martes, 12 de febrero de 2019

Seis minutos, 20 segundos, 17 muertos


El próximo jueves 14 se cumplirá un año de la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida. Durante este tiempo, se han multiplicado las protestas, surgió un movimiento, ocurrieron otras masacres e interminables tiroteos, y nada se ha hecho.
La venta de todo tipo de armas de fuego ha continuado inmutable.
Ninguna regulación o ley aprobada.
Siempre presente el peligro de que en cualquier escuela —a los pocos  minutos de terminar el último turno de clases— suene la alarma de incendio y los alumnos salgan a los pasillos; en medio de la confusión crean escuchar el sonido de fuegos artificiales y sean en realidad disparos de un fusil de asalto del tipo AR-15.
Ausencia total de un logro en el campo legislativo.
Hace unos días, la Cámara de Representantes inició —por primera vez en años— audiencias destinadas a frenar el peligro.
La comisión judicial de la Cámara contempla un proyecto de ley bipartidista  que exigiría la verificación de antecedentes en todo tipo de venta y en la mayoría de los traspasos de armamentos (The Bipartisan Background Checks Act). La propuesta cuenta con 230 patrocinadores en la Cámara, de los cuales cinco son republicanos.
“A pesar de la necesidad obvia de ir a la fuente del problema de la violencia con armas de fuego, por mucho tiempo el Congreso no ha hecho virtualmente nada, Pero ahora, iniciamos un nuevo capítulo”, dijo el presidente de la comisión judicial, el demócrata Jerrold Nadler, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters.
Por su parte, los legisladores republicanos consideran que la legislación no cumpliría con el objetivo de protección de los delitos con armas de fuego. 
“La mayor crueldad en el mundo es decirle a las personas que van a ayudarlas en su situación con una ley, y entonces tratar de aprobar una legislación que no haría nada para resolver el asunto”, afirmó el representante Doug Collins, el republicano de mayor rango en la comisión judicial, según Reuters. 
La situación con las armas de fuego no se limita a los delitos. De las 40,000 muertes por armas ocurridas en 2017, el 60 por ciento fueron auto infringidas, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
No se espera que el proyecto legislativo de la Cámara logre su aprobación en el Senado, de mayoría republicana.
Hay un aspecto fundamental en que el proyecto en la Cámara merece la mayor atención. Busca una solución que trasciende la línea partidista, intenta un arreglo que coloca a un lado la ideología.
Quienes rechazan la facilidad con que en este país se adquieren armas de fuego, por lo general se enfrentan a tres argumentos en contra.
El primero es que dicha posición es típica de un pensamiento “liberal”, en el sentido izquierdista que se da a dicho concepto en Estados Unidos. El segundo es la necesidad de estar armado con fines de protección personal. El tercero es que se trata de un derecho establecido por la Constitución.
Sin embargo, los primeros que se oponen a dicha facilidad son los cuerpos policiales, que están lejos de poder ser acusados de “liberales”. Las investigaciones muestran que en los hogares en que hay armas aumenta el peligro de que ocurran muertes (The New England Journal of Mediciney el American Journal of Epidemiology, entre otras publicaciones). En ningún momento la Constitución habla de poseer uno de los poderosos fusiles actuales.
Lo que continúa siendo un desatino es que una parte importante de la población de EEUU considere una necesidad primordial el poder comprar un fusil de asalto, no simplemente una escopeta de caza, un revolver o una pistola, al tiempo que existen serias dudas  sobre el grado de responsabilidad que tienen muchos de los que adquieren este tipo de armamento. Y nadie parece capaz de poner freno a esa locura.

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