario Murillo, los bautizó como “árboles de la vida”. Desde su aparición
generaron discusión pública, tanto por su tamaño y colorido como su
significado, al ser asociados con las más diversas interpretaciones, desde el famoso
cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, Árbol
de la vida, hasta la semejanza de las enroscadas hojas metálicas con el
alfabeto hebreo y sus posibles conexiones con la Cábala judía, o con el ojo de
Horus, inclusive con el número 6 asociado con el demonio. Otros dicen que son
una expresión de las creencias filosóficas de Murillo, su espíritu de la nueva
era y sus gustos por los atuendos coloridos, colgandejos y amuletos.
Lo cierto es que, unos meses después,
empezaron a aparecer más de estos árboles en la Avenida Bolívar en Managua y en
otros puntos clave de la capital. Algunos fueron destruidos durante las recientes protestas en el país.
En uno de ellos, que aún se mantiene en
pie, aparece la cara la cara del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo
Chávez.
Para entender lo que está ocurriendo en
Nicaragua hay que volver a la figura de Chávez, su participación en una breve
utopía de sueños de grandeza y dominación Latinoamérica y el fracaso de su
propuesta.
Un nuevo estadio nacional, un moderno
hospital general, complejos de oficinas y centros comerciales. Hace apenas
pocos años estas edificaciones, diseminadas por todos los puntos cardinales de
Managua, eran testimonios palpables del buen momento económico por el que
atravesaba el segundo país más pobre del hemisferio.
Pero esos focos de desarrollo no
obedecían a la capacidad productiva del país o la buena gestión de sus
gobernantes. La bonanza económica nicaragüense tenía un nombre y apellido: Hugo
Chávez.
Evaluar el impacto de aquellos diez años
de cooperación bolivariana con Nicaragua no es fácil. Seguir el rastro de todo
el dinero facilitado por Venezuela hasta 2016 tampoco.
Pero aún puede verse la huella de Chávez
en el país.
El Centro Deportivo Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías de la colonia 14 de Septiembre, en el este de Managua, es
uno de esos ejemplos de la multiplicación de infraestructuras impulsada por el
Frente Sandinista desde su regreso al poder en enero de 2007.
Bajo los términos de un generoso acuerdo
suscrito entre el gobierno sandinista y el que en su momento presidía Chávez,
Nicaragua obtuvo un plazo de 25 años para pagar la mitad de todo el petróleo
importado desde Venezuela, a una tasa de interés de nada más el 2%.
Esto liberó abundantes recursos: más de
$3 654 millones entre 2007 y 2016, según cifras oficiales; calderilla para una
economía como la venezolana, pero más de tres veces el valor de las
exportaciones nicaragüenses durante el primer año del gobierno de Daniel
Ortega.
El apoyo de Chávez a Ortega fue clave
para la cómoda reelección del presidente sandinista.
No es el único factor, pero el esquema de
cooperación —que ha sido manejado como deuda privada y por lo tanto está libre
de las restricciones y controles de los recursos presupuestarios— ciertamente
fue clave para la reelección del líder sandinista en 2011 y 2016.
La reelección de Daniel Ortega, el
sandinista que ayudó a derrocar a los Somoza y reelegido en un tercer mandato
para gobernar Nicaragua por más tiempo que cualquiera de ellos
Además de financiar numerosas
inversiones, el dinero generado por los créditos petroleros venezolanos ayudó a
mantener programas sociales por casi ocho años.
Gracias a Chávez, y al incremento en los
precios de las materias primas del que también se benefició Nicaragua, el país
logró una tasa de crecimiento muy superior al del resto de Latinoamérica, con
un 4.8% en los últimos cinco o seis años.
Ello explica que durante ese tiempo —y
que por encima incluso de lo que ya estaba ocurriendo en Venezuela— el gran
empresariado nicaragüense mantuviera excelentes relaciones con las autoridades
de un gobierno que se autoproclama revolucionario y socialista, además de
cristiano y solidario.
La cooperación petrolera sobrevivió a
Chávez, pero no a la crisis económica venezolana.
Así, cuando en 2016 la economía
venezolana comenzó su contracción con un impresionante 18%, la nicaragüense
creció en un 4,7%, según las cifras del FMI.
Sin embargo, aunque con cierta demora,
como es lógico la situación venezolana ha terminado por afectar a Nicaragua. La
crisis en Venezuela significó la renegociación de la cooperación petrolera en
2016, y en su interrupción en la práctica en 2017.
El impacto mayor que ha tenido la
eliminación de la generosa “ayuda” venezolana ha recaído en los programas
sociales, que han pasado a tener que ser financiados con fondos del presupuesto
general de la republica y se han visto obligados a reducir el número de
beneficiarios o han sido cancelados.
Las causas del problema radican en que la
naturaleza asistencialista de la mayoría las iniciativas financiadas con el
dinero venezolano las hacían útiles para ganar elecciones, pero no para lograr
una reducción sostenible de la pobreza en un país que, con un PIB per cápita de
nada más $2 151 sigue siendo el segundo más pobre del hemisferio.
La reducción de la pobreza en Nicaragua
no se tradujo en que los pobres dejaron de serlo, sino en que se convirtieron
en personas “vulnerables”, como ha explicado Juan Sebastián Chamorro, que en
cualquier momento podía volver a caer en la miseria, como ha ocurrido ahora,
porque la situación no se tradujo en la creación de empleos permanentes o un
verdadero desarrollo económico: simplemente se estableció una mayor dependencia
al Estado —es decir, al gobierno de turno— y una mentalidad rentista, no solo
para los más pobres sino en beneficio de la clase empresarial.
La “generosa” ayuda venezolana permitió
al gobierno sandinista darle al sector privado concesiones y contratos, en
sectores como la construcción.
Pero todo ello terminó.
Durante años la corrupción imperante, al
no existir mecanismo de fiscalización que permitieran fiscalizar los gastos del
gobierno, es decir del matrimonio Ortega, hizo que muchos miraran hacia otra
parte ante el despilfarro y las ideas disparatas, uno de cuyos ejemplos más
visible es el de los “árboles de la vida”, pero no el más costoso ni el peor.
La cuestión clave en el asunto es cuán
correctamente se aprovecharon las ventajas que brindo Chávez al Gobierno
sandinista, o incluso si ha existido una malversación de fondos, de los entre
$500 y $600 millones que pasaron por la empresa Alba Petróleos de Nicaragua
(ALBANISA), creada para administrar la cooperación venezolana y que se
manejaron fuera del presupuesto del país.
Según el periodista Octavio Enríquez, la
familia gobernante utilizó la cooperación de Venezuela para capitalizar sus
empresas, las de sus allegados, y otras en las que los límites entre lo público
y lo privado se difuminaron en beneficio de los Ortega o el partido de
gobierno.
Esta contribución venezolana sobrevivió
al fallecimiento de Chávez, pero no a la crisis económica venezolana.
Así, cuando en 2016 la economía
venezolana comenzó su contracción con un impresionante 18%, la nicaragüense
creció en un 4,7%, según las cifras del FMI.
Sin embargo, aunque con cierta demora,
como es lógico la situación venezolana ha terminado por afectar a Nicaragua. La
crisis en Venezuela significó la renegociación de la cooperación petrolera en
2016, y en su interrupción en la práctica en 2017.
Lo que ocurre hoy en Nicaragua es un
típico caso de corrupción administrativa, del que los principales culpables son
el matrimonio en el poder. En ello no hay diferencia alguna con lo sucedido en
otros países latinoamericanos, y quienes están en el poder en la nación
centroamericana tienen que pagar por ello. No solo con su renuncia sino ante
los tribunales.
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