Los fiscales generales de 20 estados de EE. UU. han pedido a una corte federal que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, según información de la agencia EFE.
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.
A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue “arbitraria y caprichosa”.
A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitarios al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de “servicios a los migrantes”.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EE. UU.
Mayorkas ha defendido el programa, asegurando que ha reducido en un 90% los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de “incomprensible”.
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de un incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.
A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como “parole humanitario” para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera.
En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EEUU bajo este programa, según datos de DHS.
Paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha mantenido en vigencia una política de devoluciones, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, establecida por la anterior administración del presidente Donald Trump durante la pandemia, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42 ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
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