Cuba solo produce algo más de la mitad de los medicamentos necesarios

La industria cubana solo ha producido en lo que va de 2022 el 59 % del catálogo básico de medicamentos destinado al sistema de salud pública, de acuerdo con datos de la prensa oficial.

Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), declaró a mediados de mayo que el 94 % del desabastecimiento se explica por la “no disponibilidad de materias primas y materiales necesarios”, mientras que el otro 6 % es por 6 % del desabastecimiento se debe “paradas de plantas por roturas o mantenimientos”.

Durante el año pasado, se registró un grave desabastecimiento de medicamentos básicos, que afectó a los tratamientos para enfermedades como la artritis, además de a los antihistamínicos, ansiolíticos y antidepresivos, entre otros.

La escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas, fue uno de los principales elementos de carácter económico en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, las mayores en décadas. 

Ahora Martínez dice que la industria estatal biofarmacéutica de Cuba trabaja “de forma incansable” para garantizar el 61,8 % de los medicamentos del cuadro básico, según informaron medios oficiales.

El funcionario indicó que el sector busca garantizar 525 de las 849 medicinas básicos del Sistema Nacional de Salud “a pesar de las limitaciones en la disponibilidad de las materias primas”, recogió el diario oficial Granma.

No hay razones para confiar que ese objetivo de garantizar el 61 % de los medicamentos del cuadro básico —según las normas establecidas por el régimen— se alcance.

Cuba elimina el uso obligatorio de la mascarilla

 

Cuba eliminará el uso obligatorio de la mascarilla desde este martes, una medida que ha estado vigente durante más de dos años para enfrentar la pandemia de la Covid-19, al considerar que se ha logrado el control de la enfermedad en el país con el avance de la campaña de vacunación, informa la agencia Efe.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, dio a conocer la decisión el lunes durante una comparecencia en la televisión estatal, en la que señaló que queda en la “responsabilidad individual” la protección contra el coronavirus.

Portal explicó que en el país se ha llegado a un “nuevo momento” para enfrentar la pandemia que permite actualizar el protocolo del sistema de salud que se estableció para la emergencia sanitaria.

Recalcó que hay un “cambio radical” de la situación epidemiológica de Cuba y que es cada vez más evidente el control de la epidemia en cuanto a la incidencia de nuevos contagios, así como de casos graves y críticos.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap) resaltó que Cuba presenta en la actualidad “un escenario con un bajo nivel de trasmisión” del coronavirus con una reducción significativa del número de casos diarios y sin fallecidos en los últimos 19 días.

Consideró que lo anterior es resultado de la estrategia nacional de vacunación puesta en marcha en la isla, en combinación con el resto de las medidas sanitarias aplicadas.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por las autoridades de salud, la situación epidemiológica es “favorable” luego de transitar desde la fase de trasmisión “autóctona” del Covid-19 a la “comunitaria”, y que ahora consideran que se encuentra en la “esporádica”.

El Minsap indicó que durante nueve semanas consecutivas se han reducido los casos de Covid-19 con informes de 390 y 279 contagios semanales en la última quincena. En este mes solo se registraron 2.127 positivos y 2 fallecidos.

Gobierno cubano busca atraer a los turistas mexicanos

El gobierno cubano busca reactivar el turismo y que México sea de las principales naciones que impulsen la actividad en la isla, y con ese motivo anunció la puesta en marcha del programa “Cuba Única”, informa el diario mexicano La Jornada.
En conferencia de prensa, Xonia Beltrán, consejera de turismo de la embajada cubana en México, señaló que dicho país ha adoptado todos los protocolos necesarios para reactivar la llegada de viajeros, además que ha logrado vacunar a la gran mayoría de sus habitantes contra el Covid-19 para que los visitantes se sientan seguros durante su estancia.
“Cuba es única, por sus destinos, las islas y las playas, hemos logrado vacunar a nuestra población y hemos aplicado políticas de inclusión social, es un destino sin igual”, afirmó.
Señaló que, específicamente sobre el turismo mexicano, actualmente ya son 42 frecuencias de vuelo a la semana las que llegan a la isla, mismas que despegan de la Ciudad de México, Cancún, Monterrey, entre otras ciudades.
Además, Beltrán recordó que México es la principal nación de América Latina que manda turistas a la isla, de ahí la importancia de impulsar el destino en nuestro país.
Por su pare, Sara Martha Díaz, consejera económica y comercial de la embajada, puntualizó que es voluntad de ambas naciones impulsar el relanzamiento del turismo y avanzar en su reactivación.
Para ello, anunció que el próximo 14 y 15 de julio se llevará acabo el Foro Empresarial entre ambas naciones en La Habana, que tiene como propósito potenciar las alianzas comerciales entre touroperadores.

Un juicio con la represión como fiscal y testigo, y no como acusada

Dos artistas y disidentes cubanos enfrentaron el lunes su primer día de juicio luego de ser detenidos hace casi un año, como parte de un proceso judicial en curso calificado como “farsa” y un “circo” por grupos internacionales de derechos humanos, informa la agencia Reuters.

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo (“Osorbo”) son miembros del opositor Movimiento San Isidro, que tiene su sede en La Habana, un grupo que encabezó varias protestas antes de que muchos de sus integrantes salieran de Cuba acusando represión.

Otero Alcántara es acusado de delitos como ultraje a los símbolos patrios, desacato agravado y desorden público, mientras que a Castillo se le imputa agresión y desórdenes públicos, según el expediente judicial del 8 de marzo obtenido por Reuters. Ambos enfrentan penas de siete y diez años de cárcel, respectivamente.

El Tribunal de La Habana estaba rodeado el lunes de policías y fuerzas de seguridad desde las primeras horas de la mañana.

A un pequeño grupo de familiares se le permitió el acceso al juzgado, dijo a Reuters una fuente del Centro Internacional de Prensa de Cuba.

Seis representantes de embajadas en La Habana de varios países europeos, incluida Alemania, se agruparon a una cuadra del Tribunal esperando acceder durante casi dos horas tras hacer una petición formal para ingresar y observar el proceso.

“No estábamos autorizados a entrar al juzgado”, dijo un representante de la embajada alemana antes de marcharse. Los diplomáticos pidieron no ser identificados y no quisieron decir por qué al grupo se le había negado el acceso al Tribunal.

El gobierno cubano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los juicios o por qué el acceso al Tribunal fue restringido. Las calles fuera del juzgado estaban tranquilas.

Varios activistas y amigos de los disidentes denunciaron en redes sociales que estaban bajo vigilancia de la seguridad del Estado y se les había prohibido salir de sus casas.

En las cercanías del Tribunal, Maritza Herrera, de 66 años, dijo que fue a mostrar su apoyo a los amigos Otero Alcántara y Castillo. Ella dijo que a otros se les impidió de llegar.

“Ellos saben que llegar acá es que te monten en una patrulla y te lleven a una estación (de policía). Por eso no están aquí”, dijo.

Medios estatales cubanos, incluido Granma, diario del gobernante Partido Comunista, han calificado al Movimiento San Isidro de Otero Alcántara y Castillo como parte de un intento de “golpe suave” dirigido por Estados Unidos, acusaciones que rechazan.

El gobierno cubano califica a los disidentes como mercenarios pagados al servicio de Washington.

Ambos artistas aparecieron en el video musical “Patria y Vida”, una canción de hip-hop que se convirtió en el “himno” no oficial de las protestas antigubernamentales el pasado 11 de julio, que se cree que han sido las más grandes desde la revolución de 1959 de Fidel Castro.

Los casos de los dos hombres se han convertido en un foco para activistas y grupos de derechos humanos, que alegan que el régimen cubano ha intensificado la represión a raíz de las manifestaciones del 11 de julio pasado.

Human Rights Watch calificó la semana pasada en las redes sociales los juicios de Otero Alcántara y Castillo como una “farsa”, mientras Amnistía Internacional los llamó un “circo”, aunque el régimen sostiene que los detenidos antes y después de las protestas de julio han recibido juicios justos, de conformidad con la ley cubana.

Impiden la entrada al juicio contra opositores a diplomáticos y prensa

Medios independientes informaron este lunes que las áreas cercanas al lugar del juicio a los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo, “El Osorbo” —miembros del Movimiento San Isidro (MSI)— estaban tomadas por agentes y que le fue negado el acceso al tribunal a agencias de prensa internacionales y diplomáticos europeos que llegaron hasta allí, informa la BBC.

“Simplemente queremos entrar para observar el juicio y hasta ahora no hemos recibido permiso”, aseguró un diplomático alemán citado por la agencia Efe.

Varios activistas denunciaron el lunes que sus casas habían sido sitiadas por la policía para impedirles llegar al juicio y algunos también reportaron que les habían cortado la conexión a internet.

Las autoridades de Cuba no se han pronunciado públicamente sobre este juicio, pero con anterioridad han calificado a Otero Alcántara y Castillo de ser “mercenarios al servicio de EE. UU.” y prestarse para “farsas y show mediáticos”.

Castillo fue apresado en mayo de 2021 y Otero dos meses después, cuando salía de su casa para unirse a las protestas que estremecieron el país el 11 de julio.

Desde entonces, han estado en prisión preventiva, pese a que la fase de investigación de la Fiscalía en Cuba suele durar 90 días. Se les ha negado sistemáticamente recursos legales para su liberación.

Amnistía Internacional considera a Otero “preso de conciencia” y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas calificó de “ilegal” la detención de Castillo.

Ambos artistas, jóvenes, negros, provenientes de barrios pobres, se han convertido en dos de las voces más carismáticas y seguidas de la oposición cubana.

Se hicieron conocidos a nivel internacional cuando iniciaron una huelga de hambre en noviembre de 2020 contra la detención de uno de los miembros del MSI.

La policía desalojó por la fuerza el lugar donde realizaban la huelga, lo que llevó a una manifestación de artistas frente al Ministerio de Cultura de La Habana, un país donde eventos de este tipo son inusuales y penalizados.

En abril del año siguiente, protagonizaron otra inaudita protesta cuando un grupo de vecinos impidió que la policía detuviera a Castillo y se reunieron frente a la casa de Otero para gritar consignas contra el presidente de Cuba y cantar “Patria y Vida”.

Castillo fue uno de los artistas que protagonizó la sección filmada en Cuba de esa canción, ganadora de dos Grammy y que se ha convertido en un himno de la oposición en la isla.

En mayo de 2021 el régimen mantuvo a Otero por casi un mes en un hospital, a donde fue llevado después de iniciar otra huelga de hambre.

La pasada semana, Otero se comunicó por primera vez con sus seguidores desde la cárcel a través de un audio en el que aseguró que las autoridades de Cuba le habían propuesto la salida del país como única alternativa para su liberación.

“El régimen me ha dado como única salida de prisión el exilio fuera de Cuba, de lo contrario estaré siete años en prisión”, dijo.

Castillo, cuyos familiares aseguran que está enfermo, informó la pasada semana que las autoridades le habían cambiado su abogada a solo tres días del juicio.

Después de esas manifestaciones, las mayores que han tenido en Cuba en la últimos 60 años, más de 1.000 personas fueron detenidas y centenares han sido condenadas a penas de hasta 30 años, aunque algunos han sido liberados en las últimas semanas.

En el último año, varias voces opositoras de Cuba se han exiliado o han ido a la cárcel. Otero Alcántara asegura que se ha negado a abandonar el país, por lo que activistas temen que las condenas tras el juicio serán severas.

“No tenemos mucha esperanza de que el resultado (del juicio) sea favorable para ellos porque sabemos que en Cuba el sistema judicial está totalmente a merced del poder”, expresó a BBC Mundo Anamely Ramos, miembro del opositor MSI. 

El Kremlin vuelve a negar que Putin tenga cáncer

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha negado que Vladimir Putin esté gravemente enfermo a raíz de numerosos informes que sugieren que el líder ruso tiene cáncer, informa Politico.

“Sabes, el presidente Putin aparece en público todos los días. Puedes verlo en las pantallas, leer sus discursos, escuchar sus discursos”, dijo Lavrov al medio francés TF1. “No creo que las personas cuerdas puedan discernir ningún tipo de síntoma de enfermedad en este hombre”.

Los comentarios de Lavrov no son la primera vez que el gobierno ruso se ve obligado a negar informes sobre la salud de Putin.

La semana pasada, un exespía británico que trabajó en Rusia durante muchos años, Christopher Steele, dijo que Putin estaba “gravemente enfermo” y afirmó que su enfermedad era “un elemento” en la invasión rusa de Ucrania.

A principios de mayo, New Lines Magazine obtuvo lo que dijo que era una grabación de un oligarca cercano al Kremlin que afirmaba que Putin estaba “muy enfermo de cáncer de sangre”. Ese artículo salió a la luz después de que todos los directores regionales del servicio de seguridad FSB de Rusia recibieran un correo electrónico el 13 de marzo indicándoles que no creyeran los rumores sobre la “condición terminal” del presidente.

En marzo, el Kremlin también se apresuró a negar los rumores sobre la mala salud y la tensión mental de Putin, y el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió en que el estado emocional del presidente era “normal”.

No obstante, una investigación realizada por el medio de investigación ruso Proekt en abril descubrió que el líder ruso sufre de dolor de espalda crónico y que un oncólogo especialista había visitado a Putin 35 veces en cuatro años. También encontró que el séquito médico del presidente casi duplicó su tamaño entre 2017 y 2019.

Peskov intervino nuevamente después de ese informe, llamando a tales afirmaciones “ficción y mentira”.

Sin embargo, el comentario logró poco en el esfuerzo por evitar que los rumores continuaran. En mayo, el exagente de la KGB, Boris Karpichkov, le dijo al Sun, sin mostrar prueba alguna, que creía que Putin sufría de “numerosas” dolencias, incluidas la demencia y el Parkinson.

Ello se produjo después de semanas de especulaciones de los tabloides sobre la salud del presidente, con numerosos medios de comunicación que señalaron que Putin se agarraba a una mesa mientras se veía incómodo durante una reunión y parecía cojear durante el desfile del Día de la Victoria de Rusia. También se ha sugerido que la apariencia visiblemente hinchada del presidente podría deberse al uso de esteroides, que pueden usarse contra el cáncer.

El popular canal de Telegram General SVR, que afirma estar dirigido por un ex teniente general del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia, afirmó que el líder ruso se había sometido recientemente a una cirugía durante la cual había entregado las riendas a Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

Sin embargo, los expertos han coincidido en gran medida hasta ahora en que las pruebas sobre los supuestos problemas de salud de Putin resultan insuficiente. Tres expertos militares y de inteligencia de EE. UU. dijeron a Business Insider que tales rumores no eran creíbles.

Fotografía: el canciller ruso Sergey Lavrov.

Diplomáticos en Cuba buscan asistir a juicio contra artistas opositores

Los artistas y opositores cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, presos desde el año pasado, fueron citados para el inicio de un juicio en su contra este lunes y martes, informaron activistas, escribe la periodista Andrea Rodríguez, de la agencia AP.

La Fiscalía pide para Otero Alcántara siete años de prisión y 10 para el rapero Castillo —también conocido como Osorbo—, dijo a The Associated Press la curadora de arte Claudia Genlui.

No se confirmó si la audiencia oral había comenzado, pero en la puerta del tribunal había desde temprano custodia policial y un grupo de media docena de diplomáticos europeos que esperaban poder entrar a la sala, constató AP. En casos como estos suele restringirse el acceso para que ingresen solo los familiares.

La semana pasada la curadora y activista Genlui publicó un mensaje de Otero Alcántara en el cual agradecía el apoyo a su causa y la de todos los “presos políticos”.

“En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión el exilio fuera de Cuba, de lo contrario estaré siete años en prisión”, expresó Otero Alcántara.

Otero Alcántara es un artista que se hizo conocido luego escenificar obras con la bandera cubana —algunas consideradas irrespetuosas en la isla— que causaron polémica a comienzos de esta década y por liderar un movimiento de opositores al gobierno llamado San Isidro —la barriada donde vive—, que en 2020 protagonizó una manifestación que concluyó con un inusual plantón de artistas frente al Ministerio de Cultura.

Osorbo, por su parte, es uno de los compositores de una canción de marcada connotación política llamada “Patria y Vida” que ganó un premio Grammy Latino este año.

No hubo comentarios a un pedido de AP a las autoridades cubanas sobre el proceso judicial, sin embargo, en ocasiones anteriores en las cuales ambos artistas fueron llevados ante los tribunales el gobierno señaló que se los había procesado por acciones penalizadas en la legislación vigente.

Ambas figuras fueron vinculadas a las protestas que se desarrollaron en la isla en julio de 2021 —en medio de la pandemia y en el marco de una fuerte crisis económica, desabastecimiento y apagones—, aunque no tuvieron un liderazgo claro y ellos no participaron de las mismas.

Otero Alcántara fue detenido antes de llegar a las manifestaciones de julio e imputado presunto delito de desorden público con relación a una actividad comunitaria que buscó hacer con niños en abril de 2021. Osorbo se encuentra preso desde el mayo de 2021 acusado de desacato y resistencia a la autoridad.

La causa llamó la atención internacional.

El lunes frente al tribunal se presentaron diplomáticos de Noruega, Suecia, el Reino Unido, la República Checa, Alemania y Holanda. Los representantes indicaron que habían solicitado asistir a la vista oral a la cancillería cubana pero que no fueron autorizados.

La semana pasada las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron al proceso judicial de “farsa”. 

Fotografía: diplomáticos de varios países esperan fuera del edificio del tribunal donde se lleva a cabo un juicio contra  Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo en La Habana, Cuba, el lunes 30 de mayo de 2022. 

Por que Petro puede ganar y por qué puede perder

No es la primera vez que en Colombia surge un candidato presidencial de izquierda, pero en ocasiones anteriores estos nunca lograron avanzar mucho; en buena medida por un supuesto o real apoyo a los movimientos guerrilleros del país, en otra por esa mezcla —por momentos aterradora, otros de encanto— de desigualdad, injusticia social y violencia, que se repite y consume sin freno. 

Esta situación comenzó a modificarse con el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero al tiempo que dicho acuerdo puso fin a una guerra civil de cinco décadas, su puesta en práctica ha supuesto una vía difícil y a veces torcida, que pese a todo no ha significado un retroceso a la situación de guerrilla y violencia imperante años atrás. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, el hecho de que exmiembros de las FARC-EP y del partido Comunes pudieran hacer campaña y votar en las elecciones al Congreso —por segunda vez desde la firma del acuerdo— ha contribuido a que Gustavo Petro acumule razones suficientes para llegar hasta la puerta de entrada de la Casa de Nariño. Que traspasarla está por verse.

A ello se une —y es más importante aún— el deterioro económico que ha experimentado el país en los últimos años; el consecuente desempleo; la ineficacia o falta de voluntad para frenar la corrupción; el deterioro de los servicios de salud pública, agravado por la pandemia; el perenne problema del narcotráfico y la seguridad ciudadana.

Catalogado de marxista y chavista por sus enemigos, en Colombia y Miami, Petro prefiere que se le considere un “progresista de izquierda”, que tiene más puntos en común con Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. 

Una declarada voluntad de diálogo no es lo único que los une. Ambos fueron guerrilleros. Mujica perteneció a los Tupamaros y Petro al M-19.

De la guerrilla al senado y a la alcaldía

Cuando tenía 17 años Petro se unió a la guerrilla urbana del Movimiento 19 de Abril. Los miembros de esta guerrilla (M-19) se definían más como reformistas que como revolucionarios y eran más cercanos a las ideas de Simón Bolívar que a las de Marx. Petro adoptó el nombre de guerra “Aureliano” por el protagonista de la novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad, escribe Sibylla Brodzinsky en Americas Quarterly.

Su paso por la guerrilla ayuda a comprender algunos de los temores que aún inspira (¿o ese historial se toma simplemente como pretexto?). Él asegura que nunca participó en acciones armadas y que su ascenso fue en la dirección política, pero como toda guerrilla, el M-19 no se libra de la sangre. 

Encarcelado, durante los 16 meses que pasó en prisión el M-19 llevó a cabo su ataque más sangriento: el asalto al Palacio de Justicia en 1985, con la toma de más de 300 rehenes —entre ellos los magistrados de la Corte Suprema— y con el resultado de más de 100 muertos o desaparecidos al recuperar el gobierno el edificio.

Por otra parte, el M-19 también fue uno de los primeros grupos guerrilleros en desmovilizarse y cambiar la violencia armada por un rol en la política tradicional, en 1990.

Como miembro del Polo Democrático Alternativo, Petro ganó la elección de senador de la república en 2006, con la tercera votación más alta del país. Durante ese año, destapó el escándalo de la llamada parapolítica, que demostraba vínculos de políticos con grupos paramilitares.

Tras su salida del Polo Democrático Alternativo, fue alcalde de Bogotá (2012-2015), donde llevó a cabo varias medidas destinadas a la población de bajos recursos e intentó reducir la brecha de desigualdad existente en la capital, solo superada en Haití.

Posiciones y controversias 

La controversia no le ha sido ajena a Petro, incluso la ha buscado. No solo en su país sino en su relación con Venezuela y Cuba.

Antes de la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, en 1998, Petro se identificó con los llamados ideales bolivarianos. Pero dice que reconsideró su posición al ver el autoritarismo de Chávez y se dio cuenta de que el socialismo del siglo XXI de Venezuela se parecía mucho al fallido modelo cubano del siglo XX. También criticó la cercana relación de Chávez con las FARC, un grupo que considera radical y ve como responsable de varios abusos contra los derechos humanos, señala Brodzinsky.

Con relación al gobierno cubano, tras las protestas en julio de 2021, publicó un tuit: “En Cuba como en Colombia se impone el dialogo social. Las sociedades vivas son las que se mueven y logran las transformaciones a partir de su diálogo y no de su autodestrucción”.

El texto fue criticado por la comparación entre Cuba y Colombia, sin tomar en cuenta las reales diferencias políticas entre una democracia y una dictadura, más allá de la filiación política. 

Se le pidió que él, que tanto ha estimulado los paros y protestas en su país, debía medir por el mismo rasero lo que ocurría en la isla caribeña.

Por encima de juicios y opiniones, la posibilidad del acomodo y la confianza con el gobierno cubano parece ser más que una sospecha.

En abril de 2020 —en plena pandemia— Petro viajó a Cuba para operarse de un cáncer temprano en la unión del esófago y el estómago, que le habían detectado durante un examen médico en la isla. 

La posible derrota en la victoria

La segunda vuelta electoral en Colombia se celebrará el 19 de junio. En ella  se enfrentarán Petro y el millonario populista Rodolfo Hernández.

Con el 98 % de las mesas escrutadas, Petro —que siempre encabezó todas las encuestas— obtuvo un 40 % en esta primera votación, mientras Hernández dio una sorpresa —que en las últimas semanas se veía venir— y con el 28 % se impuso ante el candidato de la derecha uribista Fico Gutiérrez, que recibió solo el 23,7 %. 

Pese a los números que lo favorecen y al vaticinio comprobado de los sondeos, Petro no la tiene fácil para ganar. Aunque podría favorecerlo una amplia participación en las urnas (en esta primera vuelta fue elevada para los estándares colombianos: el 54 % de los votantes).

Durante toda la campaña Petro hizo énfasis en lograr la victoria desde el inicio, al obtener la mitad más uno del total de votos válidos. No lo logró. 

Ahora sabe que la derecha hará todo lo posible para unir a los votantes de ambos candidatos, y que cuenta con un factor a su favor: es difícil —o imposible— que algún voto del 23,7 % de Gutiérrez se una a las filas de votantes de Petro.

A esto se añade que la clase empresarial invertirá capital, tiempo e influencia en la esperanza de última hora que representa Hernández.

Con el uribismo derrotado tras 20 años de poder, la segunda dificultad de Petro para llegar a la presidencia radica en su rival. 

Más fácil ganarle a Gutiérrez, que durante la campaña representó el continuismo y los poderes establecidos, que a un populista con un discurso antisistema y anticorrupción.

Hernández, millonario, ingeniero, empresario, exalcalde de Bucaramanga —una de las zonas más conservadoras de la nación— se suma a la ola populista que surgió en Europa; marcó huella, irritó y fue derrotada con Berlusconi; llegó a Estados Unidos con Donald Trump (felizmente derrotado también, quizá de momento); y tiene una parada ridícula en Brasil y en un par de países centroamericanos.

Puede argumentarse que también hay una tendencia hacia la izquierda en desarrollo en Latinoamérica. Pero en Colombia —por tantas décadas— dicho discurso ha tenido un avance limitado; y en última instancia Petro no encierra mucho nuevo: de las promesas no hay que esperar resultados y el disparate populista tiene el atractivo del enigma y el enojo.

Fotografía superior: Gustavo Petro deposita su voto en Bogotá́, Colombia, el 29 de mayo de 2022. 

Fotografía inferior: Rodolfo Hernández posa con la boleta electoral antes de votar en Bucaramanga, este domingo 29 de mayo de 2022.

Petro se impone en las urnas colombianas, pero no evitaría el balotaje

 

Luego del cierre de las urnas y con más del 96% del conteo preliminar realizado por las autoridades electorales de Colombia, todo indicaba que Gustavo Petro se enfrentaría a Rodolfo Hernández en un balotaje en junio. Hasta el momento Petro aventajaba con 40,3%, seguido de Hernández con 28% y Federico Gutiérrez con 23,9%, informa la AP.

Tras la jornada electoral que finalizó a las cuatro de la tarde, los colombianos se mantenían atentos a los primeros resultados de una elección presidencial marcada por la polarización y el descontento creciente por la inflación y la desigualdad. La Registraduría daba a conocer los resultados preliminares con actualizaciones constantes el domingo. Sin embargo, los resultados del escrutinio —en el que verifican la votación y les dan validez jurídica— se declararán días después.

Con un discurso contra las élites y en favor de los más vulnerables, el izquierdista Petro lideró las encuestas. Se convertiría en el primer presidente izquierdista de Colombia si consigue el 50% más uno de los votos necesario para ganar en primera ronda. Si nadie consigue más de la mitad de las boletas, se celebrará una segunda vuelta en junio entre los dos más votados.

En los sondeos, detrás de Petro, se hallaban Hernández, un magnate populista de bienes raíces que prometía recompensas económicas por los avisos sobre funcionarios corruptos y Gutiérrez, un conservador que ha intentado distanciarse del impopular presidente Iván Duque.

Con una eventual victoria de Petro, Colombia se sumaría a países de la región que eligieron recientemente a políticos de izquierda, como Pedro Castillo, en Perú; Gabriel Boric, en Chile, y Xiomara Castro, en Honduras. Desde Brasil, el ahora candidato Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su apoyo público a Petro, asegurando que si ambos llegan a la presidencia se unirían para “construir una América del Sur fuerte”.

Según las encuestas, Hernández sería un fuerte contendor de Petro con posibilidades de vencerlo en una eventual segunda vuelta. Hernández se convirtió en la recta final en la sorpresa electoral ante un notable crecimiento en las encuestas. “El millonario que entró a la política para no robar más”, así se describía a sí mismo en avisos publicitarios. Disruptivo y difícil de encajar en una orilla política, su bandera es la lucha contra la corrupción y la austeridad en el Estado, con propuestas polémicas como convertir el palacio presidencial en un museo.

Son las segundas elecciones presidenciales desde que el gobierno firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, pero el divisivo acuerdo no fue un tema clave de la campaña, centrada en cuestiones como la pobreza y la corrupción.

La jornada electoral transcurría pacífica, en la mayor parte del país. En Guaviare, al sur, fueron detonados tres artefactos explosivos en zonas rurales lejos de los puestos de votación, dejando un soldado herido con esquirlas, informó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló como presuntos responsables a los grupos disidentes de las FARC que operan en la zona.

Una eventual victoria de Petro podría introducir una nueva era política en un país que siempre ha estado gobernado por conservadores o moderados y que marginaba a la izquierda debido a la asociación percibida con el conflicto armado del país. Petro formó parte del ya desaparecido movimiento rebelde M-19 y obtuvo una amnistía luego de firmar un acuerdo de paz en 1990.

Ha prometido ajustes significativos en la economía, como una reforma fiscal, además de cambios en la lucha de Colombia contra los cárteles del narcotráfico y otros grupos armados. Su mayor rival durante buena parte de la campaña ha sido Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos tradicionales de Colombia y basó su campaña en una política de apoyo al sector empresarial para impulsar la economía.

Gutiérrez ha prometido combatir el hambre ampliando subsidios y alianzas público-privadas de modo que 10 toneladas de comida que se desperdician cada año se destinen a los más pobres.

Un sondeo de Gallup realizado este mes mostraba que el 75% de los colombianos cree que el país va en mala dirección y apenas el 27% apoya a Duque. Una encuesta efectuada por Gallup el año pasado concluyó que el 60% de los entrevistados tenía problemas para llegar a fin de mes.

Los esfuerzos contra la pobreza en el país retrocedieron al menos en una década debido a la pandemia del coronavirus. Cifras oficiales mostraban que el 39% de los 51,6 millones de habitantes de Colombia vivían con menos de 89 dólares al mes el año pasado, una ligera mejora del 42,5% de 2020.

Entre tanto, la inflación alcanzó su techo de dos décadas el mes pasado. El gobierno de Duque ha dicho que la tasa del 9,2% en abril forma parte de un fenómeno inflacionario global, pero el argumento no ha calmado el descontento por los crecientes precios de la comida.

Además de los desafíos económicos, el próximo presidente de Colombia tendrá que enfrentar una compleja situación de seguridad y corrupción, una de las principales preocupaciones de los votantes.

Cruz Roja concluyó el año pasado que Colombia había alcanzado su mayor nivel de violencia en los últimos cinco años. Aunque el acuerdo de paz con las FARC se ha implementado, los territorios y rutas de narcotráfico que controlaban los guerrilleros están ahora en disputa entre otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla fundada en la década de 1960, disidentes de las FARC y el cártel Clan del Golfo.

El sucesor de Duque tendrá que decidir si reanuda las conversaciones de paz con el ELN, que el presidente suspendió en 2019 tras un ataque con más de 20 muertos.

Los otros candidatos eran Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y candidato de la coalición de centro: el líder cristiano John Milton Rodríguez y el conservador Enrique Gómez.

Rubio y Scott se oponen a la lucha contra el terrorismo interno

Los senadores republicanos bloquearon el jueves la legislación destinada a combatir el terrorismo interno, informa Politico.

A raíz de un reciente tiroteo racista en Buffalo, N.Y., el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, programó una votación sobre la legislación aprobada por la Cámara que establecería oficinas en el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para centrarse en el terrorismo interno. La votación de procedimiento sobre la medida no logró los 60 votos requeridos el jueves, ya que el Partido Republicano considera que la legislación es innecesaria y un intento de los demócratas de politizar el asesinato de 10 personas, en su mayoría de la raza negra.

Pero cuando a los senadores republicanos se les pregunta cómo deberían abordar el extremismo nacional, algunos argumentan —como lo hacen con el aborto—, que disuadir futuros ataques como el de Buffalo, y la masacre de feligreses negros en Carolina del Sur en 2015, así como otros tiroteos racistas, debería dejarse completamente en manos de los estados.

“El problema que tenemos es que hay un grupo de personas que definen a cualquier otra con la que no están de acuerdo como terroristas, como extremistas”, dijo el senador Marco Rubio (republicano por Florida). “Hemos llegado a un punto en Estados Unidos donde el término ‘extremista’ se aplica demasiado liberalmente a las personas, que existe una profunda preocupación sobre cómo se utilizarán estas categorías … Esa es la preocupación que tiene la gente”.

Como se desprende de la explicación del senador Rubio, los republicanos han adoptado un argumento de pendiente resbaladiza en respuesta al proyecto de ley de terrorismo nacional, alegando que podría ser mal utilizado, según la ideología, para perseguir a los opositores políticos del partido en el poder. 

Sin embargo, los demócratas se están concentrando en la  argumentación conspirativa conocida como “teoría del reemplazo”, un grito de guerra racista de extrema derecha citado por el pistolero de Buffalo, y buscaron utilizar el debate del jueves como una oportunidad para abordar la violencia armada después de la masacre escolar de Texas de esta semana, un claro intento de colocar al Partido Republicano en una posición difícil ante su maniobra obstruccionista anticipada.

El problema del terrorismo nacional y la posible legislación para evitarlo tomó mayor peso esta semana después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Si bien no hay evidencia de que el tiroteo en Texas haya sido motivado por el racismo, los demócratas vieron la votación del jueves como parte de una conversación más amplia sobre la violencia armada, y los republicanos la vieron en gran medida como una maniobra política que no impulsará avances bipartidistas.

“Simplemente creo que si miras el proyecto de ley, el presidente no lo está pidiendo. Dice que tiene la autoridad. Lo mismo del Departamento de Justicia”, dijo el líder de la minoría del Senado, John Thune (republicano por S.D.). “Creo que son muchas cosas para las que ya tienen autoridad. Creo que esto es… más un voto de espectáculo”.

Frustrados por la falta de acción federal en respuesta a varios crímenes de odio en los últimos años, los demócratas notaron que todos los republicanos de la Cámara apoyaron un proyecto de ley de terrorismo nacional casi idéntico hace menos de dos años, cuando fue aprobado por voto de voz.

“Este es un partido que se está desmoronando, si su camino a seguir es facilitar que los supremacistas blancos se salgan con la suya con los delitos en este país”, dijo el senador Chris Murphy (demócrata por Conn.) sobre los republicanos. “Esta es una legislación súper anodina, inofensiva y apolítica que solo busca ser más coordinada para acabar con los supremacistas blancos violentos”.

 “Quiero decir, si no podemos encontrar un consenso sobre la lucha contra los supremacistas blancos, ¿sobre qué podemos encontrar un consenso?” añadió.

El senador republicano Rick Scott, quien anteriormente se desempeñó como gobernador de Florida, firmó una ley de control de armas en los días posteriores a la masacre de 2018 en una escuela secundaria de su estado. Pero el miércoles, Scott dijo que el enfoque debería estar en la salud mental y el intercambio de información a nivel federal en lugar del terrorismo interno o nacional.

Opositora cubana tratará de asistir a Cumbre de las Américas

La opositora Saily González aseguró este sábado que intentará participar en la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, a donde fue invitada, a pesar de las advertencias policiales de que le impedirán viajar. de acuerdo a una entrevista realizada por la AFP.

“La Seguridad del Estado, arbitrariamente, me han dicho que no me van a permitir llegar al aeropuerto, porque esto les parece una burla de los americanos al país”, dijo González a la AFP vía telefónica.

Explicó que ella no está “regulada”, apelativo que usan las autoridades para negar el pasaporte a cubanos que, por diferentes razones, no se les permite viajar o necesitan una autorización para hacerlo.

“Yo no estoy regulada, yo obtuve mi nuevo pasaporte precisamente el pasado martes porque estaba vencido”, añadió.

Señaló que no acataría la advertencia e intentaría viajar: “realmente sí, aunque no me lo permitan, pero igual, es una arbitrariedad y entonces se debe desobedecer”.

En las redes sociales explicó que para justificar la prohibición, las autoridades “cuentan con un proceso penal que me abrieron arbitrariamente por convocar a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N (15 de noviembre ) y que insisten en usar a conveniencia”.

En su perfil de Twitter González publicó la invitación de la Secretaría de la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) a participar en el Foro de la Sociedad Civil de la IX Cumbre, que se realizará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

El 18 de mayo el diario oficial Granma informó que “el gobierno de los Estados Unidos negó la visa a 23 cubanos que participarían en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia”.

Sin embargo, dos días después, la embajada de Estados Unidos en La Habana informó en su cuenta Twitter que esas acusaciones “son falsas” y que esas personas debían solicitar las visas en otros consulados estadounidenses fuera de Cuba, pues el de La Habana solo atiende de momento casos de reunificación familiar, es decir visas de migrantes.

Sin embargo, González dijo que recibió su visa en la embajada en Cuba.

Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas al alegarse que violan los preceptos democráticos básicos, lo que concitó rechazo de numerosas naciones latinoamericanas, algunas declinando su asistencia en caso de exclusión o poniendo en duda su participación.

La peor zafra en más de cien años

La cosecha de azúcar de Cuba apenas superó este año poco más de la mitad del objetivo del Gobierno, según el diario Granma, lo que representa otro gran golpe para la economía del país en crisis, informa la agencia Reuters.

La zafra azucarera de 2021-2022 alcanzó el 52% de la meta para la temporada, dijo Granma, aproximadamente 474.000 toneladas, casi la mitad de la cosecha del año pasado de 800.000 toneladas, que ya fue la peor desde 1908.

El reporte, que citó a un portavoz de Azcuba, la compañía azucarera estatal, atribuyó el déficit principalmente a la falta de insumos, incluido oxígeno para la producción de azúcar, fertilizantes, pesticidas, combustible y repuestos para la maquinaria de las fábricas.

“El factor financiero fue otro de los más influyentes en los resultados de la zafra, agudizado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra la isla, lo que impactó directamente en la adquisición de recursos para la reparación y mantenimiento de la maquinaria, el transporte y la industria”, añadió Granma.

El periódico dijo que solo el 37% de los herbicidas y pesticidas necesarios estaban disponibles para usar durante esta temporada.

El portavoz señaló también los problemas relacionados con la “disciplina administrativa, laboral y tecnológica”, que según informó siguen sin resolverse.

El ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo en diciembre que el país planeaba producir 911.000 toneladas este año, de las cuales 500.000 toneladas se destinarían al consumo interno y el resto a la exportación.

Granma informó que a pesar de la fuerte caída en la producción, la compañía estatal había garantizado suficiente azúcar sin refinar para proporcionar a los cubanos su ración mensual subsidiada por el Estado hasta fines de 2022.

Sin embargo, Cuba también había planeado vender a China 400.000 toneladas como parte de un acuerdo permanente con la nación asiática. El informe no dejó en claro cuál era el resultado de ese acuerdo.

Exdiplomático de EE. UU. opina sobre la política de Biden hacia Cuba

“Muchos activistas por la democracia en Cuba dirán que el gobierno cubano es responsable de la continuación de un sistema político y económico osificado en la isla que restringe la autoridad de toma de decisiones a una pequeña élite. Y tendrán razón”, escribe Scott Hamilton el 26 de mayo en su artículo “Belated Half Measures on Cuba”, publicado en Global Americans.

“Las severas penas de prisión que el régimen de Díaz-Canel impuso a los manifestantes del 11 de julio son solo el último ejemplo de un régimen que teme a su propio pueblo. Pero hay mucha culpa para repartir, y el gobierno de Estados Unidos, incluida la administración de Biden, comparte la responsabilidad por la traición al pueblo cubano. Mi tiempo como diplomático estadounidense en Cuba durante el deshielo de Obama de 2015-17 me mostró lo que era posible lograr cuando se le daba a la diplomacia la oportunidad de funcionar. El anuncio de la administración Biden del 16 de mayo de excepciones humanitarias limitadas a la política draconiana de Cuba es bienvenido, pero no va lo suficientemente lejos. Es hora de renovar un compromiso constructivo completo, incluidos los viajes individuales a EE. UU., y dejar de castigar al pueblo cubano por los pecados de una élite sobre la que no tiene control”.

Luego agrega:

“Mi experiencia en Cuba como subjefe de misión en la embajada de Estados Unidos en La Habana de 2015 a 2017, la última parte de la cual fue como encargado de negocios, demuestra que una política estadounidense más constructiva beneficia a ambos países, y especialmente al pueblo cubano. Negociamos 22 acuerdos diplomáticos con el gobierno cubano durante la administración de Obama que cubrían una amplia gama de temas asociados con las relaciones bilaterales normales, incluso sobre asuntos de interés directo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como migración, búsqueda y rescate marítimo, salud pública, petróleo derrames y límites territoriales en el Golfo de México. Estos acuerdos proporcionarán la base para una futura relación bilateral normalizada. Esas sesiones nunca fueron fáciles, y los diplomáticos cubanos siempre estuvieron bien preparados y comprometidos para defender sus posiciones. Sin embargo, se concluyeron de manera aceptable para ambos países, como pueden ser los acuerdos diplomáticos si ambas partes están preparadas para renunciar a la victoria total y, en cambio, buscan un progreso incremental aceptable”.

Hamilton aclara: “Los acuerdos que negociamos no mejoraron en sí mismos la vida del pueblo cubano, por supuesto, pero las políticas estadounidenses relacionadas sí lo hicieron, especialmente la liberalización de las remesas que los ciudadanos estadounidenses podían enviar a los cubanos en la isla y la expansión de opciones de viaje legales de fácil acceso. Los beneficios centrales de este intercambio de persona a persona fueron permitir a los ciudadanos estadounidenses la oportunidad de visitar un vecino que les había sido cerrado durante décadas y permitir que el pueblo cubano gane dinero con la expansión de este viaje. Ambos aspectos funcionaron muy bien. Más de un millón de estadounidenses visitaron Cuba en 2017, por ejemplo, muchos se hospedaron en alojamientos privados y comieron en restaurantes del sector privado. La clase media cubana creció visiblemente. También surgió una sociedad civil cubana independiente y valiosa, que trabajó en temas culturales y políticos como los derechos LGBT y la libertad artística. La “comunidad disidente” formal estaba dividida en su evaluación de los cambios de política de Obama. Algunos aprobaron, sobre la base de que las políticas de línea dura solo habían afianzado el régimen represivo y que valía la pena probar nuevos enfoques. Otros se opusieron a los cambios, argumentando que el gobierno cubano simplemente se embolsaría ingresos adicionales de los viajeros y reforzaría su control sobre el poder”.

Más adelante en su artículo, Hamilton expresa su opinión sobre lo que debería llevar a cabo, con respecto a Cuba, la actual administración estadounidense:

“¿Lo que debe hacerse? Primero, la administración Biden debería reabrir la embajada en La Habana con todas sus fuerzas. Los diplomáticos estadounidenses se ofrecerían como voluntarios para servir en La Habana, a pesar de las preocupaciones sobre los riesgos para la salud. Lo sé porque todo mi equipo envió una carta al Departamento de Estado la víspera de la decisión del secretario Tillerson de terminar nuestras giras y pidió quedarse. Esto permitiría a Estados Unidos procesar todas las solicitudes de refugiados pendientes y las visas de viaje regulares, pasos humanitarios importantes que ayudan a promover la unificación familiar. En segundo lugar, Estados Unidos debería restaurar las reglas de viaje liberalizadas que permitieron a tantos estadounidenses individuales visitar Cuba e impulsar el sector privado cubano. Este apoyo a las familias cubanas es lo mínimo que Estados Unidos debería hacer después de décadas de buscar activamente hacerles la vida imposible. En tercer lugar, la administración Biden debería liberalizar nuevamente todas las transferencias financieras de los ciudadanos estadounidenses, no solo de los cubanoamericanos, a las familias cubanas. Esos tres cambios de política, en el contexto de las reglas existentes que requieren que los estadounidenses usen hoteles y restaurantes privados, serían administrativamente fáciles de hacer y solo requerirían un poco de coraje político. Los argumentos de que tal enfoque sería “recompensar al régimen” no son convincentes y simplemente repiten la perspectiva cansada de una política que ha fracasado durante dos generaciones”.

Hamilton precisa: “En sí mismos, tales cambios no producirán el cambio de régimen de la fantasía de Florida. Pero ayudarán a aligerar la mancha indeleble en la reputación diplomática de Estados Unidos que han producido dos generaciones de políticas moralmente en bancarrota. Más importante aún, tratarán al pueblo cubano con el respeto que merecen. Estados Unidos no es responsable del desorden que los líderes de Cuba han hecho de la isla, pero es responsable de perpetuarlo, y a ellos”.

Scott Hamilton es un ex alto funcionario del servicio exterior de EE. UU. que se jubiló en abril de 2022 después de casi 30 años de servicio. Sus asignaciones más recientes fueron Cónsul General en Río de Janeiro, Jefe de Misión Adjunto y Encargado de Negocios en Cuba, y Director de Asuntos Centroamericanos en Washington, DC. También se desempeñó en la Misión de Estados Unidos ante la OEA, y en Colombia y Ecuador, entre otras asignaciones. Es graduado de la Universidad de Oxford, la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de Defensa Nacional.

EE. UU. no invitará a Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas

Ya es oficial, no están invitados.

Estados Unidos dijo el jueves que bajo ningún concepto invitará al gobierno de Nicolás Maduro ni el de Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, a pesar de las amenazas de boicot encabezadas por México si estos países y Cuba son excluidos, informan las agencias cablegráficas.

“De ninguna manera. No lo reconocemos como un gobierno soberano”, expresó el coordinador de la cumbre Kevin O'Reilly a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del gobierno venezolano.

Maduro, cuya reelección de 2018 fue ampliamente cuestionada por observadores internacionales, es considerado un gobernante ilegítimo por Washington, que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado.

Sobre la eventual invitación al presidente nicaragüense Daniel Ortega, también desconocido por Washington tras su reelección en noviembre con la mayoría de sus rivales presos o en el exilio, O'Reilly también fue definitivo y dijo “no”.

El funcionario fue menos tajante al responder preguntas sobre la posible participación del gobierno de Cuba. “Esa será una decisión que deberá tomar la Casa Blanca”, señaló O'Reilly.

Sin embargo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el miércoles que “en ningún caso” asistirá.

Fotografía: de izquierda a derecha, el canciller cubano Bruno Rodríguez, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. 

Cuba da luz verde a 105 nuevas mipymes y ya suman 3.563

El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) de Cuba dio luz verde este jueves a 105 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con lo que suman 3.563 desde septiembre, informa la agencia Efe.

“De las mipymes, 3.460 son privadas, 51 estatales y 52 cooperativas”, informó el MEP en Twitter (NYSE:TWTR), donde precisó que “el 55 % son reconversiones de negocios preexistentes y el 45 % corresponde a nuevos emprendimientos”.

Las autoridades cubanas estiman que los nuevos actores económicos autorizados generen 58.466 empleos, un impulso en medio del complejo panorama económico nacional.

Las mipymes, prohibidas en Cuba desde 1968, volvieron al escenario económico en septiembre pasado con las primeras 35 aprobadas por el Gobierno.

De esa forma, comparten la economía con la empresa estatal socialista —la principal para el Gobierno—, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia (autónomo).

Pueden ejercer en el sector estatal, privado y mixto, pero sin acceso a esferas estratégicas para el Estado como la salud, las telecomunicaciones, la energía, la defensa y los medios de comunicación.

Tampoco pueden crearse en algunas de las actividades actualmente permitidas para los autónomos como programador de equipos de cómputo, tenedor de libros (contable), traductores e intérpretes.

Cuba conmuta sentencias a 12 presos por manifestaciones del 11 de julio

Al menos 12 presos por las históricas manifestaciones del 11 de julio en Cuba recibieron una conmutación de pena de cárcel por régimen abierto, luego de que apelaron sus sentencias, informaron el jueves organizaciones de defensa de derechos humanos, según la AFP.

“En los últimos días se han producido excarcelaciones, en relación con términos de sanciones de juicios sumarios y con cambios de sanciones durante los juicios de apelación/casación”, dijo en Facebook Justicia 11J, una agrupación de defensa de presos políticos, que aclaró que aún se espera que la información se haga oficial.

Siguen en prisión un total de 730 personas debido a las manifestaciones del 11 y 12 de julio, indicó la organización.

Justicia 11J pudo confirmar la excarcelación 11 reos de entre 18 y 36 años, cuatro de ellos menores de 20 años, excarcelados la semana pasada.

Además Cubalex, una ONG de defensa de derechos humanos con sede en Miami, dio a conocer también la excarcelación de Andy García, un joven modelo detenido en la central ciudad de Villa Clara, cuya familia ha sido blanco de mítines de repudio en su domicilio y de detenciones temporales por las acciones que realizaron para buscar su liberación.

“Andy García preso del #11J ha sido excarcelado. Estará con su familia hasta que sea trasladado a una institución de régimen abierto, donde deberá cumplir el resto de su condena”, dijo Cubalex en un tuit.

El estallido de julio de 2021 al grito de “Tenemos hambre” y “Libertad” dejó un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según el último recuento de Cubalex.

La activista y expresa de la llamada “Primavera Negra”, Martha Beatriz Roque, calificó las excarcelaciones como “ficticias”.

“No implica que no sigan presos porque está tan preso uno en la prisión, como en el correccional, con la diferencia que el correccional es una prisión abierta” y pueden ir a dormir a sus casas, dijo Roque a AFP.

Para esta defensora de derechos humanos el cambio de medidas obedece a que “prosperó la casación que hicieron esos presos”.

Estas medidas se dan poco antes del juicio de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo los días 30 y 31 de mayo en un tribunal de La Habana.

La fiscalía pidió siete años de sentencia para Otero Alcántara, un artista de performance y pintor de 34 años, acusado de incitación a delinquir, desacato agravado y desorden público, delitos cometidos antes del 11 de julio, según las autoridades.

También solicitó 10 años de prisión para “Osorbo”, de 39 años, preso desde el 18 de mayo de 2021 y acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

Este rapero es coautor y cointérprete de “Patria y Vida”, tema que guió las protestas y ganador de un Grammy Latino.

La embajada de Estados Unidos pidió el jueves parar su juicio. “Hagan lo correcto, detengan su juicio y libérenlo ya”, dijo en un tuit.

“En el siglo XXI, ningún cubano debería tener que escuchar la música que disfruta en secreto”, añadió la embajada estadounidense, abogando por la libertad de expresión.

Fotografía: el preso político cubano Andy García Lorenzo.

Cuba debe liberar a artistas encarcelados, dice Amnistía Internacional

El gobierno de Cuba debe liberar de inmediato y sin condiciones a los artistas Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes serían juzgados a partir del 30 de mayo de 2022, señalaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los gobiernos de América Latina y Europa deberían monitorear el juicio y exigir la liberación de los artistas.

Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido por su nombre artístico “Osorbo”, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a siete y diez años de prisión, respectivamente, por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y una performance artística, y por críticas al presidente Miguel Díaz-Canel.

“Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara están siendo procesados ​​por ejercer su derecho humano a criticar a su propio gobierno”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos latinoamericanos no deberían permanecer callados cuando artistas son amenazados con penas de prisión, una muestra de intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras que gobernaron la región en el pasado”.

“Los gobiernos de América Latina y Europa deberían monitorear de cerca el juicio contra estos prisioneros de conciencia cubanos, quienes nunca debieron pasar un día en prisión”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país donde más de 700 personas, incluidos algunos menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional”.

Otero Alcántara, miembro del “Movimiento San Isidro”, fundado para criticar la censura del gobierno, fue detenido el 11 de julio de 2021, luego de que publicara un video en el que decía que se uniría a las protestas pacíficas en toda la isla que ocurrieron ese día. Más de 700 personas arrestadas durante esas manifestaciones siguen detenidas, según el grupo cubano de derechos humanos Cubalex. Castillo Pérez, uno de los autores de “Patria y Vida”, una canción que critica al gobierno cubano y fue adoptada popularmente como un himno de las protestas, fue detenido por agentes de seguridad del Estado el 18 de mayo de 2021.

Castillo, quien ha sufrido múltiples detenciones arbitrarias de corto plazo, fue arrestado en su casa. Su familia no supo su paradero hasta el 31 de mayo, cuando las autoridades cubanas les informaron que estaba recluido en la prisión de Pinar del Río, donde aún permanece detenido. La familia fue notificada solo unos días después de que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada instara al gobierno cubano a revelar el lugar de detención de Castillo.

En enero de 2022, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria concluyó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente y dijo que el gobierno cubano debía liberarlo inmediatamente. Los expertos de Naciones Unidas determinaron que Castillo Pérez había sido detenido por ejercer sus derechos fundamentales y había sufrido violaciones al debido proceso, incluidas limitaciones abusivas a su derecho a defenderse. Los expertos encontraron evidencia creíble de que, antes de su última detención, Castillo Pérez había sido arrestado más de 120 veces por su participación en varias actividades de protesta en Cuba y por criticar al gobierno cubano.

En febrero, un fiscal en La Habana solicitó que Castillo Pérez fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de “desorden público”, “difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, “desacato” y “atentado”. Un documento judicial revisado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional indica que algunos cargos están relacionados con memes que Castillo publicó en Facebook criticando al presidente Díaz-Canel y a otras autoridades cubanas. Otros cargos están relacionados con una protesta pacífica del 4 de abril de 2021 en La Habana, durante la cual un policía intentó arrestar a Castillo Pérez y un grupo de vecinos lo defendió, impidiendo la detención.

Otero Alcántara, a quien Amnistía Internacional ha declarado prisionero de conciencia en varias ocasiones durante múltiples detenciones arbitrarias, se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

El documento judicial indica que el fiscal busca una sentencia conjunta de siete años de prisión para Otero Alcántara quien ha sido acusado de “ultraje a los símbolos de la patria” por el uso de la bandera cubana en la pieza artística Drapeau, en la que usó la bandera o la llevó consigo las 24 horas del día durante un mes.

El fiscal también lo acusó de “desorden público” y “desacato” por reunirse con Castillo Pérez y otras personas durante la protesta del 4 de abril, reproducir en público “Patria y Vida” y decir “palabras ofensivas” contra el expresidente Raúl Castro.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han tenido conocimiento de que las autoridades cubanas han ofrecido en repetidas ocasiones liberar a Castillo Pérez y Otero Alcántara a cambio de que abandonen el país indefinidamente. Se trata de una práctica que el gobierno cubano ha llevado a cabo históricamente y con otros críticos en los últimos meses y que viola el derecho humano de toda persona a entrar a su país de origen. Otero Alcántara ha rechazado públicamente la oferta. Las autoridades cubanas aparentemente se han retractado de su oferta a Castillo Pérez.

Nadie debería verse obligado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los nunca debió haber sido enjuiciado ni encarcelado, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

«Las uvas verdes»: Díaz-Canel dice que «en ningún caso» irá a la Cumbre

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció el miércoles que “en ningún caso” asistirá a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, luego de que varios mandatarios advirtieron que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela eran excluidos.

Desde enero el gobierno del presidente Joe Biden ha venido señalando que el “compromiso” con la democracia sería el factor que decidiría quien sería invitado a esa cumbre que se realizará el mes próximo.

“Se sabe que el Gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones”, escribió Díaz-Canel en Twitter.

Estados Unidos comenzó a enviar las invitaciones desde la semana pasada pero hasta el momento no ha trascendido si cedió ante los reclamos de gobiernos de la región como México, Chile, Bolivia, Argentina y Guatemala para incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Washington dijo en un principio que no pensaba invitar a estos países porque no respetaban la democracia.

La Casa Blanca llegó a barajar la posibilidad de que asistiera una representación de la isla, pero que esta no se tratara ni del ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez ni del presidente Díaz-Canel.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegó a afirmar, días después de visitar Cuba, que si se excluía a Managua, La Habana y Caracas no asistiría a la reunión.

En los días posteriores, los presidentes de Bolivia y Guatemala, Luis Arce y Alejandro Gianmattei, respectivamente, también señalaron que no harían acto de presencia si había excluidos.

“Puedo asegurar que en ningún caso asistiré”, dijo el Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que agradeció “la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones”.

No dude de la fidelidad de los republicanos a la NRA: les va dinero y votos

Este martes ocurrió un tiroteo en la escuela primaria en Texas. Días después, Donald Trump y otros republicanos destacados aparecerán en una reunión de la NRA en el mismo estado, informa Politico.

El evento del fin de semana del Día de los Caídos está siendo anunciado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA) como un escaparate de más de 14 acres de “las últimas armas y equipos”, con una “potencial alineación de oradores políticos”. En su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump confirmó el miércoles que asistirá al evento.

Lo que ocurre nunca ha estado en duda.

A pesar de verse debilitada por dificultades financieras y luchas internas, la membresía de la NRA es un electorado fundamental para los políticos conservadores. El evento en Houston, a menos de 300 millas del lugar del tiroteo masivo en Uvalde, es una medida de sus vínculos de larga data con la Partido Republicano.

Que ocurra en estos momentos es intrascendente para ellos.

Hace poco más de un año, después de que tiroteos consecutivos en Georgia y en Boulder, Colorado, reavivaran temporalmente el debate sobre el control de armas, los defensores de leyes de armas más estrictas sintieron una apertura poco común. La NRA estaba en crisis, los demócratas habían ganado el control de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, y las encuestas públicas, incluido el apoyo generalizado a las verificaciones de antecedentes, estaban de su lado.

Pero si los primeros 16 meses de la presidencia de Joe Biden demostraron algo, fueron las limitaciones de la mínima mayoría de los demócratas. 

La legislación sobre armas se ha estancado y los republicanos que se acercan a las elecciones intermedias tienen todos los incentivos para cortejar a la NRA.

“El tema de las armas es un problema perenne que no va a desaparecer, ya sea que haya un tiroteo masivo o no”, dijo John Thomas, un estratega republicano que trabaja en campañas de la Cámara de Representantes en todo el país. “Y las personas que se sienten fuertemente a la derecha con respecto a la Segunda Enmienda, aunque claramente les duele el corazón, también están profundamente preocupadas por su seguridad, la seguridad de su familia, y la retórica de la izquierda salta inmediatamente a su peor temor, que es apoderarse de armas y control de armas.

“Es un problema”, agregó, “que la base necesita ser tranquilizada y asegurada [sobre] que no les van a quitar las armas”.

Mientras tanto, y después del tiroteo en Uvalde, los activistas del control de armas se están preparando para realizar nuevamente manifestaciones en Washington. En el Capitolio, los demócratas y algunos republicanos vuelven a participar en negociaciones sobre la seguridad de las armas. Y aunque la idea de una acción del Congreso todavía parecía una posibilidad remota, el tema ha estallando en las campañas de mitad de período.

No está claro si el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que estaba programado para asistir a la conferencia de la NRA, todavía lo hará. Un asesor dijo el miércoles que “todos están enfocados en Uvalde hoy”.

Pero Trump se va. Una portavoz de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, confirmó a Politico que todavía tiene la intención de hablar en el evento de la NRA.

Un portavoz del senador Ted Cruz (republicano por Texas) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus planes. Pero Cruz apenas ha retrocedido ante la tragedia, acusando a los demócratas y a los medios de politizarla.

“Inevitablemente, cuando hay un asesino de este tipo, ves a los políticos tratando de politizarlo, ves a los demócratas y a mucha gente en los medios cuya solución inmediata es tratar de restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo Cruz a reporteros “Eso no funciona, eso no previene el crimen”.

La NRA dijo en un comunicado que “al reunirnos en Houston, reflexionaremos sobre estos eventos, oraremos por las víctimas, reconoceremos a nuestros miembros patrióticos y prometeremos redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras”.