El empeño del régimen en una sociedad «sin efectivo»

Cuando a principios de agosto el régimen cubano anunció que estaba dando un gran paso hacia la banca electrónica y una sociedad “sin efectivo”, comenzaron las alertas rojas para las incipientes y pequeñas empresas de la isla caribeña, informa la agencia Reuters.

Lo más alarmante para muchos empresarios en ciernes fue un nuevo tope de 5.000 pesos, unos 20 dólares, como límite diario en los retiros de efectivo para las compañías, una medida que el Gobierno dijo tiene como objetivo llevar a los cubanos a realizar sus transacciones electrónicamente, vía transferencia, pago en línea y tarjetas bancarias.

Los cambios eran necesarios para frenar la escasez de efectivo, dijeron funcionarios del Banco Central, mientras la rápida caída del peso y un aumento de los precios se combinaron para drenar las reservas bancarias y los cajeros automáticos.

“Es creciente la demanda de efectivo contra unos ingresos en efectivo que no respaldan el quehacer de cada una de las sucursales bancarias”, dijo en la televisión Alberto Quiñones, vicepresidente del Banco Central de Cuba.

Aún así, los cambios han sido una píldora difícil de digerir, dijo Yulieta Hernández, fundadora y gerente de “Pilares Construcción”, una empresa privada radicada en La Habana que actualmente emplea a 60 personas.

“Entendemos que realmente hay una crisis en el país y de que hay una necesidad de la bancarización, pero es el dinero de la empresa”, dijo Hernández al señalar que su negocio había recurrido ya a la banca electrónica aunque a menudo necesita acceso a dinero en efectivo para pagar emergencias de trabajo.

Incluso antes de las nuevas restricciones, los empresarios cubanos enfrentaban lo que podrían parecer obstáculos insuperables como los cortes de electricidad e internet, escasez de combustible y ninguna forma de cambiar legalmente grandes cantidades de moneda local en dólares, necesarios para importar mercancías desde el extranjero.

Tres días después de implementarse las reglas, dijo, llegaron malas noticias: muchos de los proveedores comenzaron a informar que no aceptaban transferencias, ahora solo efectivo por temor a perder acceso al papel moneda que necesitaban para operar, lo contrario de lo que la ley pretende.

Eso ha puesto en aprietos a empresas como “Pilares Construction”. La empresa necesita efectivo para operar, pero tiene prohibido extraer una cantidad suficiente de sus cuentas locales.

“Ahora mismo el efecto (...) es un efecto como de parálisis”, dijo Hernández, quien señaló que muchos propietarios de negocios estaban congelando ya inversiones en medio de la creciente incertidumbre.

“Las personas están esperando (...) a la expectativa de ver cómo se va a implementar (la ley)”, agregó.

Empresarios con los que habló Reuters dijeron que las medidas podrían apagar el entusiasmo por la inversión en empresas privadas que venden alimentos, arreglan autos, construyen casas y brindan una gama de bienes y servicios en que las empresas estatales han flaqueado.

Funcionarios cubanos están ahora batallando para marcar el comienzo de los cambios, que —según han dicho— tendrán una extensión de seis meses para implementarlos.

En Santiago de Cuba, a unos 900 kilómetros al este de La Habana, el Gobierno convocó esta semana a expertos para salir a las calles y entrenar a personas en los conceptos básicos de los pagos mediante la telefonía celular.

La empresa privada en Cuba, más allá de la renta de habitaciones para turistas o algunos servicios de pequeña escala, resurgió en 2021, tras décadas de prohibición luego de su eliminación por el fallecido exmandatario Fidel Castro. Desde entonces, el Gobierno ha dado luz verde a la creación de miles de pequeñas empresas.

Para muchos cubanos nacidos después de la revolución de Castro en 1959, ha representado un gran cambio cultural, dijo Leonardo Rodríguez, quien dirige Kaibocu, una empresa con sede en La Habana que se dedica a alimentos procesados y productos agrícolas.

Rodríguez dijo que él y otros empresarios comenzaron a usar banca electrónica mucho antes de que se anunciaran las nuevas medidas para cumplir con las leyes fiscales que han evolucionado con el creciente sector privado.

“(Los cubanos) llevamos muchos años haciendo negocio en la calle, sin saber nunca qué cosa es un sistema tributario”, dijo Rodríguez en una entrevista con Reuters en La Habana.

“No estamos adaptados a un sistema tributario, a declarar ventas, a declarar ingresos. Los cubanos no estamos preparados (...) esos conceptos son muy novedosos”, agregó.

Ronald Venero, un comerciante de 34 años de frutas y verduras, dijo que la mayoría de los agricultores que venden la mercancía no aceptan pagos a través de dispositivos electrónicos.

“Los campesinos negocian sus mercancías en efectivo. Y si le dices que le vas a pagar con tarjeta o por transferencia, te dicen que no”, señaló en una céntrica calle de La Habana.

Miguel Díaz-Canel planea asistir a la Asamblea General de la ONU

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, tiene previsto asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre, según informó el Miami Herald.

Hasta ahora, no se ha confirmado si Díaz-Canel ha obtenido una visa para viajar a Estados Unidos. Un representante del Departamento de Estado de EE. UU. declaró al periódico de Miami que, de acuerdo con la legislación estadounidense, los registros de visas son confidenciales, por lo que no pueden revelarse detalles sobre casos individuales.

En cuanto a las razones de la posible visita de Díaz-Canel, fuentes informadas que solicitaron anonimato, ya que no están autorizadas para hablar públicamente, señalaron que Cuba preside actualmente el G-77 más China. Este grupo, que se originó en el movimiento de países no alineados de la ONU, ahora incluye a 123 naciones en desarrollo. Inmediatamente antes de dirigirse a Nueva York, Díaz-Canel organizará una cumbre de este grupo en La Habana, señala infobae.

Este asunto será un punto focal para Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU. Los medios estatales cubanos aún no han reportado sobre el posible viaje del gobernante, y la embajada de Cuba en Washington no ha respondido a una solicitud de comentario por parte del Herald.

Se espera que el gobernante cubano pueda viajar a Nueva York para asistir a la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el lunes 18 y pronunciar un discurso durante el debate general que inicia el martes 19.

Este posible viaje a Nueva York de Díaz-Canel resalta la tensa relación entre Cuba y el gobierno de Joe Biden, que ha mantenido en gran medida la política actual hacia la isla. A pesar de algunos avances en acuerdos de colaboración en áreas como la migración, la posibilidad de un retorno a la política de acercamiento de la era de Obama parece haber sido descartada por ambas partes.

La situación actual se encuentra en un punto muerto debido a dos cuestiones principales: el gobierno de Biden ha mantenido a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una designación impuesta por el expresidente Trump, y Cuba no ha cumplido con las demandas de Estados Unidos en relación con los presos políticos en la isla.

En julio, el secretario de Estado Antony Blinken instó a la liberación de los presos políticos en Cuba, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, expresó a principios de este mes que Cuba estaría dispuesta a dialogar sobre los prisioneros en ambos países. Fernández de Cossío también manifestó dudas sobre la voluntad de mejorar la relación y expresó la disposición de Cuba para discutir los derechos humanos, pero enfatizó que debe ser una conversación integral.

Esta sería la segunda visita de Díaz-Canel a la Asamblea General.

Lula afianza sus vínculos con el régimen cubano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su “deseo de reaproximar a Brasil con Cuba” y lo ha hecho a través de su asesor Celso Amorím, a quien ha enviado a Cuba con una carta para el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, según  infobae.

Tras la reunión con el cubano, Amorím ha comparecido ante el equipo de prensa del régimen cubano y ha explicado, en primer lugar, que su visita a la isla ha sido “una determinación expresa del presidente Lula” que simboliza “el interés (del mandatario brasileño) en la relación política” entre ambas naciones”.

El jefe de la Asesoría Especial del presidente de Brasil, que ha vuelto a Cuba después de 13 años, ha anunciado que “hay varias misiones” que irán a la isla, entre las que ha destacado una misión de empresarios, un grupo de especialistas del Ministerio de Salud o “unas misiones técnicas, por ejemplo, de Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria)”, que llegarán en menos de un mes.

Amorím ha expresado el deseo del Gobierno brasileño de “hacer de la relación entre Brasil y Cuba una relación ejemplar, una relación de gran amistad, que contribuya también para la paz en la región”. “Porque la paz es el gran objetivo de la diplomacia; el crecimiento económico también, pero la paz es fundamental”, ha sentenciado.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana ha presentado el encuentro como la reafirmación de “la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales y aprovechar potencialidades existentes”. En este sentido, ha agradecido " la solidaridad de Brasil con el pueblo cubano y su rechazo al bloqueo”.

Esta no es la única dictadura de la región con la que Lula está buscando tener mayor acercamiento, desde que asumió en enero de este año su tercer mandato presidencial, el presidente brasileño pidió restablecer comunicación con el régimen de Venezuela.

Nicolás Maduro fue recibido “con honores” en Brasilia, capital de Brasil, en mayo de este año. El dictador arribó en un avión de la aerolínea estatal Conviasa, de bandera venezolana la cual se encuentra sancionada por Estados Unidos.

El viaje de Maduro se concretó luego de varios intentos frustrados. Es que desde que Lula da Silva llegó a Planalto en enero, ha intentado recibir al dictador y rehabilitarlo internacionalmente.

De hecho, la visita del venezolano al gigante sudamericano solo pudo concretarse por el cambio de Gobierno, ya que la gestión anterior, la de Jair Bolsonaro, había prohibido la entrada del dictador al país, alineado con las democracias mundiales que condenan la brutalidad del régimen chavista.

Con la asunción de Lula, la relación de Brasil con Venezuela cambió de manera drástica. Y tras la investidura del petista, Brasil también reabrió su embajada en Caracas.

En la crisis financiera cubana no funcionará el «corralito»

La crisis económica en Cuba no cede. El peso continúa devaluándose —la semana pasada registró un mínimo histórico en el mercado informal—, mientras la población se ve obligada a hacer malabares para hacer frente a la creciente inflación y la escasez de bienes. Ante este panorama, y con el objetivo de controlar el aumento de precios, el régimen de Miguel Díaz-Canel puso en funcionamiento días atrás, a través del Banco Central (BCC), un “corralito” financiero, señala infobae.

Esa medida entró en vigor el jueves 3 de agosto, y según informaron las autoridades cubanas “se implementará gradualmente durante seis meses”. La misma obliga a los ciudadanos y a las empresas públicas y privadas a realizar la mayor parte de sus transacciones por canales electrónicos y no en efectivo, cuando las sumas exceden los 5.000 pesos cubanos (CUP), que representan poco más de $208 a la tasa oficial. En el mercado informal, sin embargo, son unos $28.

Este anuncio se produjo en medio de una aceleración en la cotización del dólar y del euro, que en la actualidad alcanzan un récord de 249 y 255 pesos, respectivamente, en el mercado no oficial. Asimismo, mientras desde el Gobierno afirman que la inflación interanual en mayo llegó a 45,8%, analistas advierten que ese índice ya alcanzó los tres dígitos.

El Banco Central explicó que la medida tiene como objetivo la “bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía y con la población”. También se incluyen los pagos de salarios y otros beneficios de los empleados.

Bajo esta nueva normativa, todos los comercios de la isla que ofrecen bienes y servicios, estatales y privados, deben contar con medios de pago electrónicos. Aquellos lugares que aún no cuenten con las condiciones para su uso, tienen el plazo de seis meses para ajustarse a lo indicado por el BCC.

En el caso de las pequeñas empresas privadas, deben depositar todos los ingresos en efectivo de las ventas en sus cuentas bancarias o contratar a una empresa de transporte de dinero del gobierno para que lo haga. Pero luego no podrán retirar el efectivo para pagar a los proveedores o para cubrir otros gastos operativos.

Como consecuencia de la inflación, el régimen en los últimos tiempos optó por imprimir más moneda nacional. Esto, sin embargo, no trajo resultados ya que el dinero en efectivo no regresa a las arcas del Gobierno. Mientras las tiendas tienen poco para ofrecer, el sector privado es el que más está captando ese efectivo.

Varios analistas advirtieron en los últimos días que los propietarios de esas pequeñas empresas no podrían usar sus pesos cubanos para adquirir dólares en el mercado informal que necesitan para pagar los bienes comprados en el extranjero. Esto puede provocar un fuerte golpe para el sector privado, ya que podría obstaculizar las importaciones en momentos en que el régimen no puede garantizar a la población suficientes alimentos y bienes esenciales.

De esta manera, según las autoridades lo que se busca es reducir el flujo del dinero en efectivo, cuya escasez es motivo de frecuentes quejas entre los ciudadanos. Sin embargo, los críticos sostienen que se trata de un “corralito”, cuyo fin es beneficiar a las altas jerarquías del régimen.

“Están tratando de reducir la disponibilidad de efectivo, la cantidad de negocios y que menos personas intenten comprar dólares para poder capturar un poco más de esos dólares (...) Estamos hablando de una batalla por los dólares”, comentó un empresario cubano a El Nuevo Herald, bajo condición de anonimato para evitar represalias por parte de la dictadura.

Estimó, además, que esta medida llevará a varias personas a cerrar sus negocios por miedo a incumplir la ley. Explicó que, al haber menos productos, los precios suben, y si la gente tiene menos efectivo, la norma afectará principalmente a los más vulnerables.

“Este nuevo cerco (no es el primero) va a impactar directa y rápidamente en el precio de los productos y servicios, además de en el valor de las divisas extranjeras”, manifestó Yosué Montes de Oca Arias, fundador de la empresa tecnológica AlaSoluciones.

Si bien después de 2021 la dictadura cubana flexibilizó la participación del sector privado al permitir que las pequeñas y medianas empresas (pymes) contaran con hasta 100 empleados, estas compañías operan bajo estrictos controles y regulaciones por parte del Gobierno que, además, no les vende dólares.

“Denotan una desconexión total con la realidad que existe en Cuba”, agregó Montes de Oca Arias.

En los últimos años, en medio de la creciente crisis económica, las empresas privadas se convirtieron en los principales importadores de alimentos y otros bienes básicos, ya que los proveedores no quieren vender a un Estado que no es confiable y que está en quiebra. De hecho, el propio Gobierno reconoció recientemente que el 100% de la canasta alimentaria es importada.

En esa línea, el experto Elías Amor señaló en un artículo publicado en el blog Cuba Economía que el corralito aplicado por la dictadura se traduce en “un instrumento de represión” hacia el sector privado. Alertó, por su parte, que la medida podría provocar “consecuencias nefastas”.

“La nueva resolución reconoce que el incremento del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas y financieras ha provocado un retroceso de los niveles de bancarización e inclusión financiera del país, a lo que se adicionan los elevados costos asociados a su emisión, transporte, procesamiento y almacenaje, así como la demanda creciente en el número de cajeros automáticos para la extracción del efectivo”, apuntó.

El economista cubano Oscar Fernández explicó en las redes sociales que esta política de “bancarización” es como “apagar un incendio con gasolina”. “Aumentar los niveles de bancarización es imprescindible para nuestra economía, pero la Resolución 111 que acaba de liberar el Banco Central es suicida. Intentar aplicar en este momento lo que dicta esta norma va a significar un golpe demoledor para todas las personas: los pensionados, los trabajadores, los pequeños propietarios, los estudiantes, los desempleados, los remesados, todos”.

“Ocurrirá una severa reducción de la oferta de importación privada (ya inició la cancelación de contenedores contratados) al verse imposibilitada de cerrar el ciclo, dada la ausencia de un mercado cambiario ‘bancarizado’. Se desbocarán nuevamente los precios de productos que habían comenzado a bajar, se afectarán las producciones nacionales que tenían algún componente importado provisto por el sector privado, se afectarán encadenamientos productivos que beneficiaban al sector estatal. Y así, tras el llamado efecto multiplicador, se agudizará la estanflación en la que nos encontramos con mayores impactos para los de menores ingresos”, agregó el profesor de la Universidad de La Habana, quien indicó que con este tipo de anuncios el régimen demuestra un “método autocrático de toma de decisiones”.

Por su parte, otro de los problemas que tiene el sistema cubano es la precaria infraestructura bancaria y digital del país, que no parece preparada para un cambio de este tipo. Por un lado, largas filas de personas se suelen formar en las puertas de los bancos para retirar dinero. Con la nueva disposición, las entidades bancarias deberán hacer frente a un mayor volumen de depósitos. En tanto, las dos únicas aplicaciones de transferencia de dinero que están permitidas para operar en el país —ambas desarrolladas por el Gobierno— fallan con frecuencia. La conexión de los bancos y comercios también es algo vital para estas operaciones, y también suele presentar problemas.

“Esto es insostenible. Yo le digo a la gente que las medidas no van a funcionar y si el gobierno las aplica a cabalidad, dejarán el país sin alimentos, y la gente volverá a salir a la calle”, dijo otro empresario a El Nuevo Herald.

Cuba vive su peor crisis económica en décadas con escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, y semanas atrás también con dificultades con el abastecimiento de combustible para el transporte.

México supera a Rusia como proveedor de petróleo a Cuba

México ha surgido como uno de los principales proveedores a Cuba, enviando crudo en un buque de Pemex y en barcos administrados por la isla. El país ha suministrado unos dos millones de barriles en los últimos cuatro meses, según un recuento de Reuters.

Cuba ha comenzado a utilizar sus propios tanqueros para aumentar las importaciones de crudo desde México, que en el segundo trimestre superó a Rusia como proveedor clave de petróleo a la isla sedienta de combustibles, según datos de monitoreo de buques, informa El Economista.

Tras colas de días para llenar los tanques de los automóviles y cortes de electricidad, Cuba ha ampliado sus fuentes de importación de petróleo en los últimos meses, en un intento por aliviar la escasez de combustibles, reponer inventarios y reducir la dependencia de su mayor proveedor, Venezuela.

México ha surgido como uno de los principales proveedores a Cuba, enviando crudo en un buque de Pemex y en barcos administrados por la isla. El país ha suministrado unos dos millones de barriles en los últimos cuatro meses, según un recuento de Reuters basado en el monitoreo de tanqueros.

Desde julio, el buque Vilma, de bandera cubana, ha realizado dos viajes desde la terminal mexicana Pajaritos a las refinerías cubanas de Cienfuegos y La Habana. Según los datos de Refinitiv Eikon, el buque transportó anteriormente crudo y combustóleo venezolano a Cuba.

El petrolero Delsa, de bandera cubana, también entregó crudo mexicano desde Pajaritos a Cienfuegos en junio y luego zarpó hacia Venezuela, donde cargó petróleo, mostraron los datos.

Las cancillerías de Cuba y México, así como Pemex no respondieron a solicitudes de comentarios.

El Vilma y el Delsa son de los pocos petroleros cubanos que no han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Otros barcos cubanos han sido reparados o inspeccionados en los últimos años en un astillero en Veracruz, México, entre ellos el Esperanza, incluido en la lista negra de Estados Unidos, que se encuentra actualmente en el puerto mexicano.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense declaró a Reuters en abril que Washington era “consciente de que Cuba compra petróleo a diversos países tanto sancionados como no sancionados”.

El buque Bicentenario de Pemex ha realizado por separado al menos cuatro viajes de México a Cuba este año, según los datos.

En total, México ha suministrado a Cuba unos 13.000 barriles diarios (bpd) de crudo ligero Olmeca desde abril, de acuerdo a los datos. Esta variedad se adapta mejor a las viejas refinerías cubanas que el petróleo pesado venezolano.

En los últimos años, Venezuela ha tenido problemas para producir suficiente combustible para cubrir sus necesidades internas, reduciendo lo que puede exportar. Sus envíos a Cuba este año hasta julio cayeron a 55.000 bpd desde casi 80.000 bpd en 2020.

México y Venezuela fueron proveedores constantes de crudo a Cuba bajo el Pacto de San José en la década de 1990. Mientras que Venezuela expandió sus exportaciones a la isla como parte de un acuerdo comercial bilateral en 2000, México sólo había enviado esporádicamente cargamentos a Cuba por razones humanitarias hasta este año.

Rusia suministró a Cuba unos 12.000 bpd de crudo entre febrero y julio, según los datos de Eikon.

El gobierno cubano comenzó este año a renovar sus depauperadas centrales eléctricas, que usan petróleo. Esas reparaciones y el mayor suministro de combustible de Rusia y México han contribuido a una generación más estable y a menos apagones este año en comparación con el anterior.

Pero los productos refinados que utilizan los vehículos de pasajeros, el transporte público y algunas plantas eléctricas escasean desde marzo, lo que ha traído como consecuencia el racionamiento.

Trump ahora enfrenta 91 cargos por delitos graves

Al comienzo de la semana, Donald Trump enfrentaba 78 cargos por delitos graves en tres procesos penales. Luego, cerca de la medianoche del lunes en el condado de Fulton, Georgia, la fiscal de distrito Fani Willis agregó un cuarto caso con 13 más, informa Politico.

En cierta manera, los nuevos cargos se parecen a los anteriores. Al igual que el fiscal especial Jack Smith, Willis acusó a Trump de orquestar una conspiración para anular las elecciones presidenciales de 2020. Y al igual que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Willis acusó a Trump de falsificar documentos, aunque tipos de documentos muy diferentes y por razones muy diferentes.

Sin embargo, más allá de las similitudes, el caso de Georgia se destaca por su singularidad. En términos del alcance total de las irregularidades que alega, la acusación de 98 páginas abarca mucho más que cualquiera de las acusaciones anteriores contra Trump. Y por primera vez, una panoplia de ayudantes, abogados y aliados de alto rango han sido nombrados coacusados junto con Trump.

“Trump y los otros acusados en esta acusación se negaron a aceptar que Trump perdió y se unieron a sabiendas y deliberadamente a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump”, dice el documento. “Esa conspiración contenía un plan y propósito común para cometer dos o más acciones propias del crimen organizado, [según la legislación] en el condado de Fulton, Georgia, en otras partes del estado de Georgia y en otros estados”.

Si bien la acusación enumera un total de 41 cargos por delitos graves, los 13 cargos que se aplican a Trump se clasifican en las siguientes categorías:

Un cargo de violar la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos del estado, comúnmente conocida como RICO.

Seis cargos de hacer declaraciones y escritos falsos, presentar documentos falsos o conspirar para hacerlo.

Tres cargos de solicitar la “violación del juramento” por parte de un funcionario público.

Dos cargos de conspiración para cometer falsificación en primer grado.

Un cargo de conspiración para hacerse pasar por un funcionario público.

Esos cargos cubren una variedad de supuestas irregularidades, incluidos los esfuerzos de Trump para presionar a los funcionarios de Georgia para que anulen los resultados de las elecciones, su plan para reunir a falsos electores que afirmaban representar al estado en el Colegio Electoral, la presentación de documentos que contenían mentiras sobre el fraude electoral y su intenta reclutar al Departamento de Justicia para ayudar en su campaña de presión.

Algunos de los cargos implican prisión automática según el código penal de Georgia. Por ejemplo, si es declarado culpable de conspirar para solicitar a un funcionario público que viole el juramento del cargo, Trump enfrentaría una sentencia de prisión obligatoria mínima de un año. (Willis alega que Trump cometió ese delito al presionar al presidente de la Cámara de Representantes de Georgia para que convocara una sesión especial para nombrar electores falsos). El delito de falsificación en primer grado también conlleva una sentencia de prisión obligatoria de al menos un año.

La perspectiva de tiempo en prisión obligatorio es la primera entre los casos penales de Trump. En sus otros casos, es poco probable que algunos cargos, como la supuesta falsificación de registros comerciales en su caso de dinero secreto de Nueva York, resulten en prisión para un delincuente por primera vez. Otros cargos más graves, como las supuestas violaciones de la Ley de Espionaje por parte de Trump y su supuesta obstrucción de la justicia en su caso federal que involucra documentos clasificados, generalmente resultan en sentencias de prisión significativas, pero los jueces federales tienen discreción.

El cargo más grave en el caso de Georgia es extorsión bajo la Ley RICO del estado. De hecho, ese es el único cargo en la acusación que se indica en el expediente del tribunal como un “delito muy grave” (los demás cargos se conocen simplemente como “delitos graves”). La ley de Georgia usa la designación “muy grave” para clasificar ciertos delitos que conllevan penas más severas, de la misma manera que otros estados usan designaciones de delitos graves “A” o “B”, según a Anthony Michael Kreis, profesor auxiliar de derecho en la Universidad Estatal de Georgia.

Aunque el tiempo en prisión no es automático para una condena según la Ley RICO del estado (un juez puede decidir imponer solo una multa), si el juez decide imponer una sentencia de prisión, debe ser de al menos cinco años.

John Acevedo, profesor de derecho en la Universidad de Emory, dijo que el cargo de extorsión le pareció importante porque es “muy difícil de probar”. La acusación bajo la ley RICO requiere que Willis demuestre no solo una conspiración sino también una iniciativa en curso, dijo Acevedo.

La acusación dice que Trump y sus coacusados “constituían una organización delictiva cuyos miembros y asociados se involucraron en diversas actividades delictivas relacionadas, incluidas, entre otras, declaraciones y escritos falsos, suplantación de un funcionario público, falsificación, presentación de documentos falsos, influencia de testigos, robo de computadoras, invasión de computadoras, invasión de la privacidad por computadora, conspiración para defraudar al estado, actos que involucran robo y perjurio”.

Agrega que “la labor constituía una organización continua cuyos miembros y asociados funcionaban como una unidad continua con el propósito común de lograr los objetivos de la empresa”.

Acevedo especuló que el interés de Willis por presentar tal cargo probablemente tenga que ver con un esfuerzo por presionar a algunos de los 18 coacusados ​​de Trump para que declaren en su contra, porque las penas más severas que conlleva el cargo suponen una carga significativa.

Trump, la defensa y el chiste

El argumento que se les ha ocurrido a los abogados de Trump —y que ciertos “analistas” del patio han secundado con entusiasmo— es que la mejor defensa para justificar los actos del exmandatario el 6 de enero de 2021 es afirmar que está loco.

Por supuesto, ellos no lo dicen a las claras. Se limitan al argumento de que Trump creía firmemente que había ganado las elecciones, que los sicofantes a su alrededor se lo repetían —no importa lo “letrados” o “iletrados” que fueran— y que él se limitaba a sugerir, a imaginar, a soñar.

Todo indicaba lo contrario, que había perdido, pero él vivía en su paraíso artificial de Diet Coke.

Esa justificación del vivir de sueños surge ahora como un medio de encubrir un nuevo elogio de la locura.

La vía del loco

La vía del loco tiene dos rutas muy conocidas. La primera es la de los criminales que intentan o realmente  están enajenados y utilizan el argumento, o se demuestra el hecho, de que estaban “fuera de sus cabales” a la hora de cometer sus delitos. Más allá del cine y alguna charla de adolescente, fingir estar loco para no cumplir un castigo legal no es una solución fácil ni buena. Quienes lo intentan o sueñan con ella desconocen lo que es un reclusorio para criminales enfermos mentales y la angustia de la indefinición de un proceso legal  —que se extiende por años— hasta saber si el acusado está mentalmente capacitado para enfrentarlo.

La otra ruta despertó sospechas durante el mandato de Trump, en particular en lo que resultó su política exterior. De acuerdo a la “Teoría del loco" (Madman theory) , la idea básicamente consiste en mostrarse frente a los enemigos como alguien demasiado impredecible o dispuesto a ir al combate, para disuadirlos de actuar contra los intereses propios.

El primer presidente estadounidense al que se le atribuyó el uso de la “Teoría del loco” fue Richard Nixon (1969-1974), supuestamente para intimidar a la Unión Soviética y a Corea del Norte.

H. R. Haldeman, quien fue jefe de gabinete de Nixon, escribió que este le habló de esa teoría cuando le dijo que quería que los norvietnamitas pensaran que “podría hacer cualquier cosa” para parar la guerra de Vietnam y que recordaran que tenía en sus manos “el botón nuclear”.

Cuando fue gobernante Trump se encargó de recalcar que controlaba el mismo botón, en sus amenazas de “fuego y furia”, que luego desde su propio gobierno  describieron como espontáneas.

La libertad de expresión

Llegamos entonces a una justificación repetida para las acciones de Trump: son espontáneas, él cree en ellas, las considera adecuadas.

No importa lo aberradas que sean, siempre surge alquilen que, por posición o dinero, intenta justificarlas. Claro que en un proceso legal los abogados millonarios no van a arriesgarse con el tema de la locura, y buscan uno más “constitucional”: la libertad de expresión.

El argumento legalmente es débil, pero basta para satisfacer a la base trumpista. Trump creía realmente que había ganado las elecciones y que los otros habían hecho fraude. Por supuesto, cualquiera puede creer que la tierra es plana, tiene ese derecho. Ahora bien, nadie podría en sus manos un avión con trescientos pasajeros, una nave espacial o un simple barquito. Pero, virtudes democráticas, ese mismo personaje puede aspirar a presidente en Estados Unidos.

Así que el problema principal va más allá de un juicio o cinco juicios. Y en lo que se refiere a cada estadounidense se limita a una cuestión bien simple: Donald Trump no está capacitado para gobernar este país.

Para algunos puede parecer difícil de asimilar y para otros un ultraje, pero la respuesta simple la conocemos repetidamente desde hace unos años: la mayoría de los estadounidenses no quieren a Trump de presidente. Él nunca ha ganado una elección popular, su único triunfo en las urnas fue de chiripa y en lo adelante ha acumulado fracasos electorales. Si fuera actor de cine, desde hacer rato hubieran dejado de contratarlo.

Hay por supuesto otra cara de la moneda que sale a relucir a diario, y es la identificación de un sector de la población con Trump y la apropiación de su figura como una forma de repudio a las elites nacionales. Pero aquí se unen la política  y la psicología. Se entiende una preferencia a Trump por un grupo o clase, pero ello es igual que a la intelectualidad estadounidense —se pueden agregar comillas a discreción— por años favoreció las películas de Woody Allen o los franceses en su momento las cintas de Jerry Lewis. Es un asunto de estereotipos, identificación y rechazo.

Más allá de un recurso leguleyo, hablar de libertad de expresión y Primera Enmienda en el caso de Trump no pasa de chiste de Woody Allen o Jerry Lewis. Y por supuesto, nunca llega a los hermanos Marx.

También se puede hacer un clic en: “Entre locos”.

La crisis monetaria en Cuba

El Banco Central de Cuba emitió esta semana una serie de regulaciones que prohíben a las empresas estatales y privadas el uso de cajeros automáticos y limitan las transacciones en efectivo entre ellos, buscando controlar la inflación galopante y los negocios fuera de los libros contables en medio de una grave crisis económica, informa la agencia de noticias Reuters.

La normativa, que entró en vigor el jueves y que también limita las transacciones en efectivo a 5.000 pesos (moneda nacional), “se implementará gradualmente durante seis meses”, dijeron medios oficiales.

El Gobierno cubano fijó el dólar a 24 pesos y para empresas selectas, turistas y residentes a 120 pesos (tasa oficial), aunque tiene poco para cambiar. El dólar cotiza actualmente a 230 pesos en el mercado informal.

Las autoridades comunistas buscan frenar la inflación que el gobierno cifra en 45% en lo que va del año y controlar la devaluación del peso tomando una serie de medidas para impulsar la “bancarización” en el país y fomentar el uso de “pagos electrónicos”, dijo un comunicado difundido en medios oficiales.

Los precios aumentaron un 39% el año pasado y más del 70% en 2021, según el Gobierno, cifras que, según muchos economistas, subestiman la tasa, ya que no representan adecuadamente un mercado informal en expansión.

El ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil, dijo a fines del mes pasado que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.8% en la primera mitad del año, pero se mantuvo 8% por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, lo que provocó escasez de alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes básicos.

La crisis ha llevado a una falta de confianza en el sistema bancario estatal, lo que ha resultado en una falta de efectivo en algunos cajeros automáticos, ya que las empresas y los actores informales los utilizan, dejando horas a los residentes haciendo largas filas.

El reglamento establece que el objetivo de la medida es que “la relación de cobros y pagos entre los actores de la economía, sean privados o no, no sea sobre la base del efectivo, sino (...) del comercio electrónico”.

Pavel Vidal, un execonomista del Banco Central y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que esa “es una medida que en realidad no beneficia a los bancos y que no es antinflacionaria”.

El documental sobre Fito Páez y los cineastas cubanos

La revuelta de los cineastas cubanos por la censura del documental sobre el músico Fito Páez, La Habana de Fito, no cesa ni con la caída de un alto funcionario ni con las promesas de solución a sus problemas: los artistas piden libertad de creación, escribe Leticia Pineda en infobae.

“El cine cubano será libre o no será”, dijo ante la ovación de sus colegas Luis Alberto García, uno de los más reconocidos actores de Cuba, al recibir un premio honorífico en el Festival Internacional de Cine de Gibara, que se celebró esta semana en el este de la isla.

García dedicó este reconocimiento a la Asamblea de Cineastas Cubanos, integrada por unos 400 trabajadores del celuloide que levantaron el polvo para reclamar por la cancelación del documental de Juan Pin Vilar, que repasa la estrecha relación del músico argentino con Cuba desde la década de 1980.

“Es la gota que rebasó el vaso de una cantidad de problemas y de censuras históricas dentro de la cultura de la revolución cubana”, dice Pin Vilar (60 años). La movilización muestra que las instituciones culturales “no responden a los intereses de los creadores, sino de esa burocracia” dirigida por funcionarios “elegidos por su servilismo al gobierno”, añade el director.

Censura en Cuba

Ante las quejas públicas de Pin Vilar, el documental se emitió en junio en la televisión cubana, pero incompleto y sin su autorización, ni del productor ni del propio cantante. “¿Es legal la mentira de quien injustamente nos acusa de censurar el documental La Habana de Fito?”, declaró entonces Alpidio Alonso, ministro de Cultura.

Según Pin Vilar y Páez la molestia gubernamental proviene de que en el filme, el músico cuestiona la versión oficial sobre la muerte del guerrillero revolucionario Camilo Cienfuegos, cuyo avión desapareció en 1959, y el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes por el secuestro de una lancha para emigrar a Estados Unidos.

La difusión en televisión fue la chispa para que cerca de 600 artistas firmaran un pronunciamiento denunciando “errores” y “procedimientos semejantes” que “se han hecho sistemáticos” en el cine cubano. Entre los firmantes están pesos pesados como el trovador Silvio Rodríguez, el cineasta Fernando Pérez y Jorge Perugorría, protagonista de la icónica cinta Fresa y Chocolate (1993).

La publicación del documental viola acuerdos del Fondo de fomento al cine, que financió este trabajo, alega la asamblea de cineastas. “Mostrarlo en la televisión, se presta para la piratería” y “arruina la vida que pueda tener en festivales internacionales”, dice Miguel Coyula (46 años), un cineasta que relata haber tenido que grabar películas a salto de mata para evitar el acoso policial.

Su cinta Corazón Azul (2021), presentada en festivales internacionales pero ignorada en salas cubanas, se proyectó semanalmente en su casa durante dos años. “Calculamos que es como si hubieran llenado el Chaplin dos veces”, dice refiriéndose a la meca del cine cubano.

Los cineastas cubanos quieren filmar

En esta sala se realizó el 26 de junio una inusual reunión entre la asamblea de cineastas y altas autoridades, incluido el representante del departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC). El encuentro se tornó tenso justamente porque Coyula grabó algunas partes, pese al enfado del presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, Ramón Samada.

“Somos cineastas independientes y estamos dispuestos a que nos arresten porque ese es nuestro trabajo: ¡es filmar!”, se le escucha gritar en un video colgado en Youtube. Samada fue sustituido de su cargo después y las autoridades anunciaron la creación de un grupo temporal para ofrecer soluciones a sus inquietudes.

La asamblea, que se enteró por la televisión de este nuevo grupo, reaccionó diciendo no haber recibido respuesta a los “temas puntuales sistemáticos de censura y exclusión” y solicitó una nueva reunión con las autoridades.

A la polémica se sumó el propio Fito Páez en una entrevista con el medio cubano independiente El Toque. “Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos. Ellos no representan al pueblo cubano”, dijo en alusión a las autoridades del gobierno. 

Los Biden y los perros

Michael Schaffer escribe en Politico sobre la publicación de los incidentes en los cuales el pastor alemán de los Biden atacó y mordió varios agentes del Servicio Secreto, algo que se ha vuelto una historia recurrente tras episodios similares con otra mascota de la familia del mandatario en 2021.

“Los Biden han dedicado décadas a establecer una reputación como personas normales de clase media, no como élites desconectadas. No son plutócratas como los Trump o intelectuales como los Obama o aristócratas como los Bush, todos los cuales podrían haber sido chamuscados más seriamente por un ciclo de noticias que involucra a su perro mal educado atacando a empleados que luego tienen que preocuparse por la forma correcta de presentar los documentos sobre lesiones. 

No es que las cosas no hayan recibido la atención de los medios. Como todo lo que sucede en la Casa Blanca, tuvo cobertura. Sin embargo, en su mayor parte, el tono ha estado más en la línea de “¡perro malo!” que “¡mala persona!” Ha habido llamadas a entrenadores de perros famosos y más de un juego de palabras sobre el envío de Commander a la perrera.

Tal vez así es como debería ser. Cualquiera que haya tenido un perro que se porta mal puede relacionarse con las emociones encontradas en este tipo de momento: por un lado, amas a tu perro. Por el otro, te avergüenzas del daño que causó. Quizás la incapacidad de controlar a una mascota querida es otra parte del truco de hombre común de Biden. O tal vez uno de los beneficios de una carrera dedicada a perfeccionar una personalidad normal es que la gente no salta a la interpretación más condenatoria de lo que sucedió.

Sin embargo, lo que es ilustrativo es que incluso los medios conservadores, que hicieron el trabajo de descubrir los informes de mordeduras y parecen decididos a promover una interpretación condenatoria de lo que sucedió, también han evitado la historia más obvia: que que todo lo sucedido representa un comportamiento terriblemente insensible de la primera familia estadounidense”. 

La guerra de DeSantis contra la realidad y la educación

La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en esencia ha prohibido un curso de psicología de Inserción Avanzada en la escuela secundaria en el estado porque incluye lecciones sobre orientación sexual e identidad que violan la ley estatal, dijo el jueves la Junta Universitaria.

La decisión no solo profundiza una disputa furiosa entre el candidato presidencial republicano en apuros y la organización sin fines de lucro de educación masiva, sino que también amenaza la carga de cursos de miles de estudiantes de Florida justo antes de un nuevo año escolar, informa Politico.

“Nos entristece saber que hoy el Departamento de Educación de Florida ha prohibido efectivamente Psicología AP en el estado al instruir a los superintendentes de Florida que enseñar contenido fundamental sobre orientación sexual e identidad de género es ilegal según la ley estatal”, dijo la Junta Universitaria en un comunicado. “El estado ha dicho que los distritos son libres de enseñar Psicología AP solo si excluye cualquier mención de estos temas esenciales”.

A principios de este verano, el College Board, que administra los exámenes AP, rechazó las llamadas para cambiar sus lecciones de Psicología AP sobre género y orientación sexual en un desafío directo a DeSantis después de que su administración amplió las restricciones y regulaciones sobre la instrucción en el aula en abril. Esa decisión se produjo después de que Florida y la organización sin fines de lucro se enfrentaran previamente por un curso AP de historia afroamericana que los funcionarios estatales reprocharon por estar “lleno de Teoría Crítica de la Raza y otras violaciones obvias de la ley de Florida”, señalando las políticas “anti woke” bajo DeSantis.

Pero la administración de DeSantis negó las últimas afirmaciones de College Board y, en cambio, culpó a la organización sin fines de lucro por intentar cortar el acceso al curso.

El Departamento de Educación de Florida, en una respuesta punzante, acusó a la Junta Universitaria de “jugar” con los estudiantes al cortar el acceso al curso cuando faltaban pocos días para el año escolar. Los funcionarios de educación del estado acusaron a la organización sin fines de lucro por no asegurarse de que su clase de psicología de crédito universitario cumpliera con la ley estatal como lo hicieron otros proveedores de AP, como el programa de Bachillerato Internacional.

“Solo una semana antes de que comiencen las clases, el College Board está intentando obligar a los distritos escolares a evitar que los estudiantes tomen el curso de psicología AP”, dijo la portavoz del FLDOE, Cassie Palelis, en un comunicado. “El Departamento no ‘prohibió’ el curso. El curso permanece incluido en el Directorio de códigos de cursos de Florida para el año escolar 2023-24”.

El sistema educativo de Florida también se convirtió en el centro de atención nacional por los estándares de enseñanza de la historia negra que tienen como objetivo instruir a los estudiantes que los esclavos aprendieron habilidades que “podrían aplicarse para su beneficio personal”. Esa controversia provocó fuertes reproches de la vicepresidenta Kamala Harris y los conservadores negros.

“Ahora, el Departamento de Educación de Florida ha comprometido aún más la calidad de la educación en el estado al actuar como si las personas LGBTQ+ no existieran”, dijo la presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, en un comunicado. “Las personas LGBTQ+ existen, y cualquier decisión de eliminarnos del plan de estudios no va a cambiar eso”.

Más de 28.000 estudiantes de Florida tomaron Psicología AP en el año académico 2022-23, según el College Board, que dijo que el curso les pide a los estudiantes que “describan cómo el sexo y el género influyen en la socialización y otros aspectos del desarrollo”.

En última instancia, lo que busca el gobernador DeSantis, con su ataque a la orientación sexual y la identidad de género, es volver a políticas tan apreciadas por el tipo de régimen nazi, castrista y comunista.

Los votos y la economía de Estados Unidos

En 2020, Biden ganó solo alrededor de 500 condados, pero juntos son responsables del 71 por ciento de la economía estadounidense. Trump ganó más de 2.500 condados, responsable de solo el 29 por ciento.

David Brooks

“What if We’re the Bad Guys Here?”

The New Yok Times

Aug. 2, 2023

 

Una jueza dura contra los delitos cometidos el 6 de enero de 2021

Cuando la jueza Tanya Chutkan presida el nuevo caso penal contra Donald Trump, no será la primera vez que se enrede con el expresidente y sus abogados, informa Politico.

De hecho, la jueza de la corte de distrito de EE. UU. ya asestó al expresidente uno de los golpes legales más significativos de su vida, desencadenando quizás la mayor avalancha de pruebas sobre su intento de subvertir las elecciones de 2020, un plan por el cual ahora está acusado de graves delitos.

La jurista designado por el presidente Barack Obama dictaminó en el otoño de 2021 que el comité selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero podía acceder a una gran cantidad de archivos de la Casa Blanca de la época de Trump, un fallo que posteriormente fue confirmado por un tribunal de apelaciones y no modificado por la Corte Suprema.

Estas pruebas (registros de llamadas, memorandos, documentos de estrategia interna y más de los escritorios de los asesores más confiables de Trump) se convirtió en la columna vertebral de la evidencia en manos del comité y dio forma a gran parte de la comprensión del público de sus esfuerzos por mantenerse en el poder durante un segundo mandato presidencial que no ganó.

Gran parte de esa evidencia resurgió el martes en la acusación de cuatro cargos del fiscal especial Jack Smith contra Trump, que hacía referencia a registros de llamadas y registros de la Casa Blanca que ya eran familiares para los estadounidenses que rastrearon los procedimientos del comité del 6 de enero. 

Chutkan fue seleccionado al azar el martes para presidir el último caso penal de Trump, el tercero en los últimos cuatro meses.

“Los presidentes no son reyes y el querellante no es presidente”, escribió Chutkan en su fallo de hace dos años, una reprimenda que seguramente resonará mientras se prepara para presidir el caso penal más reciente contra el actual candidato republicano a la nominación presidencial. en 2024.

Chutkan, de 61 años, nació en Kingston, Jamaica, y llegó a Estados Unidos para estudiar una carrera universitaria cuando era adolescente. Asistió a la Universidad George Washington y luego a la facultad de derecho en la Universidad de Pensilvania. Pasó más de una década como defensora pública en Washington, D.C. Más tarde trabajó para el bufete de abogados Boies Schiller & Flexner antes de ser confirmada como juez federal de primera instancia en Washington en 2014.

Chutkan pronunció algunas de las sentencias más duras contra los acusados del 6 de enero y dejó en claro su disgusto y horror por el ataque, lamentando la perspectiva de una renovada violencia política en 2024 y señalando que no se había llevado a juicio a ningún implicado en orquestar el esfuerzo para subvertir las elecciones. 

Trump acusado de intentar anular las elecciones de 2020

Los fiscales federales acusaron a Donald Trump de conspirar para obtener un segundo mandato después de perder las elecciones de 2020, alegando una campaña de engaños y abusos durante meses que terminó con él sentado sin hacer nada mientras una turba violenta de sus partidarios atacaba el Capitolio.

En una acusación de 45 páginas revelada el martes, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de cuatro delitos graves, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. También se acusó a Trump de intentar explotar el violento ataque al Congreso del 6 de enero de 2021 para continuar su esfuerzo por aferrarse al poder, informa Politico.

“El ataque a la capital de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense”, declaró Smith durante una breve comparecencia ante los periodistas poco después de que se presentara la acusación. “Fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado, dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de EE. UU.: el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales”.

La acusación identificó a seis personas como cómplices en el esfuerzo de Trump por anular las elecciones, pero ninguna de esas personas fue acusada el martes. Aunque no se nombró a los presuntos coconspiradores, las descripciones corresponden a una camarilla de abogados de Trump que adoptaron estrategias cada vez más marginales a medida que el intento de Trump de permanecer en el poder flaqueaba. Incluyen a Rudy Giuliani, John Eastman y Kenneth Chesebro.

El caso de Trump se asignó inicialmente a la Corte de Distrito de EE. UU. Tanya Chutkan, una jueza designada por Obama que ha sido una de las críticas más duras de los acusados del 6 de enero y su conducta.

La acusación describe un esfuerzo impresionante y multifacético de Trump para revertir su derrota en las urnas, uno que se volvió cada vez más desesperado, y se convirtió en criminal, a medida que disminuían sus opciones legales. Representa a Trump en la cúspide de un plan de gran alcance que incluía la amplificación de afirmaciones “a sabiendas falsas” sobre el fraude electoral, apoyándose en los legisladores estatales para afirmar falsamente que el resultado de las elecciones estaba en duda y reuniendo listas falsas de electores presidenciales para forzar un conflicto.

Trump ahora enfrenta cargos penales en tres casos separados mientras intenta ser reelegido presidente en 2024. El mes pasado, el equipo de Smith lo acusó de acumular documentos clasificados y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos, cargos que los fiscales ampliaron la semana pasada. En marzo, el fiscal de distrito de Manhattan lo acusó de falsificar registros comerciales en relación con un pago de dinero secreto para encubrir una supuesta aventura con una estrella porno.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, también está investigando los esfuerzos de Trump para anular el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado, que Biden ganó por poco. Se espera que anuncie los cargos este mes.

Acusaciones a Trump no le reportan tanto dinero como al principio

Los problemas legales de Donald Trump han creado ganancias inesperadas para su recaudación de fondos políticos en el pasado. Y su equipo no ha tenido reparos en utilizar varias investigaciones, acusaciones y comparecencias ante los tribunales para potenciar su base de donantes.

Pero los nuevos datos presentados ante la Comisión Federal de Elecciones por WinRed, el principal procesador de donaciones del Partido Republicano utilizado por Trump y la mayoría de los demás candidatos republicanos, muestran que la tendencia puede estar disminuyendo, informa Politico.

La recaudación de fondos del expresidente no aumentó tanto después de su segunda acusación en junio en comparación con la primera en la primavera.

En total, Trump recaudó casi $4millones a través de WinRed de casi 80.000 donantes distintos el 4 de abril, el día en que se declaró inocente en un tribunal de Manhattan por cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a la estrella porno Stormy Daniels. Fue su mejor día de recaudación de fondos en línea del año.

Por el contrario, cuando Trump compareció en la corte de Miami el 13 de junio para declararse inocente de su segunda acusación por cargos relacionados con documentos clasificados encontrados en su Mar-a-Lago, recaudó solo $1,3 millones de poco más de 35.0000 donantes, según WinRed. datos.

El comité conjunto de recaudación de fondos de Trump está superando a sus rivales entre los pequeños donantes. Pero los nuevos datos son una señal de advertencia de que un mayor riesgo legal para Trump puede no ser el salvador de recaudación de fondos que alguna vez fue, ya que sus comités gastan dinero en efectivo.

En general, aproximadamente una cuarta parte de la recaudación total de fondos WinRed de Trump este año calendario ($11,3 millones) se produjo entre el 30 de marzo y el 5 de abril, según un análisis de Politico de la presentación de la FEC del grupo.

Los datos de WinRed representan apenas $46 millones, o alrededor del 85 por ciento de los fondos totales recaudados por el comité conjunto de recaudación de fondos de Trump. Los donantes más pequeños son más propensos a donar en línea, mientras que los grandes donantes que asistieron a eventos de recaudación de fondos tienden a enviar cheques directamente al grupo.

La campaña de Trump promocionó previamente la recaudación de $2.1 millones en uno de esos eventos en Bedminster, N.J., solo unas horas después de su acusación.