Un código penal contra la información en Cuba

El nuevo Código Penal cubano, que debe ser aprobado por el parlamento cubano este sábado, supuestamente busca “proteger” el sistema socialista en estos momentos de fuerte tensión tas las protestas de julio de 2021, pero se limita a la vieja receta de una mayor represión, con la inclusión de “delitos en internet” y el financiamiento externo de actividades que considera contrarias al régimen.

Según tratan de explicar quienes lo elaboraron, en el Código se “protege el sistema político y estatal socialista, del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”.

Apenas fue publicado como proyecto en el sitio de la Fiscalía General en marzo, el texto despertó rechazo entre la disidencia al gobierno comunista, informa la AFP.

“El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”, dijo a la AFP René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores cubanos.

Este proyecto es parte de una serie de leyes, como la de soberanía alimentaria, del código de familias y de datos personales, destinadas a complementar la nueva Constitución aprobada en 2019.

En la reunión extraordinaria que sostendrá el parlamento el sábado, varios de estos proyectos de ley serán presentados ante el pleno, entre ellos el Código Penal para ser votado por los diputados.

Contra la información

El código penal tipifica 37 nuevos delitos relacionados con “las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación”, explican los autores, un equipo multidisciplinario designado especialmente para su elaboración.

Se trata de una manera de dar respuesta a la llegada del internet móvil desde finales de 2018, que ha sacudido la sociedad civil cubana y generado otras áreas de posibles delitos, incluso políticos.

Esta legislación llega también luego de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio pasados en Cuba, las mayores en 60 años, que dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, muchos de los cuales han sido condenados a penas hasta de 30 años.

“No es el Código Penal que Cuba necesita”, dijo a AFP el jurista Harold Bertot, hasta hace poco académico de la Universidad de La Habana, ahora en Madrid.

“Cronológicamente coincide su discusión y eventual puesta en vigor en un momento de tensión política y social en Cuba”, agrega.

El Código “apuesta por el expansionismo penal, el endurecimiento de las penas, y (está) diseñado para tener un notable impacto en el activismo político cubano”, añade.

“Mercenarios”

En el texto, al delito de “desórdenes públicos” se agrega una figura que penaliza las manifestaciones individuales o en grupos, mientras que en actos “contra la seguridad del Estado” se inserta otra figura para castigar el financiamiento externo de actividades no legales.

Medios de prensa digitales de oposición, activistas y grupos disidentes son acusados de “mercenarios” por recibir financiamiento de agencias estadounidenses y oenegés, por lo que pudieran ser procesados ahora con penas de cuatro hasta diez años de prisión.

“En un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente”, reaccionó en febrero el Comité para la protección de los periodistas (CPJ).

Así el actual delito de “propaganda enemiga” pasa a ser “propaganda contra el orden constitucional”, mientras que los delitos contra el orden público incluirán la “difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontento o desinformación”, señalan los autores del Código.

Bertot considera además que la ley prevé “un número no despreciable de delitos de la pena de muerte como sanción, aun cuando se reconozca su carácter ‘excepcional’, va en dirección contraria a tendencias criminales en el propio continente americano que han apostado por su abolición”.