EE. UU. considera que las misiones médicas de Cuba son una forma de trata de personas y deja al gobierno de la isla en la «lista negra»

Los traficantes de personas emplean “la corrupción” para que los gobiernos se hagan de la vista gorda, afirmó el día de ayer 19 de julio, Estados Unidos al presentar su informe anual sobre la trata, en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en la lista negra, informa la AFP.

Hay 25 millones de víctimas de trata en todo el mundo, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken en la presentación, insistiendo en que “la corrupción sigue siendo la principal herramienta de los traficantes”.

“Funcionarios gubernamentales cómplices pueden hacer la vista gorda ante actividades ilícitas, proporcionar documentación falsa a los trabajadores y alertar a los traficantes”, lo cual les permite actuar con impunidad, añadió.

Cuba, Venezuela y Nicaragua ocupan el Nivel 3, es decir aquel donde los gobiernos incumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas, junto con Malasia, Afganistán, Eritrea, Guinea Bisáu, Irán, Birmania, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria, y Turkmenistán.

Según Estados Unidos en algunos de ellos los gobiernos participan en la trata, por ejemplo tomando represalias cuando los ciudadanos se expresan políticamente o mediante trabajos forzados en sectores como la minería, la tala o la agricultura. E incluso enviando a miembros de grupos étnicos minoritarios para ser “desradicalizados” en campos o desplegando trabajadores en otros países sin decirles adónde van, confiscando pasaportes y salarios y vigilando sus movimientos.

Pone el ejemplo de Cuba, que sigue “una política o patrón gubernamental” para sacar provecho de “programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero”.

Washington estima que La Habana utiliza “tácticas coercitivas” y no abordó las denuncias de “oenegés [ONG] creíbles, antiguos participantes [en los programas] y gobiernos”.

El informe sostiene que no se informa a este personal médico de los términos de los contratos, que varían de un país a otro, y se confiscan sus pasaportes y salarios, y “amenazan a profesionales médicos y sus familiares si los participantes” se van del programa.