miércoles, 31 de octubre de 2018

Una nueva vía para los emprendedores cubanos

  
La tarjeta de turismo, para cubanos que viajen a Panamá fundamentalmente con el objetivo de realizar compras, aunque un “experimento” tímido y limitado, no deja de ser interesante dentro del desolado panorama económico de la Isla.
Primero hay que dejar claras las limitaciones: los cubanos que podrán viajar sin mayores dificultades al país centroamericano son aquellos que previamente hayan adquirido un pasaje aéreo ida y vuelta Panamá-Cuba; que posean un carné de trabajador por cuenta propia; que tengan un certificado de creadores (artesanos) o que hayan viajado anteriormente a Panamá o a otro país, de acuerdo con las disposiciones oficiales. Los que cuentan con una visa panameña no necesitarán el carné de compras. 
Es decir, no estamos ante un cambio fundamental, una medida tendiente a dinamizar la economía y tampoco un fuerte indicador de transformación para la sociedad cubana.
Dicho esto, queda lo interesante. Con esta iniciativa, el Gobierno panameño ha abierto una vía para ayudar en sus negocios a los emprendedores cubanos. Por supuesto, no es una labor desinteresada ni guiada por un ideal político de contribuir al establecimiento de una sociedad democrática en Cuba. Lo hace para vender más artículos en tiendas panameñas a los cubanos. Pero esto es lo propio del capitalismo.
Panamá, según su propio presidente que acaba de visitar la Isla, apoya el desarrollo de la esfera de producción privada en Cuba, pero acatando las pautas dictadas por el Gobierno de La Habana (esto también lo ha dejado claro el mandatario panameño).
Así que el análisis aquí es económico. La sociedad civil, los derechos humanos y la democracia quedan fuera —aunque, por supuesto, ello nos disguste.
Sin embargo, desde esta esfera puramente mercantil hay detalles a considerar, y que son positivos para quienes viven en Cuba.
El primero es que, por primera vez en décadas, los cubanos entran en un grupo del que por muchos años han sido excluidos: los viajeros con dinero para comprar en el extranjero.
Estos cubanos, además, no son en su mayoría funcionarios, agentes gubernamentales o delegados partidistas. Aunque necesariamente obedecen las reglas políticas establecidas en Cuba, no son directamente “instrumentos” del Gobierno.
Panamá les brinda una forma de poder adquirir lo necesario para sus labores o pequeños negocios, sin tener que depender exclusivamente de las empresas estatales cubanas. Es decir, una vía para, de una forma capitalista, escapar a la ineficiencia de la economía (mal) planificada cubana. Y lo que es también interesante es que el Gobierno de La Habana —a regañadientes o porque no le quedan muchas ocasiones en un sistema agobiado por la falta de recursos y liquidez— se ha mostrado de acuerdo en permitir esta vía.
Por ejemplo, la información sobre este “carné de compras” no ha aparecido en la prensa oficial de la Isla, solo en Cubadebate, que en gran medida es para consumo externo. Así que La Habana accede pero no celebra o divulga. Solo que este acceder no era concebible apenas una década atrás.
Para un gobierno que en declaraciones y hechos reitera a diario el rechazo al “enriquecimiento” de los miembros de la producción privada, no deja de ser un atisbo de apertura el que ahora viajen al extranjero a comprar productos.
Pero además, si esta vía de adquirir suministros llega a establecerse y durar —de hecho existen otras con una función similar, pero más “discreta”, como Miami, Guyana y otras naciones centroamericanas— será otra demostración palpable del error repetido de no abrir un mercado mayorista estatal para la producción privada.
En última instancia, y por supuesto desde el punto de vista estrictamente económico, el Estado cubano pierde dinero, ingresos necesarios, divisas, con el no permitir un mayor desarrollo del sector cubano: la ideología, la política limitando el desarrollo económico.
Digamos entonces que el Gobierno de Díaz-Canel explora tentativamente algunas vías de un semi modelo chino o vietnamita dentro de la pobreza. Y en ese tira y encoge transcurre la supervivencia de los cubanos. Pero una supervivencia cada vez más dependiente del capitalismo. Aunque Raúl Castro aún aparezca de vez en cuando en la primera página de los periódicos, para, por ejemplo, despedir a Nicolás Maduro, y recordarle así a lo cubanos de su presencia, de que siempre está ahí.

martes, 30 de octubre de 2018

Yo, el supremo


El presidente Donald Trump ha retomado una vieja idea de campaña en los días finales antes de las elecciones legislativas: ha declarado que mediante una orden ejecutiva piensa quitarles el derecho a la nacionalidad estadounidense a los hijos de padres indocumentados, sin importar el hecho de haber nacido en este país. La propuesta puede debatirse, pero lo que resulta inadmisible es el procedimiento.
La Constitución de Estados Unidos reconoce desde hace 150 años el derecho a la ciudadanía por el hecho de nacer en suelo estadounidense. Así lo establece la Enmienda 14: “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida”.
Ahora, tras más de medio siglo, el vicepresidente Mike Pence dice que la expresión “sujeta a su jurisdicción” excluye a los hijos de quienes “están ilegalmente en el país”.
El Congreso aprobó la Enmienda 14 en 1866 después de la Guerra Civil, para garantizar los derechos de ciudadanía a los afroamericanos descendientes de esclavos. La enmienda anuló una decisión de la Corte Suprema de 1857 conocida como la Decisión Dred Scott, que negaba los derechos de ciudadanía a las personas “cuyos antepasados fueron importados a los Estados Unidos y vendidos como esclavos”.
Es decir, que Trump y Pence quieren darle marcha atrás a la historia y considerar los inmigrantes indocumentados como si fueran esclavos, o incluso menos que esclavos.
Detrás de la declaración de Trump divulgada a través de un video hay una táctica política que ya ha utilizado —por lo demás con buenos resultados durante la elección presidencial— y es avivar el debate migratorio para ganar dividendos con su base de votantes.
A ello se suma ahora su triunfo con el nombramiento del juez Brett M. Kavanaugh para la Corte Suprema.
La vía entonces queda clara para cualquier escolar sencillo: Trump emite la orden ejecutiva, de inmediato es impugnada en las cortes y se pone en marcha un proceso que culmina en el Tribunal Supremo, donde el presidente cree contar ahora con una mayoría suficiente para que se pronuncie a su favor en la interpretación sobre lo que significa “sujeta a su jurisdicción”.
El debate constitucional se reduce y el presidente —no hay que olvidar que en su toma de posesión juró “defender la Constitución”— logra una victoria política.
Mientras tanto, el mandatario muestra de nuevo un desprecio absoluto hacia el poder legislativo.
Porque lo cuestionable aquí no es que se discuta la necesidad de realizar cambios o agregados constitucionales, estos se han hecho con anterioridad. Lo que llama la atención y alarma es que el presidente quiera pasar por encima del Congreso; que trate, mediante un burdo truco de omitir el procedimiento establecido para que una enmienda entre en vigor: ser propuesta a los estados, para ser aprobada por estos, por un voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y ser ratificada por tres cuartos de los mismos. De lo contrario, Estados Unidos no necesitaría un presidente, alcanzaría con un rey.

Estos republicanos no dejan de asombrarme


Los mismos republicanos que vociferan y se rasgan las vestiduras cada vez que alguien se manifiesta contra la venta de fusiles de asalto a los ciudadanos, y lo hacen recurriendo a la Segunda Enmienda de la Constitución, que exigen se interprete al pie de la letra como un texto sagrado, ahora plantean que la 14ª Enmienda de esa misma Constitución es un documento modificable, sujeto a interpretaciones, y que puede ser reformado con un simple plumazo de Trump.

lunes, 29 de octubre de 2018

Crece el odio en EEUU durante el Gobierno de Trump


El número de los denominados “grupos de odio”, incluidas las milicias armadas, se incrementó en Estados Unidos en un 755 % en los primeros tres años del Gobierno de Barack Obama. Luego disminuyó brevemente, pero ha vuelto a aumentar tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
De 149 grupos existentes a finales de 2008 a los 1 274 en 2011.
Estos datos, que provienen del Southern Poverty Law Center (SPLC), institución dedicada al seguimiento de los grupos extremistas en el país, revelan el incremento de los movimientos que proclaman la supremacía de los blancos tras la llegada a la Casa Blanca del primer presidente de la raza negra.
“Desde el principio se comparó a Obama con Hitler o Stalin, se elaboró un discurso en el que el presidente era una persona ajena (a Estados Unidos), no se le trató como a un estadounidense y se le dibujó como una amenaza”, según Peter Kuznick, profesor de historia de la American University de Washington.
El cuestionamiento de los orígenes de Obama incrementó el afloramiento de este tipo de agrupaciones, que en su mayoría tienen un carácter violento y además suelen respaldar con vehemencia la Segunda Enmienda de la constitución estadounidense, que reconoce el derecho a portar armas.
“Son realmente una amenaza —afirmaba Kuznick en septiembre de 2012—. Sobre todo porque han recibido cierta credibilidad por parte de los sectores más conservadores del Partido Republicano”.
La actual sociedad estadounidense no hace más que confirmar las palabras del profesor.
Estos grupos solían estar marginados por la política, pero con el surgimiento del movimiento Tea Party obtuvieron cierto respaldo. Con el Tea Party creció la polarización en Estados Unidos.
“El mensaje del Tea Party no es completamente racista, pero sí lo es de alguna manera. Estados Unidos está viviendo una polarización ideológica”, apuntó Kuznick entonces. Esa polarización no ha dejado de crecer.
Entre los más violentos de estos grupos se encuentran los antiinmigrantes, que empezaron a emerger en la década de los años 20 del siglo pasado y que ahora se han radicalizado ante el incremento interracial.
La expansión de las minorías en EEUU ha incrementado el resquemor y encono de estos grupos. Los datos de 2011 revelaron que por primera vez nacieron menos niños blancos que no blancos según la Oficina del Censo. 
Tras disminuir durante un breve período, los grupos de odio han aumentado de nuevo bajo el Gobierno de Donald Trump.
El número de grupos de odio en EEUU aumentó un 4% entre 2017 y 2016 —pasó de 917 a 954 en ese periodo de tiempo—, según las conclusiones de otro estudio elaborado por el SPLC. El año pasado fue la primera vez que se contabilizaron grupos de odio en los 50 estados, con 66 organizaciones de este tipo en Florida.
En su informe de febrero de 2018, la SPLC aseguró que los grupos de odio en EEUU han aumentado un 20% desde 2014. También observó que el mayor aumento se produjo en los grupos nacionalistas blancos: organizaciones neonazis se incrementaron en un 22 por ciento.
Los grupos antimusulmanes aumentaron por tercer año consecutivo. También vio un descenso de las organizaciones del Ku Klux Klan: pasando de 130 a 72.
“El presidente Donald Trump en 2017 reflejó lo que los grupos nacionalistas blancos quieren ver: un país donde el racismo está autorizado por el más alto cargo en la oficina, los inmigrantes son expulsados y los musulmanes prohibidos”, dijo Heidi Beirich, directora del Proyecto de Inteligencia del SPLC.
Para esta organización, la relación entre la presidencia de Trump y el aumento de grupos racistas es clara: “Si consideras que cuando llevábamos apenas unos días de 2018 Trump llamó a los países africanos ‘países de ***’, está claro que no está cambiando su tono. Y eso es música para los oídos de los supremacistas”, escribió en un comunicado junto a la presentación de su informe.
“Fue un año en el que la extrema derecha, la última encarnación de la supremacía blanca, rompió la barrera que durante décadas mantuvo a los racistas lejos de la política y los medios dominantes”, sentenció.
Sin embargo, no solo entre supremacistas blancos se observó un incremento: “No sorprende que los grupos de odio nacionalistas negros, grupos que siempre han reaccionado al racismo blanco, llegaron a ser 233 en 2017, pasando de 193 en el año anterior”, escribió el informe.
SPLC citó dos factores que contribuyeron al crecimiento de los grupos de odio nacionalistas negros. En primer lugar, el aumento en los incidentes de tipo racial y los ataques de los supremacistas blancos, especialmente la manifestación Unite the Right, que se tornó letal en Charlottesville, Virginia. Y en segundo lugar, el apoyo percibido de los ideales nacionalistas blancos por el presidente Donald Trump.
El último aumento en el número de grupos de odio comenzó en los cuatro últimos años de la presidencia de Barack Obama, según el SPLC, pero cayó hasta los 784 en 2014.
El informe reportó además, por primera vez, la presencia de grupos supremacistas de hombres. Hay dos. Uno abogó por legalizar la violación en propiedad privada, según dijo este centro. El otro defendió que el mes de octubre fuera llamado “El mes de los intentos de violación de mujeres”.
“La supremacía masculina es una ideología odiosa que aboga por el sometimiento de las mujeres. Representa erróneamente a las mujeres como genéticamente inferiores, manipuladoras y estúpidas”, explicó el informe.
Para su estudio, SPLC definió como grupos de odio a aquellos colectivos que con sus actuaciones, ideología o declaraciones demonizaran a algunas clases de personas, normalmente por sus características de origen. Así por ejemplo, entiende como grupos de odio el Ku Klux Klan, grupos anti el colectivo LGBT, nacionalistas negros como el Nation of Islam y grupos antimusulmanes o antiblancos.
Se desconoce cuantas personas pertenecen a dichos grupos pues, según SPLC, muchos de ellos son muy secretos en lo que respecta a sus operaciones y no quieren dar a conocer cuán grandes son.

La Escuela de Chicago y el autoritarismo


El pecado original de las teorías económicas ultraliberales es que requieren de iguales circunstancias que las fracasadas ideas comunistas: la necesidad de un Estado autoritario o una simple dictadura para imponerse
“¿Por qué la Escuela de Chicago y sus teorías económicas ultraliberales abonan mejor en las dictaduras y en los modelos autoritarios que en las democracias consolidadas?”, se pregunta Joaquín Estefanía en una columna de opinión en El País.
“Posiblemente porque para ser puestas en práctica, se necesita que las resistencias ciudadanas ante la desigualdad que generan no tengan cauces fuertes para manifestarse en el seno de la sociedad civil. Es por ello que los laboratorios más puros de los Chicago boys se han instalado en las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano de los años setenta del siglo XX, en la Turquía militar del pasado, y, posiblemente, tendrán otra oportunidad en el Brasil de hoy si el ultraderechista Bolsonaro gana las elecciones”, es su respuesta.
Jair Bolsonaro se impuso en la urnas brasileñas y Paulo Guedes ocupará la dirección del gran superministerio económico en Brasil, señalando una vez más ese “extraño maridaje” entre un ultraderechista nostálgico de la dictadura brasileña y un banquero ultraliberal de 69 años, que ha prometido emprender una política de privatizaciones a ultranza del sector público empresarial (petróleo, electricidad, correos…), una reforma fiscal que reduciría los impuestos a los más privilegiados bajo el reclamo de que son los que más invierten y la sustitución del sistema de pensiones de reparto por otro de capitalización, siguiendo la estela de lo que se hizo en el Chile de Pinochet.
El autor de la reforma chilena de las pensiones, José Piñera, es hermano de Sebastián Piñera, actual presidente del país, que recientemente declaró en España que la música del programa económico de Bolsonaro le sonaba bien. 
Sin embargo, y curiosamente junto con la victoria de Bolsonaro, un cable de la AFP indica que Piñera emprenderá en Chile una reforma del sistema de pensiones de la época pinochetista.
El presidente chileno Piñera anunció el domingo que enviará al Congreso un proyecto para reformar el criticado sistema privado de pensiones que exigirá de forma gradual un aporte de 4% al empleador, hasta ahora excluido de la fórmula recaudadora.
El derechista cumple así con su promesa de reformar el sistema de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y diseñado por su hermano, José, al que solo contribuye con un 10% el empleado y que en promedio produce rentas en torno a los $400 dólares.
Uno de los pilares de la reforma será “aumentar el ahorro previsional de los trabajadores, mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, que será financiado por los empleadores”, señaló Piñera en cadena nacional.
El aporte “crecerá en forma gradual, de forma de no afectar nuestra capacidad de crear nuevos y buenos empleos, y en régimen va a significar un aumento del 40% en las pensiones de todos los trabajadores”, agregó el mandatario.
Piñera destacó que el país tiene 2,8 millones de pensionados de los cuales 1,5 millones tienen mensualidades tan bajas que necesitan ayuda del Estado —a través de pensiones básicas y aporte solidario— para sobrevivir.
Por tal motivo, se ampliará gradualmente el aporte estatal del 0,8% actual a un 1,12% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa un incremento del gasto público cercano a los $1 000 millones.
Así que cabe preguntarse si el banquero brasileño tendrá en consideración el desastre que para los trabajadores chilenos ha significado el sistema de pensiones de la época de Pinochet —que en su momento recibió tantos elogios de los neoliberales que incluso se habló de su puesta en práctica en Estados Unidos, lo que a la largo terminó por perjudicar la imagen política del presidente de entonces en ese país, George W. Bush— o simplemente opte por repetir al pie de la letra el modelo de los Chicago boys.
Pero lo cierto es que —al igual que las fracasas teorías económicas de los regímenes comunistas— el modelo neoliberal, en su forma más pura, requiere de un gobierno autoritario para imponerse a plenitud.
Estefanía en su columna recuerda que Milton Friedman, el padre intelectual de los Chicago boys, visitó a Pinochet en los años más duros de su dictadura, en la mitad de los años setenta, y junto a su mujer, Rose, se hizo fotografías con el militar golpista que fueron publicadas en las primeras páginas de todos los periódicos, y que sirvieron como factor de legitimación. También Friedman fue al frente de la sociedad Mont Pelerin algo así como la Internacional económica ultraliberal, que se reunió en Santiago (otra forma de legitimación). 
En aquella ocasión pasó antes por Lima, donde Mario Vargas Llosa —quien en estos días ha guardado silencio sobre la elección presidencial en Brasil— hizo a Friedman una entrevista en televisión en la que le preguntó si tenía alguna duda moral al observar que sus teorías eran aplicadas generalmente en países con Gobiernos autoritarios: “No”, respondió un Friedman que estaba a punto de recibir el Premio Nobel de Economía, “no me gustan los Gobiernos militares, pero busco el mal menor”.
En El infinito viajar, Claudio Magris recuerda que la concepción radicalmente utilitarista del Gobierno de Margaret Thatcher —otra abandera del neoliberalismo y de la Escuela de Chicago—, que elevó el dinero a único ideal y promovió una transformación social que llevaba a la disolución de todos los valores, especialmente los tradicionales, y cualquier moral austera, terminó encontrando los adversarios más enconados en la Cámara de los Lores. En igual sentido, aunque el actual mandatario estadounidense se cuida mucho de plantearlo abiertamente, el proteccionismo de Donald Trump y su acción económica dista mucho de la época de Donald Trump. Sin embargo, esas contradicciones suelen pasarse por alto, al menos en teoría, suelen pasarse por alto en un gobierno populista, y Brasil no será una excepción en este caso sino todo lo contrario.
Una vieja trama acaba de repetirse en Brasil: aprovecharse de planteamientos con un supuesto fundamento moral y de respeto a los valores tradicionales para llegar al poder y poner en práctica medidas económicas que terminarán por perjudicar a los mismos electores que votaron manipulados por fines doctrinales para elegir un gobierno que extenderá las desigualdades en lugar de disminuirlas.
La fórmula de dictadura política más ultraliberalismo no es nueva. Sus resultados, para la población en general, no para los más favorecidos, también se conocen. En este sentido, puede afirmarse que Brasil retrocede, no avanza. El próximo gobierno de Bolsonaro no inaugurará una era que deje atrás a Lula y Rousseff sino una vuelta a los tiempos de Pinochet en Chile y Videla en Argentina.

Brasil iniciará programa acelerado de privatizaciones


El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro se enfocará en “cambiar el modelo económico socialdemócrata” de Brasil mediante un programa acelerado de privatizaciones y de control del gasto público, anunció el futuro ministro de Hacienda, Paulo Guedes, informa la AFP.
“Brasil tiene 30 años de expansión de gastos públicos descontrolados(...), ese modelo corrompió la política, hizo subir los impuestos, los intereses e hizo crecer la deuda como bola de nieve”, dijo Guedes a la prensa en un hotel en Rio de Janeiro.
Guedes, un ultraliberal formado en la escuela de Chicago, fustigó “el modelo socialdemócrata”.
“Ese modelo socialdemócrata es pésimo, somos prisioneros del bajo crecimiento, tenemos impuestos altos, intereses altos, negociamos con pocos países”, declaró.
Guedes anticipó que las primeras medidas económicas de Bolsonaro, quien asumirá el cargo el 1 de enero, se centrarán en el control del gasto público.
Para eso, precisó, “necesitamos una reforma del régimen de jubilaciones”.
También “vamos a acelerar las privatizaciones, porque no es razonable que Brasil gaste 100 000 millones de dólares en intereses de la deuda”.
Según Guedes, el plan económico de Bolsonaro prevé igualmente una reforma del Estado y una “simplificación y reducción de impuestos”.

jueves, 25 de octubre de 2018

Bolsonaro y la crisis de la democracia liberal


Por lo general quienes apoyan al candidato y casi seguro próximo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confunden los términos de su defensa mediante el antaño enfrentamiento entre izquierda y derecha, cuando la contradicción fundamental que reina en nuestros días es el conflicto entre la democracia liberal y el populismo autoritario. 
Visto bajo este ángulo, el ascenso político de Bolsonaro responde no solo al fracaso de los pasados gobiernos de izquierda sino también a la incapacidad de la ideología liberal o neoliberal —y en particular de su acción política— para lograr un candidato que retome su agenda sin la necesidad de sucumbir en una práctica demagoga, irracional y extrema.
Para disculpar al candidato extremista no faltan las argumentaciones, que viajan de la aceptación a regañadientes, las separaciones imaginarias —donde se selecciona como buenas sus aparentes ideas económicas y como malas sus declaraciones a favor del asesinato y la tortura o su rechazo al homosexualismo y su vulgar misoginia—, así como la ilusión de poder “controlarlo” una vez llegue al poder o aceptar que es “un mal menor”.
Políticos y analistas recurren entonces a las viejas dicotomías, utilizadas con anterioridad en figuras emblemáticas del autoritarismo —Pinochet, Franco—, con el fin de acreditar preferencias: lo malo justificado por circunstancias y lo peor echado a un lado ante lo inevitable.
Se soslaya así la distinción entre ilusión y realidad para caer en la falsa conciencia y evitar entrar en contradicciones que pudieran resultar molestas —a la moral, intereses propios y ajenos o ideales— pero que resultan evitables en apariencia mediante un enmascaramiento o una mistificación.
Si bien Bolsonaro en su campaña se ha beneficiado del uso de noticias falsasy de la ayuda de un grupo de empresarios brasileños afín al ultraderecha, que ha violado la ley al pagar la distribución de publicidad a su favor a través de WhatsApp, según el diario Folha de S.Paulo, el fenómeno de su popularidad trasciende tales artimañas. 
El problema más grave no son los engaños, sino la existencia de una ciudadanía, un electorado dispuesto a dejarse engañar, con ira y con gusto al mismo tiempo.
Más allá de la necesidad de un votante bien informado como el mejor antídoto contra tales métodos, se asiste a un deterioro de la verdad como principio cardinal del comportamiento, una desilusión con la democracia y un auge en toda Latinoamérica —desde hace años en EEUU— de la participación directa y decisiva en los procesos políticos de los predicadores de las iglesias fundamentalistas.
En todos estos factores, lo determinante son las condiciones que han propiciado el resurgimiento de fenómenos que se pensaba ya superados.
Ningún ejemplo mejor que el crecimiento de las iglesias evangélicas en la región. Con su retórica inflamada, sus canales de radio y televisión, sus templos y sus actos de “avivamiento”, los pastores ya no se conforman con las ganancias del gran negocio de la fe. Ahora quieren el poder político.
No es que la fusión de religión y política, bajo la forma de partidos políticos, sea nueva en Latinoamérica. A partir de 1947 ocurrió un auge de la democracia cristiana —con fundamento en las organizaciones políticas de este tipo en Europa— que llevó al triunfo de sus candidatos presidenciales en diversos países (entre ellos Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela) y a la aparición de ministros, senadores y diputados en toda el área. Pero ahora la fuente de inspiración de los grupos y sectas cristianas ya no está en Europa sino en Estados Unidos.
En la actualidad dicho fenómeno tiene características propias, en las cuales se mezclan una ideología profundamente retrógrada en lo familiar y social junto a una práctica muy efectiva con programas de ayuda a la población más pobre —que les permite ganar adeptos entre los más necesitados—, además de una participación económica que favorece el enriquecimiento personal por encima del bien colectivo. Algo así como una socialización reaccionaria.
En Brasil, el país con más católicos del mundo, los evangélicos representaban el 15% de la población en 2000 y el 22% en 2010, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). En 2017 ya eran el 27% de acuerdo con la encuesta de Latinbarómetro. 
Lo curioso es que, junto con este aumento del evangelismo, han surgido alianzas que gracias a la política y la “guerra cultural” trascienden los factores puramente doctrinales. El fenómeno no se limita a Latinoamérica. En EEUU, desde hace algunos años, evangélicos, católicos y judíos se han unido contra el matrimonio entre miembros de igual sexo y el aborto, y a favor de beneficios a la educación en escuelas religiosas. Se han cambiado preferencias partidistas y florecido intereses comunes.
Bolsonaro, antes católico ahora evangélico, con su lema de campaña “Brasil por encima de todo, dios por encima de todos”, ha encontrado un amplio respaldo entre las sectas protestantes.
Según los más recientes sondeos, el 71% de los evangélicos declara su preferencia por él, que podría alcanzar el 59% de los votos el próximo 28 de octubre, de acuerdo con las encuestas. Además, el 74% de los evangélicos opina que es el candidato más preparado para combatir la violencia.
José Wellington Bezerra da Costa, presidente emérito de la Asamblea de Dios, la mayor fuerza evangélica, con 22,5 millones de fieles en Brasil —cerca del 10% de la población— considera a Bolsonaro la mejor opción.
“De todos los candidatos, el único que habla el idioma del evangélico es Bolsonaro. No podemos dejar a la izquierda volver al poder”, aseguró el pastor el 1 de octubre después de mostrar en la fiesta de aniversario de la iglesia, delante de los fieles, un vídeo del candidato felicitándolos.
Con anterioridad, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff, contaron con una parte del voto evangélico, aunque en su segunda campaña presidencial Rousseff se enfrentó a Marina Silva, de la Iglesia Asambleas de Dios (pentecostal) y conocida por su discurso ecologista y feminista.
Pero antes la palpitación del votante evangélico no respondía a afinidades ideológicas, sino al interés de las iglesias de acercarse al candidato más cercano al triunfo, para garantizar cuotas de participación y beneficios tras la elección. Sin embargo, ahora el sector más conservador del evangelismo se ha impuesto, cuenta con una amplia participación en el Congreso, y ha decidido situarse junto a Bolsonaro.
Se repite así el fenómeno observado en EEUU, donde las fidelidades partidistas tradicionales (judíos: demócratas) se han transformado y ya no siguen al pie de la letra guías ideológicas trazadas históricamente sino intereses puntuales. 
De esta forma, muchos evangélicos pentecostales, y gran parte del neopentecostalismo en Latinoamérica, en la actualidad apoyan no a partidos, sino a candidatos específicos: aquellos cuyas propuestas defiendan la agenda moral de sus iglesias.
Así también, el autoritarismo de muchos de estos pastores —que exigen a sus fieles una obediencia total o estos se arriesgan a perder la “bendición de dios” no solo en cuanto a la salvación de su alma sino a los efectos de cada una de las circunstancias de la vida cotidiana— resulta afín al autoritarismo político de que alardea el candidato brasileño.
Es por ello que la actual situación política de Brasil no se comprende a plenitud desde una limitada dicotomía entre la izquierda y la derecha, y tampoco solo recurriendo al “voto de castigo” por la corrupción de la izquierda —aunque ello influye indudablemente— sino por la situación de desamparo que ha llevado a la ciudadanía a desconfiar no solo de los políticos tradicionales sino de las instituciones democráticas: incluso a no creer ni en unos ni en otras.
Por supuesto, nada de lo anterior excluye de culpa a los pasados gobiernos de izquierda brasileños, responsables en buena medida de la debacle actual. Pero siempre sin olvidar que dicha izquierda —más allá de las preferencias de cada cual— actuó dentro de los parámetros de un Estado democrático. Ni Lula fue Chávez ni Rousseff Maduro. 
El fracaso de dicha izquierda —y hasta dónde ese fracaso fue real o la caída de Rousseff fue simplemente una maniobra política de la derecha es asunto de debate— no justifica el surgimiento de la amenaza del que se establezca en el país un gobierno autoritario. El Brasil del Partido de los Trabajadores no era la República de Weimar, donde la situación existente explica pero tampoco justifica la llegada de Hitler.   
Caben sin embargo las interrogantes sobre las limitaciones de un modelo, o de la forma en que dicho modelo es conducido —tanto por políticos diferentes dentro del espectro político— y el arrastre o demora en la necesaria transformación; la dependencia a fines ideológicos y preferencias, así como la ausencia de mecanismos de control y verificación que impidan que se cometan actos de corrupción. Aunque la solución a dichos problemas no es el depositar las esperanzas en la aparente o probada honestidad de un nuevo y “visionario” gobernante sino en el establecimiento de tales mecanismos.
De lo contrario continuará el agotamiento de la esperanza, lo cual define tanto el depositar el voto en un candidato poco o nada habitual como el acudir a las llamadas “teologías de la prosperidad” —con su presencia cada vez más amplia en los medios de comunicación y las redes sociales. No es solo la “salvación del alma” sino la seguridad del cuerpo por medios insólitos: el pastor y el candidato como una especie de último recurso, donde la ideología en su forma tradicional y hasta ayer infalible ha muerto.

miércoles, 24 de octubre de 2018

El príncipe que se creyó invencible y quizá no lo sea


Hace apenas tres años y medio, Mohamed bin Salman era un príncipe saudí más en una familia real legendariamente extensa, que como tantos de sus tíos y primos se entretenía con la bolsa y los negocios y alguna que otra veleidad filantrópica.
Todo cambió cuando su padre, Salman, ascendió al trono en enero de 2015. Mohamed emergería de las sombras, acumulando más poder que ningún otro príncipe antes, y en cuestión de meses pondría patas arriba Arabia Saudí, donde los cambios siempre llegaban a cuentagotas, con un discurso de transformación que embelesaría no sólo a jóvenes y mujeres saudíes sino también a los líderes occidentales, de acuerdo a un artículo aparecido en el diario español La Vanguardia.
De todos los vástagos, no era el que parecía mejor colocado frente a sus admirados tres hermanos mayores, hijos de la primera mujer. Pero tenía una cualidad que le hizo pasar por delante de todos: era el favorito de Salman.
Creció pegado a él. Tenía 12 años cuando empezó a acompañar a su padre, entonces gobernador de la provincia de Riad, a las reuniones. A diferencia de muchos príncipes, que van a la universidad en el extranjero para probar las libertades occidentales, Mohamed prefirió quedarse en Riad, cerca de su padre. Se licenció en Derecho en la Universidad Rey Saud, segundo de su promoción.
Nacido en 1985 y primogénito de la tercera y última esposa de Salman, Fahda, al parecer Mohamed nunca ha fumado, no bebe alcohol ni le gustan las fiestas. 
Al llegar al trono, Salman nombró a su hijo favorito ministro de Defensa —con 29 años, el más joven del mundo— y en pocos meses lo puso al frente del monopolio estatal de petróleo y el órgano de inversión pública. 
Mohamed, a quien empezaron a llamar MBS, no tardó en mostrar sus ambiciones. Lanzó una campaña militar en Yemen (que ha acabado en desastre), montó un boicot a Qatar, anunció una transformación económica para reducir la “adicción” al crudo y proclamó que Arabia Saudí debía dar la espalda al islam radical.
Inversores extranjeros, y también los jóvenes saudíes, estaban entusiasmados con el aire fresco que al parecer traería al reino el príncipe.
Lucha por la sucesión
En una decisión que retrospectivamente parece una pieza de un plan maestro, Salman designó príncipe heredero a Mohamed bin Nayef, ministro de Interior y primero de los nietos de Ibn Saud, fundador del reino, que llegaba a la primera línea de la sucesión. Significativamente, Salman se aseguró de limitar su poder, integrando su corte real en la del rey, que presidía su hijo.
El ascenso del príncipe comenzó a levantar ampollas en la familia real, donde circuló una carta criticando su arrogancia y llamando a un golpe de palacio. Pero en junio de 2017 los Salman se adelantaron: Bin Nayef fue defenestrado y Mohamed fue nombrado heredero. Se quitó de la cartera de Interior la inteligencia y el contraterrorismo, que pasaron a estar bajo Bin Salman. 
La purga se consolidó en noviembre, con la detención de cientos de príncipes y poderosos empresarios en una supuesta “operación anticorrupción”. Entre ellos, Miteb bin Abdulah —hijo del fallecido rey Abdulah y aspirante al trono—, destituido al frente de la Guardia Nacional, la última rama de las fuerzas de seguridad que escapaba a Bin Salman.
Al conceder a su hijo, uno a uno, todos los resortes del poder, Salman “destruyó el principio de consenso” que imperaba en la casa de los Saud para atajar las luchas fratricidas tras la muerte del patriarca, señala David Ottaway, un académico estadounidense del Wilson Center y gran conocedor del entramado de poder saudí. “Es trágico, porque Salman siempre había sido el gran conciliador en la familia real, el que resolvía las disputas internas, hasta que decidió que su legado iba a ser su hijo favorito”, lamenta Ottaway.
“Mohamed y su padre han sido muy estratégicos al colocar a miembros leales del clan Salman en los cargos clave. Nunca un príncipe había concentrado tanto poder”, dice Courtney Freer, analista del Middle East Centre de la London School of Economics.
El escándalo Khashoggi ha lanzado por los aires la imagen de reformista cultivada por Mohamed bin Salman, que tantos elogios le ha valido desde los gobiernos occidentales. Sus decisiones de quitar el poder a la policía religiosa, de abrir cines y salas de conciertos, de permitir conducir a las mujeres, de repente parecen tonterías al lado de la imagen siniestra de un príncipe que se cree tan invencible como para mandar asesinar a un periodista crítico en un consulado.
“Es impetuoso: toma decisiones sin pensar en las consecuencias de sus actos. Es errático. A veces me pregunto incluso si es paranoico. Es narcisista, como Trump. Pero no se puede negar que es muy inteligente y trabajador, de los que llega a las reuniones con los informes estudiados al detalle”, le describe Ottaway.
Hace tiempo que los activistas advertían de la cara oscura del príncipe, que decía que detenía a imanes radicales pero aprovechaba para apartar a reformistas religiosos, que pide la pena de muerte para un economista crítico con sus reformas, que tiene detenidas en aislamiento a feministas mientras presume de defender los derechos de la mujer.
El papel de la Administración Trump
Para Adam Coogle, investigador de Human Rights Watch, Bin Salmanes un monstruo fabricado por EEUU. “El factor decisivo en su ascenso fue el apoyo de la Administración Trump, particularmente su cercanía con el yerno del presidente, Jared Kushner”, dice Coogle. Hasta entonces, el hombre de EEUU era Mohamed bin Nayef, muy respetado por su trabajo en la lucha antiterrorista entre las agencias de seguridad y el ejército estadounidenses, que han visto con aprensión el auge del joven e irreflexivo príncipe. La noticia de que Bin Nayef había sido defenestrado y puesto bajo arresto domiciliario (al parecer así sigue) “molestó a muchos en Washington”, señala Coogle.
Bin Salman se ha ganado muchos enemigos en la casa real saudí que podrían ver en el escándalo Khashoggi la oportunidad que esperaban para acabar con él. Pero tras la implacable purga de los Salman, no está claro que quede nadie con capacidad para dar un golpe palaciego. 
“Sólo el rey Salman, si abre los ojos a que su hijo favorito está fuera de control y es un peligro, puede quitarle del poder”, opina Ottaway, quien piensa que quizá el rey es el “único que decía la verdad” cuando aseguró a Trump que no sabía nada de lo ocurrido con Khashoggi.
Se rumorea que el rey padece demencia senil y que Bin Salman ha logrado extender sus tentáculos de poder y aislarlo, pero Ottaway cree que Salman aún manda. Señala un precedente significativo, cuando Bin Salman pretendió sumarse al plan de paz palestino-israelí de Kushner. “El rey se puso firme y se negó”.
¿Mantendrá el rey el apoyo a su hijo favorito?
“La pregunta ahora es si Salman mantendrá su apoyo a este hijo que se ha convertido en persona non grata en Washington, quizás no en la Casa Blanca pero sí en el Congreso y en la prensa, y que ha hecho un daño irreparable a la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos”, señala Ottaway.
Se trata de un dilema tremendo el que encara el rey saudí, que pronto tendrá que decidir si echa a un lado a su sucesor escogido a fin de preservar las buenas relaciones de Arabia Saudí con Washington, expresa Ottaway en un artículo aparecido en el diario digital estadounidense Politico.
Es cierto que de momento el príncipe heredero continúa contando con el apoyo del presidente Donald Trump, pero fuera de la Casa Blanca cada vez más es visto como un indeseable en Estados Unidos. Congresistas de ambos partidos están solicitando al presidente que adopte una posición más severa ante lo ocurrido y no se han detenido a la hora de formular sus opiniones ante la prensa.
“Creo que Mohamed bin Salman estuvo involucrado en esto, que dirigió esto y que esta persona fue asesinada a propósito”, dijo el senador republicano Bob Corker el domingo en una entrevista en la cadena CNN. “Se deben establecer sanciones para cualquiera que haya tenido algo que ver con eso”, añadió. “Nunca me convencerán de que no hizo esto”, afirmó el también republicano Lindsey Graham en la cadena Fox. El senador demócrata Dirck Durbin se quejó de la tibieza de Trump, que pide tiempo y más pruebas antes de señalar a Riad. “La única persona en la Tierra fuera del reino saudí que parece aceptar la investigación saudí es el presidente Trump. Debemos expulsar formalmente al embajador saudí en EEUU hasta que se complete la investigación por parte de un tercero sobre el secuestro y el asesinato de Jamal Khashoggi”, recalcó, de acuerdo a una información aparecida en El País.
¿Qué hará Trump?
El propio Trump ha ido cambiando el tono respecto a Riad conforme ha ido surgiendo más información en torno al caso. De dar por buenas las primeras explicaciones de los saudíes, ha pasado a admitir que “obviamente, ha habido engaño y mentiras”. 
Trump ha enviado a la directora de la CIA a Turquía, para conocer la información que manejan los agentes de inteligencia de ese pais sobre el asesinato. 
“No estoy satisfecho con lo que he oído [de Arabia Saudí]”, dice el presidente.
Sin embargo, de momento no hay muestra alguna de que corra peligro la relación con quien considera un “aliado increíble” y con quien hace algo más de un año firmó el mayor contrato de venta de armas de la historia estadounidense. Se trata, además, de uno de los escasos amigos que tiene Trump en Oriente Próximo, junto con Israel, y con el que puede contar para hacer cumplir las sanciones contra Irán.
Las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Trump apuntan a los supuestos ejecutores del asesinato, pero no se atreven con quienes ordenaron llevarlo a cabo.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, informó el marte de que se revocará el visado de los funcionarios del país supuestamente implicados en la muerte de Khashoggi, que vivía en EEUU. Se trata de una penalización leve, aunque Washington advierte de que le seguirán otras medidas cuando avancen las investigaciones.
“Estas sanciones no serán la última palabra de EEUU sobre este asunto”, advirtió el jefe de la diplomacia. “Estamos dejando claro que no toleraremos esta forma despiadada de silenciar al señor Khashoggi, un periodista, por medio de la violencia”, añadió. Pompeo señaló que EEUU había identificado como supuestos reponsables no solo a agentes de inteligencia, sino también funcionarios reales y de diferentes ministerios.
Trump, por su parte se refirió el martes a lo sucedido como “el peor encubrimiento de la historia”. Pero, qué preocupa al presidente de EEUU: ¿el asesinato macabro o que no lo ocultaran bien?
De momento también, el rey Salman no parece mostrar intención alguna de cuestionar a su heredero, al que ha nombrado al frente de una nueva comisión encargada de reorganizar los servicios de inteligencia que ya se encontraban a su cargo.
Las evidencias, sin embargo, no dejan duda sobre la participación directa del príncipe heredero. Los saudís han arrestado 18 individuos, de los que no han dado a conocer su identidad, y destituido a cinco altos cargos, en respuesta a las informaciones aparecidas en la prensa turca. Dos de los funcionarios de alto rango destituidos se encuentran entre los más cercanos colaboradores del príncipe heredero: Saud al Qatarí, su principal estratega de relaciones públicas, y el mayor general Ahmed al Assiri, su vice jefe de inteligencia.
Los periódicos The Washington PostThe New York Timeshan logrado identificar a 12 de los 15 miembros del grupo que viajó a Turquía y se supone involucrado en el asesinato, los cuales son mienbros de la inteligencia saudí. Al menos cuatro de ellos pertenecían a la guardia real encargada de la protección personal del príncipe. En total, se conoce que al menos seis de los funcionarios y oficiales involucrados mantenían una extremada cercanía con el príncipe Mohammed.
En Estados Unidos y en todo el mundo se conoce este patrón de conducta de Arabia Saudí, de en un primer momento negar los hechos para luego tener que aceptarlos, sobre todo a partir de lo descubierto por la prensa. Cuando ocurrió el ataque terrorista del 11 de septiembre, luego de una inicial y tenaz negativa, el reino tuvo que reconocer que 15 de los 19 secuestradores que realizaron los actos terroristas eran saudís, aunque no se encontraron pruebas de una participación de la casa real en los hechos. Ahora las pruebas del asesinato bestial de Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, apuntan directamente a un miembro de la familia real. Así que el rey Salman tendrá que decidir si el heredero del trono sea un paria en Washington, si no para Trump y su yerno, sí para el resto de los estadounidenses.

¿El Papa «peronista»?


La relación entre el Gobierno argentino y los obispos ha alcanzado un punto de máxima acritud. Y, por elevación, todos los dedos señalan al papa Francisco, que ha modelado desde el Vaticano la jerarquía eclesiástica de su país de acuerdo al diario español El País.
Las acusaciones gubernamentales de que Jorge Bergoglio ampara al peronismo se recrudecieron a partir de una misa ofrecida por el obispo Agustín Radrizzani en Luján, ante miles de sindicalistas, en que el sacerdote criticó duramente en su homilía la política económica y social del presidente Mauricio Macri. Aunque los portavoces eclesiales dicen que no se trató de un acto político.
Fue el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, enemigo declarado de Macri, quien solicitó la misa hace más de un mes. Con él estuvo su hijo Pablo, también dirigente sindical. Ambos, padre e hijo, son investigados por la justicia por distintos casos de corrupción. Asistieron a la ceremonia numerosos representantes de las corrientes peronistas, entre ellos Daniel Scioli, exgobernador de Buenos Aires y candidato peronista a la presidencia en las últimas elecciones.
Pablo Moyano aseguró que el acto contaba con la bendición papal: “No se podría haber realizado la movilización sin la venia del papa Francisco”, dijo.
La homilía de Luján fue muy explícita en sus críticas: “Ante la falta de trabajo, los despidos masivos y la flexibilización laboral, donde muchos tienen un salario injusto y las jubilaciones no alcanzan por el sistema económico egoísta, que prioriza la especulación financiera en detrimento del trabajo, rezamos para que los gobernantes tanto oficialistas como opositores cambien este modelo que pone en peligro la vida y la paz social”.
El obispo Radrizzani pareció respaldar a los Moyano en sus problemas con los tribunales (“sufrimos un Poder Judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia”) y rechazar el acuerdo negociado por Macri con el Fondo Monetario Internacional: “Nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino y no quiere tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil”, “el dinero debe servir, nunca gobernar”.
Ni Macri ni los portavoces oficiales del Gobierno hicieron declaraciones públicas tras la misa sindical de Luján. De forma privada, sin embargo, expresaron un tremendo enfado. Otros lamentaron que el obispo no hiciera referencia alguna a los gravísimos casos de corrupción que afectan al peronismo y en especial a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner.
El acto de Luján fue el colofón de una semana rica en gestos afectuosos de la jerarquía católica hacia el sindicalismo y el peronismo. El miércoles, el obispo Jorge Lugones, muy próximo al papa Bergoglio, recibió a Hugo Moyano justo en el momento en que un juez debía decidir si ordenaba la detención de su hijo, Pablo Moyano. El viernes, el obispo de La Plata, Víctor Fernández, también muy próximo al Papa, participó en una oración por la paz social junto a personalidades como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Roberto Baradel, un sindicalista enfrentado con María Eugenia Vidal, la gobernadora macrista de Buenos Aires.
Antes de ser elegido Papa, el obispo Jorge Bergoglio mantuvo relaciones muy tirantes con Néstor y Cristina Kirchner. Su relación con el liberal Mauricio Macri es peor. Cuando le recibió en el Vaticano, hace dos años, el ambiente fue gélido. Macri confió en que la audiencia pusiera “fin a las especulaciones” sobre la mala relación, pero ocurrió lo contrario. Las “especulaciones” aumentaron, basándose en los documentos papales contra el poder financiero (que en Argentina se identifica con Macri) y en la actuación de los obispos. 
Aborto, homosexualismo y política
Las discrepancias entre el actual mandatario argentino y el Papa han incidido incluso en el tema del aborto.
El presidente Macri brindó un amparo tácito al debate sobre la despenalización del aborto en Argentina, una medida finalmente derrotada en el Senado en agosto pasado. Ello fue muy mal acogido por Francisco y abrió una nueva fase de la guerra soterrada entre la Casa Rosada y el Vaticano.
Sin embargo, cuando era alcalde de Buenos Aires, Macri se mostró como un fuerte partidario en contra del aborto.
En octubre de 20112, Macri anunció el día y el hospital en que se iba a llevar a cabo una interrupción de embarazo, en un intento de boicotear la intervención, la primera que iba a practicarse con la nueva normativa aprobada por el entonces gobierno peronista.
Al día siguiente del anuncio del alcalde, la asociación católica Pro Familia acudió a un juzgado para impedir el aborto. También organizó manifestaciones en los domicilios del director del hospital y de la mujer ingresada en el hospital, cuyos padres no sabían que su hija estaba embarazada (la joven había sido secuestrada y obligada a prostituirse).
La oposición al alcalde Macri, integrada por el kirchnerismo, el centro y la izquierda, promovió una ley en el Poder Legislativo de Buenos Aires para permitir los abortos por violaciones en cualquier plazo y establecer que las menores de edad podían interrumpir sus embarazos sin consentimiento de sus padres.
La ley se aprobó por 30 votos a favor y 29 en contra. Luego Macri anunció que vetaría la norma.
Tras un proceso judicial, la Corte Suprema autorizó la operación.
Sin embargo, tras llegar a la presidencia Macri ha mantenido una actitud menos injerencista sobre el tema.
A finales de febrero de este año declaró ante los legisladores que debatirían el asunto: “Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie. Hay libertad de conciencia”. Con ello reafirmó el criterio gubernamental de dar vía libre al tratamiento del asunto en el Congreso, un debate que culminó con la derrota de la despenalización del aborto.
Tras la derrota de la medida, el mandatario aseguró que el debate sobre el aborto continuaría.
“El problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan la posibilidad de elegir”, afirmó Macri en declaraciones a la prensa tras mantener una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires.
Con anterioridad, ya Macri había cambiado de opinión sobre otro tema candente para el conservadurismo argentino.
“La homosexualidad es una enfermedad, no es una persona ciento por ciento sana”, había dicho Macri en 1997 en una entrevista publicada por el diario Página/12.
Sin embargo, en noviembre de 2009, una jueza porteña había decidido habilitar que una pareja gay se casara. El entonces cardenal Jorge Bergoglio presionó a Macri para que apelara esa decisión. Pero este decidió grabar un mensaje que decía:
“Tuve un debate interno, sopesando mi formación y mi historia con mi búsqueda de las mejores costumbres y las mejores libertades para la sociedad . Y siento que es un paso importante, porque hay que aprender a vivir en libertad, sin vulnerar los derechos de los otros. El mundo va en esta dirección, así que estoy contento. Y espero que sean felices”.
Ese tipo de actitudes le sumó a Macri un sector social nuevo, de tradición liberal y alfonsinista, que lo fue adoptando a medida que realizaba obras públicas en barrios populares, confrontaba con el Papa y con el kirchnerismo a la vez, y mantenía los niveles de gasto social de los períodos anteriores. 
Francisco, Macri y Cristina
El Papa considera que el Gobierno de Macri cumple con los postulados impuestos por Estados Unidos. Francisco no ha querido venir a su país natal durante los casi tres años que Macri ha gobernado Argentina y, cuando lo recibió en el Vaticano, lo hizo en una cita muy breve, de escasos 22 minutos, y con fotos en las que se mostró serio y sin afabilidad alguna.
Por el contrario, durante este tiempo el Papa ha recibido sonriente y en largas audiencias en la Santa Sede a dirigentes cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la principal rival opositora a Macri.
Nunca la relación entre la Iglesia del Papa argentino y el Gobierno de Macri ha sido armónica, pero jamás las diferencias habían llegado tan lejos como en estos momentos, en que el macrismo atraviesa los tiempos más difíciles de su gestión y la imagen del mandatario muestra récords de caída.
Entre la cosmovisión que expresa Macri y la que inspira la Iglesia hay diferencias radicales. La práctica política y la crítica realidad económica no ha hecho más que ahondarlas, expresa un artículo de Claudio Jacquelin para La Nación.
La historia de vida, la perspectiva política y las relaciones personales de muchos de los principales obispos argentinos tienen pocos anclajes en el actual gobierno y notables diferencias con el sentido de sus políticas. Por el contrario, abundan los puntos de contacto con el universo panperonista y, en cierto sentido, muchos de ellos terminan coincidiendo con el kirchnerismo, que considera a la actual administración un paréntesis histórico de un orden nacional y popular que ellos pregonan y encarnan. A su entender, el macrismo representa una anomalía liberal, antinacional y antipopular en el devenir de “la nación católica”, como diría el intelectual italiano Loris Zanatta.
Si se repasa la historia de los dos jerarcas que recibieron con particular deferencia a Moyano en estos días, parecen quedar pocas dudas. El titular de la pastoral social, monseñor Jorge Lugones, es hermano del exinterventor de la policía bonaerense en tiempos de Eduardo Duhalde, y tío del exintendente peronista de La Plata, Pablo Bruera.
El arzobispo de Luján-Mercedes, Agustín Radrizzani, anfitrión de los gremialistas, políticos peronistas y dirigentes sociales que promovieron la misa devenida en multitudinario acto opositor, siempre fue considerado un obispo cercano al “campo nacional y popular”. De su época de obispo de Neuquén conservó lazos con el exsecretario general de la presidencia del kirchnerismo, Oscar Parilli,  supo mantener una más que cordial relación con el matrimonio Kirchner, aún en las épocas del conflictivo vínculo de Néstor y Cristina con el entonces cardenal Bergoglio. Solía elogiar y agradecer públicamente a ambos, al amparo del aporte del gobierno nacional a la restauración de la histórica basílica. 
En los sectores más laicistas de Cambiemos las opiniones son mucho más cáusticas y podrían resumirse en la calificación que hace del Papa argentino un politólogo que goza de influencia en un sector de la coalición oficialista: “En lugar del vicario de Cristo en la Tierra, a veces Bergoglio parece el vicario de Perón en la tierra”.
Una y otra vez, junto a las diferencias en temas de política económica y justicia social, vuelve a figurar el tema del aborto y las culpas siempre recaen en Macri. Algunos lo acusan de haber boicoteado la legalización. La Iglesia católica, el resto de las confesiones y sus fieles más conservadores le recriminan haber abierto el debate y ponerlo a las puertas de la aprobación. Ahora unos y otros le pasan facturas.
La Iglesia encuentra en la crítica situación económica un atajo para cobrarse esa y otras cuentas que vienen de más lejos y son más profundas. El kirchnerismo en su totalidad, buena parte del peronismo político y sindical y otros adversarios del Gobierno lo aprovechan y lo celebran. Pero es posible que el conflicto resulte muy costoso para todos, advierte Claudio Jacquelin.

Bouguereau, sociedad y erotismo

La obra de William-Adolphe Bouguereau recorre con facilidad y simpleza dos mundos afines y contradictorios: la pintura de la segundad m...