Que el Tribunal Constitucional de España decida interrumpir el trabajo legislativo del Senado, e impida el tramite para su reforma y la del CGPJ, aprobada ya por amplia mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, es una violación del procesamiento democrático que solo uno ha visto en los regímenes totalitarios.
Que lleve a cabo una votación para renovar un mandato caduco, con la presencia de los dos magistrados cuyo término en el cuerpo legislativo ya concluyó hace dos años, es algo insólito.
Que dicho tribunal rechace apartar de la votación a esos dos magistrados con el mandato caducado, y por lo tanto directamente afectados por dicha reforma legal, es convertir en juez y parte a los implicados en un proceso legal. Algo que vulnera el ejercicio judicial en cualquier proceso de este tipo.
Que los propios magistrados no se inhibían en un asunto que les concierne, demuestra que dichos jueces no solo carecen de imparcialidad, sino también de decoro.
Que una estrategia política y no judicial se imponga sobre un mandato legislativo deja poco que desear al país.
Que una parte de España, el Partido Popular, finalmente se decida por imitar a una parte de Estados Unidos, esa de los conservadores dentro del Partido Republicano de Trump, deja mal parada no solo a España sino a toda Europa.
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