miércoles, 20 de diciembre de 2023

El exdiplomático de Estados Unidos que espiaba para Cuba buscó comprar derechos de propiedades confiscadas por el régimen


Manuel Rocha, el embajador estadounidense arrestado en Miami, enfrenta acusaciones de ser un agente encubierto para Cuba. Se le conoce por haber abogado en contra del levantamiento del embargo a la isla y su perfil de republicano anticomunista. Sin embargo, según se ha revelado en una investigación del diario The Miami Herald, Rocha lideraba una operación para adquirir derechos sobre propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen de la isla y buscar posibles inversiones que debilitaran el embargo comercial, una situación que plantea dudas sobre sus motivaciones reales y los intereses del gobierno cubano en estos tratos, de acuerdo a un artículo de infobae.
Rocha, de 73 años, fue acusado de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero, fraude de pasaporte y otros delitos, tras descubrirse su colaboración durante más de cuatro décadas con el régimen comunista de Cuba. Comparecerá ante un juez federal en Miami en enero, enfrentando un acta de acusación de 15 cargos que registra una de las “infiltraciones más profundas y de mayor duración en el gobierno de Estados Unidos por un agente extranjero”, según las palabras del fiscal general Merrick Garland.
El artículo del Miami Herald aporta nuevas revelaciones sobre sus acciones, y afirma que junto a su socio Timothy Ashby, exsubsecretario adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental, Rocha intentó adquirir propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro. El objetivo era transferir estas reclamaciones a la empresa Siboney LTD, en la Isla de Man, y negociar con el gobierno cubano para posibles oportunidades de capital e inversión.
Ashby se muestra sorprendido por los cargos y describió anteriormente a Rocha como un individuo “enérgico” y orientado al negocio, destacando su fuerte anticomunismo y afinidad por el Partido Republicano. La trama surge en un contexto donde Estados Unidos mantiene 5.913 reclamaciones certificadas contra Cuba, con un valor estimado de $8,7 mil millones.
Los reclamos sobre propiedades en Cuba son un punto clave en la política del embargo estadounidense, y la resolución de estos es necesaria antes de que dicho embargo pueda ser levantado.
En 2007, Carolyn Chester, hija de un experiodista vinculado al derrocado dictador Fulgencio Batista, rechazó una oferta de Rocha y Ashby por considerarla desproporcionadamente baja, profundizando la desconfianza en las intenciones de la operación. Jason Poblete, experto en reclamaciones, sugirió al Miami Herald que Cuba podría haber buscado maneras alternativas de eliminar amenazas legales asociadas a las reclamaciones para atraer inversión extranjera.
Los esfuerzos de Rocha y Ashby se terminaron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros señalase que transferir reclamaciones certificadas necesitaría autorización, lo cual nunca obtuvieron a pesar de invertir en cabildeo.
Pese a las dudas sobre su legalidad, Ashby argumentó que el plan cumplía estrictamente con las normas y que lo concebía como una oportunidad de negocios que podría haber propiciado un acuerdo con el gobierno cubano.
Ashby, en su rol previo en el Departamento de Comercio y su influencia en la Fundación Heritage, relató que funcionarios cubanos se le habían acercado con la intención de resolver las reclamaciones en el pasado. Figuras adicionales como el empresario colombiano Rodrigo Arboleda y el exembajador de Canadá en La Habana, Mark Entwistle, aparecen relacionados con las actividades empresariales que buscaban gestionar los derechos de propiedad en disputa.
Siempre preocupado por el dinero
Manuel Rocha, nacido en Colombia y criado en Harlem, Nueva York, tras emigrar a Estados Unidos durante su niñez, forjó una carrera diplomática con formación en Yale, Harvard y Georgetown, que lo llevó a ocupar cargos destacados en el Departamento de Estado de EE.UU., trabajando en distintas naciones latinoamericanas hasta su retiro como embajador en Bolivia en 2002.
Posteriormente, incursionó en el sector privado, desempeñándose en puestos remunerados en la gestión de fondos de inversión, asesoría jurídica y la administración de una mina de oro en la República Dominicana. A pesar de vivir “vidas diferentes” y su perfil de conservador en el Departamento, colegas y conocidos expresaron su sorpresa ante las imputaciones, destacando el retorno financiero a una nación que le brindó todas las ventajas.
Jorge Castañeda, exministro de Asuntos Exteriores de México —que conoció al espía del régimen cubano desde que fue destinado a Ciudad de México en 1991—, dijo que “Manuel estaba preocupado por el dinero. Daba la impresión de que siempre estaba pensando en ello”.
La investigación reveló que Rocha, a quien se consideraba un individuo preocupado por el dinero y obsesionado con ascender a la aristocracia estadounidense, habría comenzado su relación con la inteligencia cubana durante una estancia en Chile en 1973. “En cierto sentido, Rocha y los demás fueron reclutados durante la Guerra Fría, y son reliquias de esa época”, señaló Ricardo Zúñiga, exdiplomático estadounidense, en The Wall Street Journal.
De acuerdo a ese medio, el dictador Fidel Castro se interesó mucho por los funcionarios estadounidenses de origen hispano. Principalmente en aquellos que podrían haber simpatizado con La Habana porque no estaban de acuerdo con las políticas de Estados Unidos en América Latina. En Rocha se cumplió su creencia.
Documentos presentados en la causa penal revelan que Rocha elogió la revolución cubana y alardeó sobre su labor para las agencias de inteligencia de Cuba en conversaciones grabadas con un agente encubierto del FBI. Funcionarios de inteligencia como William Evanina y exagentes cubanos sugieren que su motivación ideológica probablemente facilitó su reclutamiento y cooperación con la inteligencia cubana, compartiendo información sensible que probablemente fue pasada a Rusia.
La carrera diplomática de Rocha terminó tras un incidente conocido como “El Rochazo”, cuando durante las elecciones presidenciales de Bolivia en 2002, su intervención provocó un efecto contrario al deseado, contribuyendo al fortalecimiento de la candidatura de Evo Morales. Sus acciones, vistas en ese momento como un error, ahora podrían replantearse como un acto criminal si se confirma su colaboración con Cuba en aquel período.

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