lunes, 9 de septiembre de 2019

Cuba y la UE: del daño que produce el humo


Cuba y la Unión Europea (UE) reforzaron sus vínculos políticos y de cooperación este lunes en La Habana, y volvieron a rechazar la ley estadounidense Helms-Burton, que permite demandar a empresas extranjeras que administren bienes nacionalizados en la isla por la Revolución de 1959, informa la AFP.
"Hemos acordado fortalecer el seguimiento de nuestros diálogos políticos y al mismo tiempo hemos lanzado nuevos diálogos sectoriales", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al término del segundo Consejo Político entre ambas partes.
Rechazar la injerencia por parte de Europa de la Ley Helms-Burton es una cosa, pero llevarlo a cabo sin el mínimo cuestionamiento de la situación de represión que viven los cubanos en la isla es otra.
La UE, consciente o sin preocuparse por ello, recorre entonces la delgada línea donde la complicidad y la independencia apenas se diferencian.
Mogherini, quien también se reunió este lunes con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, inició el domingo en la isla una gira regional que incluirá a México y Colombia, con la situación en Venezuela en su agenda.
Estados Unidos apuesta por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y ha enfilado sus baterías contra Cuba y Nicaragua, países aliados del chavismo.
Mogherini destacó el diálogo mantenido con Cuba “sobre la situación y la cooperación en la región y de Venezuela en particular”, sin ofrecer detalles.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que “se ha ratificado una vez más que el diálogo abierto, respetuoso, siempre bajo los principios de igualdad, reciprocidad y no injerencia, permite abordar cualquier tema y aceptar, o al menos entender, mejor” las posiciones respectivas.
El problema con las palabras del canciller cubano es que “entender mejor” significa poco a los oídos del régimen de La Habana. Ellos “entienden”, pero no  les importa. Y todo continúa igual.
El Consejo revisó la marcha del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que Cuba y la UE firmaron en diciembre de 2016, un mes antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y ratificaron en 2017, cuando comenzaron relaciones plenas.
Desde 2008 la UE “ha comprometido 200 millones de euros para apoyar el desarrollo de Cuba” en agricultura sostenible, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, “así como para acompañar la modernización del país”, destacó Mogherini.
Precisó que en los dos años del acuerdo la colaboración se triplicó, al pasar de 50 millones de euros a 140 millones.
“Cuba es un socio clave para nosotros, porque puede servir como puente entre América Latina y los países del Caribe”, apuntó.
Rodríguez reconoció que “hubo avances” en varias esferas y en el intercambio de expertos para la modernización de la economía cubana.
De nuevo las palabras del canciller cubano no van más allá de puro humo, en momento en que el régimen de La Habana —una vez más— ha aplicado la retranca a cualquier avancen una política económica que permita el desarrollo más allá del monopolio estatal. El congelamiento en la creación de nuevas cooperativas no agropecuarias es un buen ejemplo de ello.
El bloque europeo es el principal inversionista en Cuba y su mayor socio comercial, con un intercambio que superó los 3.470 millones de dólares en 2018.
“Cuba otorga gran relevancia al papel de la Unión Europea como actor global y esperamos que puede ejercer toda su capacidad e influencia (...) para preservar los intereses económicos y soberanía (...), ante la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses”, dijo Rodríguez.
“La Unión Europea rechaza firmemente la reactivación plena de la ley Helms-Burton (...), considera ilegal la aplicación extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales y recurrirá a todas las medidas apropiadas para proteger sus intereses legítimos, a sus ciudadanos y a sus empresas”, subrayó Mogherini.
La coincidencia de objetivos crea un frente común frente a la actual política de Washington, pero deja a un lado la situación de la isla. Oponerse a las medidas del presidente estadounidense Donald Trump es una cosa; pero hacerlo de forma incondicional, sin tomar en cuenta la situación imperante en Cuba es otra bien distinta.

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