La culpa de Trump y la culpa de sus seguidores

El panel legislativo que investiga los sucesos que llevaron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 enfrenta una difícil tarea a la hora de determinar, o al menos mostrar, la culpabilidad del expresidente Donald Trump en los hechos.

El documento con la presentación de sus hallazgos señala algunas de estas complicaciones, en particular en lo que respecta establecer si el exmandatario cometió un delito.

Si bien la  comisión podría demostrar que a Trump se le advirtió repetidamente que su retórica no era cierta, puede ser más difícil probar que él creía en esas advertencias, un paso potencialmente importante para establecer que actuó de manera corrupta y violó la ley.

Estos son algunos de los datos conocidos, sobre varias comunicaciones al presidente respecto a los resultados electorales, según informa The Washington Post:

Un experto en datos de la campaña del expresidente le dijo sin rodeos, poco después del cierre de las urnas en noviembre de 2020, que de forma absoluta perdía la reelección.

En las semanas siguientes, varios altos funcionarios del Departamento de Justicia le dijeron que habían examinado de cerca las denuncias de fraude que estaban haciendo circular los aliados cercanos de Trump, y que las habían encontrado simplemente falsas.

Y en los días previos a la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021, incluso el leal vicepresidente de Trump, Mike Pence, le transmitió repetidamente a este que no creía que la Constitución le diera el poder de anular la elección mientras presidía sobre el conteo de votos del colegio electoral que le otorgaba la presidencia a Joe Biden.

Estos y otros nuevos detalles se incluyeron en un informe legal presentado el miércoles por la noche por los abogados de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, y si se había infringido la ley en las semanas y horas previas a la agresión.

Según el panel y otros participantes, al menos 11 asistentes y confidentes cercanos le dijeron a Trump directamente en las semanas posteriores a las elecciones que no había fraude ni forma legal de anular el resultado.

El objetivo de la comisión es convencer a un juez federal de que existe una “fundamentación de buena fe” para concluir que Trump y otros participaron en una “conspiración criminal” para defraudar a Estados Unidos y obstruir el Congreso antes del ataque al Capitolio, así como probar que Trump estaba actuando de manera corrupta al continuar difundiendo mentiras sobre las elecciones, mucho después de que tenía motivos para saber que había perdido legítimamente.

Uno de los aspectos en que se centró la investigación llevada a cabo por la comisión es en la rapidez con la que algunos de los principales asesores de Trump llegaron al convencimiento de que las acusaciones que hicieron circular algunos de sus aliados, sobre que las máquinas de votación de Dominion Voting Systems habían sido pirateadas, no eran ciertas, dijo una de las personas. Al mismo tiempo, la comisión ha estado interesada en conocer por qué los abogados de campaña se desvincularon de los desafíos electorales de Trump, permitiendo que el abogado personal de Trump, Rudolph W. Giuliani, tomara la iniciativa.

Las personas entrevistadas por la comisión han dicho que los investigadores del panel se concentraron en los momentos en que se le informó a Trump que sus palabras no se fundamentaban en los hechos. o se le advirtió que estaba instando a otros a violar la ley.

Una de esas personas dijo que la comisión pasó cinco horas enfocada particularmente en el papel del exjefe de gabinete, Mark Meadows, y la abogada de Trump, Cleta Mitchell, al sembrar dudas sobre las elecciones incluso antes de la votación. La comisión está investigando extensos mensajes de texto entre Meadows y Mitchell, dijeron dos participantes a The Washington Post.

La presentación judicial del miércoles también incluyó extractos de declaraciones en las que los investigadores hicieron preguntas puntuales a los testigos sobre si le habían informado a Trump de que las acusaciones de fraude electoral no eran ciertas.

El entonces fiscal general adjunto interino Richard Donoghue le dijo a la comisión que durante una llamada telefónica con Trump el 27 de diciembre de 2020, le informó al presidente: “Señor, hemos realizado docenas de investigaciones, cientos de entrevistas. Las principales acusaciones no están respaldadas por las pruebas existentes”.

Por separado, el exfiscal general William P. Barr escribe en su libro de próxima aparición que le dijo a Trump, en una reunión explosiva en la Oficina Oval el 1º de diciembre de 2020, que sus afirmaciones de fraude electoral no tenían fundamento.

“Le he dicho que las denuncias de fraude no se sustentan… Y otros también se lo han dicho. Pero su equipo legal continuaba sacando eso a la luz... al pueblo estadounidense. Y estaba mal”, relata Barr en sus nuevas memorias, a las que The Washington Post obtuvo acceso antes de su publicación el 8 de marzo.

A pesar de las pruebas de que a Trump se le advirtió repetidamente que estaba engañando a la gente, varias personas dijeron que Trump pasó las semanas entre la elección y el 6 de enero consultando con otros confidentes, incluido Giuliani, quien insistió en que la elección estuvo plagada de irregularidades y fraude. Las personas que han pasado mucho tiempo con Trump dicen que él insiste ferozmente, incluso en privado, en que fue el verdadero ganador de las elecciones.

Pero a la hora de determinar culpables, y como suele ocurrir, los subalternos si acaso pagarán algunas culpas —posiblemente pocas— y el principal culpable seguirá libre. Por ejemplo, el exabogado de Trump, John Eastman —el documento presentado ante la corte busca que entregue miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos de los días en torno al ataque del 6 de enero— puede que resulte vinculado a algún delito de conspiración.

Sin embargo, los expertos legales asegura que podría ser difícil probar en un tribunal que Trump actuó con intenciones criminales, aunque se intentara persuadirlo de sus creencias erróneas o falsas.

“Hasta cierto punto, su locura es su mejor defensa”, dijo el exfiscal federal Randall Eliason. “El hecho de que a menudo él parece realmente creer en algunas de estas cosas, podría jugar a su favor cuando se trata de un caso penal, donde los fiscales tendrían que demostrar una intención corrupta o fraudulenta”.

Así que todo ello deja abierta la pregunta principal: más allá de si Trump realmente creyera que ganó las elecciones y fuera un alucinado, en lugar de un simple estafador, bajo qué fundamentos, no solo cívicos y políticos sino racionales, elegirlo. Y aquí entra el irracionalismo que ha llevado a los pueblos a tantos errores, de Hitler a Fidel Castro. Lo que, por supuesto, no deja mucho espacio a la esperanza.